El sistema penitenciario español está dividido en dos administraciones:

• La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) para todas las Comunidades Autónomas de España, a excepción de Cataluña. Está bajo la supervisión del Ministerio del Interior.
• La Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) de Cataluña. Está bajo la supervisión del Departamento de Justicia.

Un comité mixto permite la coordinación entre las dos administraciones.

Las condiciones de vida varían en función de la administración (SGIP o DGSP) responsable del centro penitenciario, del estado de las instalaciones y del régimen de reclusión.

El régimen de reclusión se basa en un sistema de clasificación de los internos:

• Primer grado: la administración penitenciaria clasifica en primer grado a los reclusos potencialmente peligrosos, a quienes se aplica el régimen cerrado. Los internos preventivos considerados peligrosos también pueden ser asignados a este régimen.

• Segundo grado: Este es un régimen cerrado ordinario.

• Tercer grado: Las personas clasificadas en tercer grado pueden continuar su tratamiento en régimen de semilibertad. La situación personal (ser madre, estar enferma…), la gravedad del delito y el comportamiento de la persona privada de libertad se tienen en cuenta a la hora de asignarlas a este grado.

En 2010 se llevaron a cabo importantes reformas del Código Penal. Estas modificaciones tienen por efecto:

• reducir la duración máxima de las penas y el número de personas encarceladas. Las revisiones de condenas se conciernen principalmente los delitos de drogas y los delitos contra la seguridad vial;
• la aplicación de penas alternativas, como el servicio comunitario;
• el principio de “proporcionalidad” a la gravedad de los hechos y el principio de “excepcionalidad” se introducen con el fin de reducir el número de preventivos.

En diciembre de 2016, la población carcelaria se elevaba a 59 589 reclusos. En diciembre de 2009 este número se elevaba a 76 079.

Los centros penitenciarios se dividen en cuatro categorías:

• 69 instituciones cerradas de la SGIP y nueve de la DSGP;
• 56 centros de integración social semiabiertos (CIS) de la SGIP y cuatro de la DGPS;
• tres unidades para madres de la SGIP;
• dos hospitales psiquiátricos en las prisiones de la SGIP, y uno de la DGPS.

El tamaño de los diferentes establecimientos penitenciarios varía significativamente. Algunos centros penitenciarios son verdaderos complejos que cuentan con numerosos módulos, como los centros penitenciarios de Madrid VII, León y Málaga II que tienen más de mil plazas. Otros, en cambio, no superan las 100 plazas, como la prisión de Cuenca que tiene 60 celdas.

El personal encargado de la vigilancia debe recibir una formación. El personal de vigilancia debe pasar un examen para integrar la administración penitenciaria. Tres ejercicios son eliminatorios: estos evalúan su personalidad, conocimiento y aptitud física. Los guardias seleccionados llevan a cabo una formación en alternancia.
Existen ciertos requisitos para ser funcionario de prisiones: es necesario ser español, tener 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación, tener un título de bachiller o técnico, y no haber sido condenado por delito doloso a una pena privativa de libertad superior a tres años.

En 2016, un total de 23 952 personas desempeñaron las diferentes funciones de la administración penitenciaria. El personal de vigilancia representaba el 78.5% de todo el personal. Juristas, psicólogos, sociólogos, pedagogos, trabajadores sociales, personal sanitario y educadores realizan otras funciones.
En su informe de 2015, la ACAIP expresó su preocupación por el envejecimiento del personal penitenciario: mientras que en 1995, el 79% de los funcionarios tenía menos de 40 años, en 2015, ese porcentaje era inferior al 21%; actualmente, el 40.9% de los funcionarios de prisiones tiene más de 50 años. Un gran número de funcionarios se jubilará pronto. Además, las bajas por enfermedad son frecuentes y las condiciones de trabajo se consideran un factor desencadenante.