Poblaciones específicas

Número y porcentaje de reclusas

7,4 % (4.365)
i
2017
/ SGIP

Los delitos más frecuentemente identificados son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (38.8%), el tráfico o consumo de drogas (28.8%) y los homicidios (8.6%).

Evolución del número de reclusas

disminución de 1,9 %

4448 mujeres en 2016

Porcentaje de mujeres en prisión preventiva

15,2 %

i
2017
/ SGIP

Porcentaje de reclusas extranjeras

7,5 %

i
2017
/ SGIP

Las mujeres son alojadas en:

  • establecimientos exclusivos para mujeres
  • celdas para mujeres El 80% de las mujeres son alojadas en módulos específicos dentro de las prisiones para hombres. El 20% de las reclusas cumplen su pena en cuatro instituciones exclusivamente femeninas (Alcalá de Guadaira en Sevilla, Brieva en Ávila, Alcalá y Madrid 1).

Las mujeres están separadas de los hombres

Excepcionalmente, hombres y mujeres pueden compartir un mismo departamento, previo consentimiento de las personas privadas de libertad, para la ejecución de programas específicos o para evitar la desintegración familiar [(ver la sección Mujeres)]. Hombres y mujeres pueden reunirse en salas de visita especialmente dedicadas a las familias. Estas unidades no pueden alojar a personas condenadas por delitos sexuales (artículo 99 del Reglamento Penitenciario).

Las reclusas preventivas están separadas de las penadas

Según el reglamento, las mujeres preventivas y las penadas deben alojarse en módulos separados. Sin embargo, esto no siempre se respeta en la práctica.

El personal de seguridad es

exclusivamente femenino

los registros corporales con desnudo integral los debe realizar únicamente el personal del mismo sexo.

De manera general, las consultas ginecológicas las llevan a cabo médicos externos. Las reclusas se quejan de la presencia irregular de ginecólogos en la enfermería. Ciertas cuestiones específicas como la anticoncepción, la atención durante el embarazo y el desarrollo de la relación materno-filial (artículo 38 de la Ley Penitenciaria) benefician de un seguimiento.
Las internas denuncian regularmente las dificultades de acceso a las consultas especializadas. La Guardia Civil no siempre garantiza los traslados a los consultorios médicos el día de la cita. En la mayoría de las instituciones, la enfermería está reservada principalmente a los hombres. Es difícil para las mujeres reclusas acceder a ella.

Las reclusas tienen más dificultades para acceder a los espacios comunes (biblioteca, centro deportivo, teatro); la oferta de actividades es más limitada para las mujeres que para los hombres, aunque su participación sea superior. En 2016, el 39% de las mujeres participaron en talleres y capacitación profesional frente al 27% de los hombres. Las actividades que se proponen a las mujeres siguen siendo estereotipadas: talleres de costura, bordado y limpieza.

Se autoriza a las mujeres a recibir visitas conyugales

sí, se debe comprobar que la relación es duradera

Las reclusas con hijos pequeños pueden recibir visitas conyugales cuando el niño está al cuidado de un tercero o en la escuela.

Se aloja a las mujeres embarazadas en celdas o módulos específicos

Las mujeres embarazadas pueden ser alojadas en un módulo para madres a condición de que haya plazas suficientes.

La legislación prevé la sustitución de penas para las mujeres embarazadas o con hijos pequeños

no

Las mujeres embarazadas reciben atención prenatal

Los módulos de las mujeres deben contar con un equipo obstétrico. Algunas internas1 declaran que el servicio ginecológico es insuficiente.


  1. Gómez Ramírez, Sonia,“Mujeres en prisión: reinserción de la mano de los pisos de acogida”, 2016, Universidad del País Vasco, p.61. 

El parto tiene lugar en

una institución sanitaria externa

Los partos suelen tener lugar en el hospital, en una unidad especialmente equipada.

Se prohíbe la presencia del personal de seguridad durante el parto

El personal de vigilancia permanece fuera de la sala de partes.

Las mujeres pueden quedarse con sus hijos

sí: hasta los tres anos

  • Al 31 de diciembre de 2017, 87 niños vivían en la cárcel con sus madres.

