Hasta hace poco, el hacinamiento era uno de los principales problemas que enfrentaba el sistema penitenciario de Georgia. La política de “Tolerancia cero” contra el crimen, que se adoptó en el 2004, ocasionó un constante incremento del número de reclusos.

En enero de 2012, con una población carcelaria de 23 469, Georgia tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas en todo el mundo (521.8 por cada 100 000 habitantes).
Ese mismo año, se inició un proceso de reforma a raíz del escándalo que desataron los abusos cometidos contra varios internos (en septiembre) y de la elección de un nuevo gobierno (en octubre). Como primer paso, el 12 de enero 2013, se firmó una ley de amnistía que permitió la liberación de unos 3 000 reclusos y la rebaja de más de 10 000 penas.[^1]

En 2013, el número de internos se redujo a 7 638, antes de ascender de nuevo a 10 525 en 2015. Este aumento de los últimos dos años se debe a la falta de programas de rehabilitación y socialización tras la excarcelación : los antiguos reclusos afrontan situaciones de desempleo y malas condiciones de vida, lo que genera altas tasas de reincidencia.   
   

[^1]:Prison Reform International

El Centro penitenciario N5 de Rustavi es la única prisión para mujeres en Georgia. El Centro de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención llevaron a cabo dos visitas de control conjuntas en esta instalación en febrero y mayo de 2015. Las mujeres también son recluidas en los establecimientos penitenciarios de Kutaisi N2 y Batumi N3.

La regla N°19 de las reglas de Bangkok estipula que se debe resguardar la dignidad y garantizar el respeto de las reclusas durante los registros personales. Sin embargo, las internas manifiestan ser objeto de inspecciones humillantes, en las que tienen que quitarse la ropa o descubrir ciertas partes de su cuerpo. Estas inspecciones se llevan a cabo al momento de su ingreso a la prisión, así como antes y después de las salidas temporales (Ordenanza 97 del Ministro).

Las internas del N5 reciben atención prenatal y sus hijos pueden permanecer con ellas hasta los tres años. Estas instalaciones cuentan con un módulo residencial para las madres y los niños, que dispone de 12 habitaciones y una sala de juegos común. En mayo de 2015, este módulo albergaba a seis reclusas, entre ellas, una en embarazo. Las internas solicitaron a la administración que el economato dispusiera de más productos comestibles para los niños, así como de más frutas y verduras, y pidieron que se aumentara el número de paquetes autorizados para los niños.

Las mujeres no pueden recibir visitas conyugales a pesar de que el código de procedimiento penal estipula que se debe garantizar este derecho (Visitas Familiares).

Durante una visita de control del Centro de Derechos Humanos en 2015, se constató que, contrariamente a las Reglas de Mandela, dos internas menores del establecimiento N5 estaban recluidas con las adultas.

El 12 de junio de 2015, el parlamento de Georgia aprobó el Código de Justicia Juvenil, cuyo objetivo es liberalizar el sistema judicial y fortalecer los principios de justicia restaurativa relativos a los menores. Este código fue bien recibido por las ONG.

En Georgia, hay un centro de rehabilitación de menores en Tiflis (N11), y un departamento juvenil en los establecimientos de Gldani (N8) y de Kutaisi (N2). Los menores pueden ser encarcelados a partir de los 14 años. Los menores preventivos y aquéllos a la espera de un veredicto oficial son recluidos en la cárcel de Gldani N8. El 14 de julio de 2015, había 11 internos en estas instalaciones. Los menores están separados de los adultos salvo durante sus salidas al tribunal, ya que sólo se dispone de un coche y de un acompañante.

El Centro de Derechos Humanos (CDH) insta al Ministerio de Prisiones a que asigne más psicólogos y trabajadores sociales a la prisión N8, y a que implemente programas artísticos y educativos. Durante el 2015, el CDH realizó cuatro visitas de control al establecimiento N11 junto con el MNP de la oficina del Defensor del Pueblo.

De conformidad con la ley, los reclusos del establecimiento N11 tienen derecho a visitas y llamadas telefónicas cortas. Para poder recibir vistas más largas o realizar vídeo llamadas, los internos deben pagar unos cargos, una práctica criticada por el CDH. Este establecimiento cuenta con dos salas acondicionadas para las visitas largas. Sin embargo, los reclusos menores se reúnen rara vez con sus familiares debido a las malas condiciones sociales y a los costos de transporte.

Los reclusos menores juegan rugby y fútbol en el patio dos veces por semana. Asimismo, tres veces a la semana, reciben clases de carpintería, en las que aprenden a hacer cruces y modelos de iglesias. La administración planea abrir una clase, durante las vacaciones escolares, para enseñar a los menores el trabajo de esmaltado. Con regularidad, se invita a diferentes músicos a que enseñen a los reclusos a tocar los instrumentos musicales disponibles. Los menores también pueden aprender a manejar programas informáticos y tienen derecho a jugar videojuegos.

Hay una iglesia ortodoxa en el patio del establecimiento N11, pero aún no se ha asignado ningún sacerdote.

