De conformidad con el nuevo Código de procedimiento penal, que entró en vigor en mayo de 2014, se debe aplicar a los internos uno de los cuatro regímenes de reclusión, establecidos de acuerdo a los riesgos de seguridad: bajo, semi-abierto, cerrado y especial. En función de esta clasificación, los reclusos tienen diferentes derechos, entre ellos, el acceso a la educación, las visitas conyugales, las llamadas telefónicas, etc.
Hay 15 establecimientos penitenciarios en el país, 12 se encuentran en el este de Georgia, y 3 se encuentran en el oeste.
Los establecimientos N6 y N16 reabrieron en 2016 tras su renovación. Desde hace años, el Defensor del Pueblo pide a los órganos pertinentes que cierren el establecimiento N7 debido a sus pésimas condiciones y a su inadecuada infraestructura. Esto aún no ha sucedido.
El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por la relación hostil entre el personal penitenciario y los reclusos. Los malos tratos, la falta de respuesta a las quejas, la falta de conocimiento de los derechos de los presos, y la insuficiencia de servicios, crean un ambiente tenso. Además, la educación y cualificación del personal de prisiones son insuficientes.
Las huelgas de hambre y las autolesiones son frecuentes y la seguridad no cumple los estándares internacionales. Por otra parte, los procedimientos para registrar las lesiones sufridas dentro de las instalaciones son deficientes.
En el establecimiento Batumi N3, el acoso a los reclusos por parte del personal penitenciario fue uno de los principales motivos de las quejas emitidas al Centro de Derechos Humanos en 2015.