Las Unidades de Madres, una experiencia pionera en Europa en los años 80, son centros externos reservados para madres con hijos, que están bajo el control de la administración penitenciaria, pero no forman parte de la prisión. Hay tres de estas unidades: Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca. En estos centros se aplica el régimen de semilibertad, la vigilancia se realiza mediante cámaras, alarmas y detectores, y hay guarderías para los niños. La prisión de Aranjuez cuenta con una unidad familiar donde los padres encarcelados pueden vivir con sus hijos menores de tres años. El objetivo es aplicar el principio constitucional de protección de la familia en el entorno penitenciario, a fin de limitar, en la medida de lo posible, la desintegración de la familia.
Existen varios espacios habilitados para los niños, como jardines infantiles, guarderías, y escuelas de preescolar con personal especializado en la primera infancia.

El personal de la prisión lleva su uniforme en presencia de los niños.

La legislación prohíbe el encarcelamiento de los menores

no

Menores reclusos

-

Ministerio responsable de los menores infractores

Las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas son responsables de la gestión de los centros de menores.

Los menores están sujetos a un sistema de justicia específico.

Las medidas que se pueden aplicar a los menores van desde simples amonestaciones hasta penas de prisión. Las alternativas a la privación de libertad son: la libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o la aplicación de una medida terapéutica.

Al igual que para los adultos, existen tresregímenes de reclusión para los menores:

  • cerrado (si otras medidas se consideran insuficientes debido a la gravedad del delito o el comportamiento del menor);
  • semiabierto (los menores residen en la institución, pero estudian o trabajan fuera de ella);
  • abierto. Las penas máximas de prisión son de seis años para los menores de 14-15 años y de diez años para los de 16-17 años. Los vínculos familiares se toman en consideración; los menores condenados a medidas privativas de libertad serán admitidos en el centro de menores más cercano a su domicilio.

Las cifras relativas a los menores se publican de manera

no se publican cifras

La administración penitenciaria no tiene autoridad sobre las instituciones de menores, y no publica ningún dato sobre esta población carcelaria.

Los reclusos menores están separados de los adultos

El artículo 99 del reglamento penitenciario estipula que todas las personas privadas de libertad menores de 21 años deben permanecer en centros o módulos para menores.
En la prisión de Tarragona, la separación entre menores y adultos no se respeta.

La escolarización de los menores es obligatoria

La mayoría de los centros para menores ofrecen un programa educativo en tres fases: observación o admisión, desarrollo y fase final. En el centro de Sograndio (Asturias) los menores se organizan por sexo, edad y evaluación del riesgo de conflicto. Muchos menores expresan su insatisfacción por la “escasez de apoyos educativos formativos o talleres de formación profesional.

La legislación prohíbe los registros corporales con desnudo integral para los menores

no

Los registros corporales con desnudo integral para los menores son legales. Sin embargo, en su informe de 2017, el CPT recomendó a las autoridades españolas modificar la práctica actual de este tipo de registros. La delegación afirmó que el cacheo al desnudo de menores es una medida intrusiva y degradante, y sugirió que los registros se realicen en dos etapas; primero los menores deberían quitarse la ropa por encima de la cintura y luego, después de volver a ponérsela, quitarse lo demás.

La legislación prohíbe el régimen de aislamiento para los menores

no

La duración máxima del régimen de aislamiento para los menores es de siete días. Una delegación del CPT tiene conocimiento de algunos casos de menores que han sido sometidos al aislamiento disciplinario durante tres períodos consecutivos de siete días. El Comité ha recomendado a las autoridades poner fin al aislamiento disciplinario de los menores.

Las actividades que se proponen a los menores se consideran satisfactorias. La participación en actividades de grupo es obligatoria.

En 2017, el Defensor del Pueblo informó sobre la presencia de auxiliares de control educativo (ACE) en algunos de los centros visitados. Los ACE acompañan a los menores y educadores en diversas actividades, particularmente, aquellas que se realizan al aire libre. El Defensor del Pueblo señaló que en dos centros penitenciarios, Ciudad de Melilla y Odiel (Huelva), hay una falta de distinción clara con respecto a la distribución de las funciones y responsabilidades de los ACE y los vigilantes de seguridad.

