La atención en salud es en general deficitaria, lo que afecta de manera especial a quienes son capturados con heridas decombate, pues no reciben un tratamiento que logre su rehabilitación, y suelen quedar con secuelas que afectan su integridad corporal. La remisión al médico fuera del penal es altamente restringida, ya que prima el criterio de seguridad sobre el derecho a la salud y la vida de esta población.

A menudo, los reclusos no reciben atención médica oportuna, puesto que los traslados al hospital se hacen solo en casos de urgencia inminente, bien sea por falta de personal, de transporte o ambas.

Las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, de la Corte Suprema de Justicia, señalaron la grave vulneración del derecho a la salud de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, las vulneraciones del derecho a la salud dentro de los establecimientos penitenciarios persisten. Personas privadas de libertad, entrevistadas por el Equipo Jurídico Pueblos, manifestaron que la responsabilidad de la prestación del servicio de salud se hizo aún más difusa luego de la creación del Fondo de Salud¹.

Según un estudio de la Universidad de Antioquia, la prevalencia de tuberculosis y otras enfermedades mortales es 20 veces mayor dentro de las cárceles¹.

Además, las condiciones de higiene deficientes, como la falta de agua, aumentan las posibilidades contraer enfermedades infecciosas. En la prisión de Valledupar, los internos deben hacer sus necesidades en bolsas plásticas, lo que aumenta sus posibilidades de contraer enfermedades gastrointestinales y meningitis.

Las medidas de prevención de enfermedades contagiosas son deficientes, o incluso inexistentes, dependiendo del establecimiento.