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Relaciones con el exterior

Para mantener los lazos familiares, los reclusos tienen derecho a recibir visitas largas y cortas. El Defensor del Pueblo ha recomendado que las familias puedan reunirse sin una división de cristal. Aun así, estas todavía existen en varias prisiones.Las visitas largas, entre ellas, las visitas conyugales, pueden durar hasta 23 horas, y se reciben en una habitación especial. Sin embargo, no todas las instalaciones cuentan con estas habitaciones.

El artículo 1241 del código penal prevé que se garanticen las visitas conyugales a las reclusas mujeres, lo que requiere que el Ministerio de Prisiones y Asistencia Legal proporcione una infraestructura adecuada. Pese a esta disposición, el ministerio no permite a las mujeres recibir visitas conyugales, la razón extraoficial es el riesgo de embarazos y el aumento de la tasa de natalidad en prisión. Las visitas de los familiares no duran más de tres horas y no se protege la privacidad.

Las cabinas utilizadas para las visitas son tan estrechas que las reclusas tienen que reunirse con sus familiares en el pasillo, bajo la supervisión del personal de la prisión.

De conformidad con la Ordenanaza N97 del Ministro de Prisiones, los reclusos pueden realizar hasta tres llamadas telefónicas al mes, a sus expensas. Sin embargo, debido a varios problemas con el sistema de comunicaciones, este derecho no se respeta. Gogi Gakharia, director de la administración penitenciaria, confirmó este problema y anunció, en mayo de 2015, que se firmaría un nuevo contrato para garantizar a los internos buenas conexiones telefónicas. Este problema no se ha resuelto hasta ahora, y el Centro de Derechos Humanos lo está siguiendo de cerca.

Las cabinas telefónicas del establecimiento femenino N5 se encuentran en el patio, al aire libre, y no siempre funcionan correctamente. Por tanto, las reclusas tienen que hacer llamadas en condiciones difíciles, y no pueden disfrutar plenamente del derecho de telefonear a sus familiares.
La administración de la prisión censura el correo, a excepción de las comunicaciones enviadas por los abogados.

El Centro de Derechos Humanos (CDH) ha dedicado muchos años a los casos de indulto y ha puesto de relieve una serie de problemas. Los indultos de los reclusos han de ser recomendados por la Comisión de Indultos y pronunciados por el presidente. Existen algunos casos en los que el presidente decide denegar el indulto a pesar de la recomendación, y otros en los que decide otorgarlo aunque los miembros de la comisión hayan decidido unánimemente lo contrario. A diferencia de la comisión, el presidente no está obligado a seguir criterios específicos y no tiene que consultar con la comisión antes de decretar un indulto.

Un clérigo ortodoxo es miembro de la Comisión de Indultos, pero los demás grupos religiosos no están representados. El principio de igualdad no se respeta.

El Defensor del Pueblo está autorizado a solicitar un indulto, por escrito, al presidente y/o al primer ministro de Georgia. Entre 2013 y 2015, solo ha ejercido este derecho en dos ocasiones. 

Bajo ciertas circunstancias (artículo 40 del Código de procedimiento penal), los reclusos tienen derecho a solicitar la liberación anticipada. El CDH ha trabajado con varios internos a los que los consejos locales han rechazado esta solicitud, entre ellos, M.T y G.J, quienes cumplieron sus penas en los establecimientos N12 y N15.

Los consejos argumentaron que los reclusos habían cometido delitos graves o especialmente graves. Sin embargo, denegar el derecho a la libertad anticipada por este motivo constituye una violación a dicho artículo, que requiere que se tengan en cuenta otros factores, como por ejemplo, el tiempo cumplido y la buena conducta del recluso.

Con el apoyo del CDH, M.T. logró que el tribunal de Tiflis revocara la decisión del consejo local en un recurso de apelación. Actualmente, G.T tiene un recurso pendiente.

A su ingreso, los reclusos reciben una copia del reglamento interno de la prisión.

Las solicitudes para la asistencia legal que proporciona el CDH provenían de todos los centros penitenciarios de Georgia, la mayoría, del establecimiento N3 de Batumi, así como de los N8, N15, N17 y N6. Las quejas aludían principalmente a los malos tratos por parte del personal penitenciario, al abuso psicológico, a las condiciones de vida difíciles y al inoportuno acceso a la atención médica.

El CDH proporciona asistencia legal gratuita en materia de derechos humanos a las mujeres y a los menores de edad, ya que estas instalaciones no brindan asesoramiento legal. Por lo general, los trabajadores sociales, que no poseen conocimientos jurídicos, son los encargados de ayudar a los reclusos a preparar documentos, quejas o declaraciones.

En 2005, Georgia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en julio de 2009, designó como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) a la Oficina del Defensor del Pueblo.

En 2013, la Oficina del Defensor del Pueblo creó una unidad del MNP, con la colaboración del Grupo Especial Preventivo, compuesto por expertos independientes de la sociedad civil, asesorados por un consejo consultivo especial. El Defensor del Pueblo publica un informe anual sobre sus actividades como MNP. El CDH considera al MNP como un organismo independiente.

El 1 de mayo de 2015, se aprobaron algunas enmiendas del Código de procedimiento penal. A partir del 1 de Septiembre de 2016, durante las visitas de control, el Defensor del Pueblo y los miembros del Grupo Preventivo Especial podrán tomar fotografías de los reclusos (bajo su autorización), de las celdas, patios, unidades médicas, servicios de restauración, baños y salas de visita.

La unidad del MNP aún no tiene el derecho de acceder a información clasificada o a grabaciones de circuito cerrado de televisión, relacionadas con el tratamiento de los reclusos, ni tampoco a las decisiones que justifican los traslados de un establecimiento a otro. Estos traslados son una práctica cada vez más extendida, que dificulta la el mantenimiento de los lazos familiares y el contacto con los abogados.

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