A pesar de las actividades sociales y culturales que se ofrecen en las instalaciones de N11, hay muchos casos de comportamiento antisocial. A algunos internos menores les cuesta hablar sobre los problemas y las condiciones de reclusión, por lo que se necesita realizar un trabajo más intensivo con los psicólogos y especialistas con el fin de mejorar el bienestar mental de los jóvenes.

Los menores condenados por delitos sexuales están socialmente aislados de otros internos que no desean tener contacto con ellos.

Los reclusos tienen derecho a ser informados de los cargos que pesan en su contra en un idioma que puedan comprender. Sin embargo, según el Centro de Derechos Humanos, la mayoría de las reclusas extranjeras del establecimiento N5, desconocen la información relativa a sus audiencias en los juzgados, debido a la falta de intérpretes cualificados. Por otra parte, los trabajadores sociales de este establecimiento carecen de conocimientos en inglés y ruso, por lo que no están en medida de proveer asistencia adecuada a las reclusas extranjeras.

Las internas del N5 que hablan ruso se quejan de la falta de canales rusos en la televisión. De acuerdo con el Ministro de Prisiones, pasar a la televisión digital incrementaría el número de canales.

En la biblioteca del establecimiento para menores N11, pocos libros están disponibles en idioma extranjero y ninguno en azerbaiyano, por tanto, esta población no tiene acceso a la literatura en su propio idioma y tampoco beneficia de un programa educativo individualizado.

Los extranjeros son principalmente condenados por delitos de drogas, robo y allanamiento de morada. Las principales nacionalidades son turcos, armenios, azerbaiyanos e iraníes.

En el establecimiento N5, las reclusas no suelen ser víctimas de discriminación sexual, étnica o religiosa. Sin embargo, varias internas se han quejado de sufrir presiones por parte de aquéllas que siguen las costumbres religiosas ortodoxas. A raíz de estas quejas, la administración transfirió a otras celdas a las reclusas que no practican la religión.

La orientación sexual es un tabú en la sociedad georgiana. Es necesario sensibilizar a los organismos sobre el tema, para que este se pueda abordar durante las visitas de control de las instalaciones, ya que las personas LGBTI deberían poder tener la confianza suficiente para expresar sus dificultades.

Los antiguos presos políticos condenados por espionaje, así como los reclusos que cumplen supuestas sentencias arbitrarias mantienen un estatus confidencial. El proyecto de crear una comisión encargada de identificar los errores u omisiones judiciales ha sido aplazado indefinidamente.

Yuri Vazagashvili, defensor de derechos humanos, murió tras la explosión de una bomba instalada en la tumba de su hijo el 20 de enero de 2015 en el pueblo de Karafila. Un oficial de policía fue reconocido culpable de asesinato y condenado a 20 años de prisión.

Besik Khardziani, un hombre de negocios, fue asesinado cerca de su casa en Tiflis el 28 de marzo de 2015. En 2011, Khardziani había sido condenado a ocho años de prisión por fabricación ilegal y posesión de narcóticos. Pasó dos años en prisión, durante los que negó los cargos que se le imputaban. El presidente lo indultó en 2014. Tras su liberación, Khardziani acusó a los exfuncionarios del Gobierno de haber ordenado su detención. Él afirmó que su encarcelamiento fue arbitrario y declaró que las condiciones de reclusión eran inhumanas. Antes de su muerte, Khardziani había entablado una acción judicial para recuperar el control de los activos perdidos como resultado de su condena.

Las personas de edad no son recluidas en instalaciones separadas.
Los reclusos mayores pueden ser liberados a partir de los 70 años, si han cumplido más de la mitad de su condena.

El Centro de Derechos Humanos prestó asistencia jurídica a dos mujeres de edad avanzada, recluidas en el establecimiento N5 (TJ y VB), que reunían los criterios legales para su excarcelación (secciones 11 y 12 del artículo 4 de la orden N/181/ N01-72/N). Si bien la administración del establecimiento consideraba que las dos mujeres debían ser puestas en libertad a causa de su deteriorado estado de salud, la comisión mixta se negó a liberarlas sin especificar las razones de su decisión.

La mayoría de los reclusos con minusvalías se encuentran en los establecimientos penitenciarios N18, N19, N15, N8 y N17. La infraestructura de estos establecimientos no se adapta a las necesidades de las personas con discapacidad, ya que ni siquiera hay acceso para las sillas de ruedas, e incluso ir a los tribunales y despachos de abogados resulta complicado.

En las instituciones carcelarias N19 y N8, algunos internos deben llevar a sus compañeros en silla de ruedas a los despachos de los abogados. El personal de la prisión no está capacitado para prestar una atención especial a los reclusos con minusvalías, a pesar de que algunos de ellos no pueden vestirse, bañarse, comer o ir al baño de manera independiente. Además, la información no está disponible en Braille para los internos ciegos.

Las recomendaciones del Defensor Público (NMP) en estos temas aún no se han aplicado plenamente.