La pena de muerte fue abolida el 16 de Septiembre de 1996.

Doce reclusos fallecieron en 2015. La principal causa de estas muertes es la deficiente asistencia médica tras enfrentamientos, enfermedades, tortura y otros tratos inhumanos; los exámenes y los diagnósticos, así como los tratamientos operatorios y post-operatorios se realizan a menudo demasiado tarde. Con frecuencia, se recurre al uso indebido de medicamentos psicotrópicos y sedantes.
M.D, D.T, and I.C., por ejemplo, murieron a causa de un tratamiento médico inadecuado.
Los programas de prevención del suicidio son inefectivos y no existen programas de rehabilitación.

Muchos reclusos, tanto en comisarías como en establecimientos penitenciarios, son víctimas de tratos inhumanos y degradantes, como golpizas, presiones psicológicas o amenazas. En el 2015, el Centro de Derechos Humanos observó un incremento en el número denuncias contra el personal penitenciario.

Desafortunadamente, no existen mecanismos de investigación independientes para tratar estos casos y prevenir los incidentes; el Colegio de Abogados de Georgia, junto con algunas ONG, han puesto de relieve este problema, pese a ello, el parlamento aún no ha tomado medidas concretas para crear este mecanismo. Las investigaciones son ineficaces o, en ocasiones, inexistentes. Por ejemplo, los casos de George Comaia y de G.M, golpeados por la policía en 2014 y en 2015 respectivamente, siguen sin ser investigados.

Los exámenes exhaustivos y repetitivos que se realizan a las mujeres no se ajustan a las reglas de Bangkok y se consideran como un trato degradante.