Fortalecer y generalizar los programas de formación en derechos humanos dirigidos al personal de Instituciones Penitenciarias.

Abolir el régimen de aislamiento.

Garantizar la independencia del Defensor del Pueblo y de otros servicios de inspección.

Asegurar la transparencia en el manejo del presupuesto asignado a Instituciones Penitenciarias.

Contratar un número suficiente de personal y ofrecer condiciones dignas de trabajo.