El año 2015 estuvo marcado por la muerte de Raquel E.F., en abril, recluida en Brians I (Barcelona). Raquel pasó nueve meses en aislamiento, a pesar de manifestar ideas suicidas, y denunció haber sido maltratada por el personal.
José Antúnez Becerra, uno de los reclusos más antiguos de España y recluido también en Brians, inició una huelga de hambre contra lo que considera ser una cadena perpetua disimulada. Su salud se deterioró considerablemente y, pese a ello, no se le autorizó la entrada a organizaciones de defensa de derechos humanos.

La población carcelaria ha disminuido en un 19 % desde el 2010. Esta tendencia a la baja se mantuvo en el 2015. Esto se logró a través de una reforma del Código Penal que redujo las penas aplicadas a ciertos delitos y fomentó el uso de penas alternativas para delitos de tránsito.

El sistema penitenciario español está dividido en dos administraciones:

• Para todas las comunidades autónomas de España, exceptuando Cataluña: La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), bajo la tutela del Ministerio del Interior.
• Para Cataluña: La Dirección General de Servicios Penitenciarios, bajo la tutela del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Una Comisión Mixta permite la coordinación entre las dos administraciones.