Reclusos extranjeros

28,1 % (16.549)
i
2017
/ SGIP

Evolución del número de reclusos extranjeros

aumento de 23.6 %

i
2017
/ SGIP,Informe General 2016, p. 20.

13 384 extranjeros estaban encarcelados en diciembre de 2016: 29.9 % fueron condenados por robo, y el 20.8 % por tráfico de estupefacientes.

En 2017, los países más representados en prisión eran: Marruecos, Rumanía, Colombia, Ecuador, Argelia, China y República Dominicana.

Se traduce el reglamento interno de la prisión

no

Los reclusos extranjeros tienen acceso a un intérprete profesional

en algunos casos: durante la custodia policial y durante las audiencias en el tribunal

Un intérprete debe asistir a los detenidos extranjeros para informarles sus derechos. Esta disposición no se respeta en la práctica.

Los reclusos extranjeros reciben asistencia jurídica gratuita

Todo extranjero privado de libertad tiene derecho a recibir asistencia jurídica.

Los extranjeros no pueden ser encarcelados por residencia ilegal. En cambio, pueden recibir sanciones administrativas (multas o expulsión).

Los reclusos extranjeros están autorizados a permanecer en el territorio nacional tras haber cumplido una pena de prisión

no

Los extranjeros pueden cumplir su condena en España, y son deportados a su país de origen al término de esta.Los extranjeros que van a ser expulsados no se benefician de ningún tipo de adaptación de pena.

Los reclusos extranjeros están autorizados a trabajar

Para tener acceso a un trabajo, los reclusos extranjeros, al igual que los demás, deben tener un buen comportamiento.

Los reclusos extranjeros pueden hacer llamadas a su país si disponen de los medios financieros para ello. Solo se permiten llamadas dentro del territorio español durante la custodia policial.

No existen normas que regulen el régimen de visitas de extranjeros. Las condiciones varían de una prisión a otra. En algunos establecimientos, las visitas pueden agruparse el mismo día en que los familiares viajan largas distancias. La decisión depende del director de cada centro.

Se considera que una pena es de larga duración a partir de

5 anos

La acumulación de penas de prisión está limitada

El artículo 76 del Código Penal estipula el límite máximo de las penas impuestas por diversas infracciones.

Existen establecimientos específicos para las personas que cumplen penas de larga duración

no

De manera general, las personas que cumplen largas penas de prisión se clasifican en primer grado (ver la sección sobre la organización del sistema penitenciario). Según los artículos 89 y siguientes del Reglamento penitenciario, los reclusos de primer grado son alojados en celdas individuales, sus actividades son más limitadas , y se les impone mayor control y vigilancia. Los internos en régimen cerrado no pueden obtener permisos de salida.

Las personas condenadas a largas penas de prisión no están sometidas a ningún régimen de reclusión específico. [Ver sección “Organización”]

Se prohíbe la cadena perpetua

14,2 %

i
2017
/ SGIp

Evolución del número de personas en prisión preventiva

aumento de 4,3 %

En diciembre de 2016, 7996 personas se encontraban en prisión preventiva, es decir, el 13.4 % de la población carcelaria.

Los reclusos preventivos están separados de los penados

no

La separación entre preventivos y penados no siempre se respeta.

La legislación prevé la liberación bajo fianza de las personas en prisión preventiva

El importe de la fianza se calcula en función de la gravedad de la infracción y del riesgo de fuga. No es posible obtener libertad bajo fianza si la persona representa un peligro para la comunidad, si existe peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, si ha sido acusada de un delito grave y violento, o si es un delincuente reincidente. Si la persona cumple las condiciones de su puesta en libertad, se le reembolsará el importe de su fianza.

  • En 2017, el Tribunal Supremo de España ordenó la libertad condicional de la Presidenta del Parlamento de Cataluña,Carme Forcadell, sujeta al pago de una fianza de 150 000 euros.

El artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita la duración de la prisión preventiva, en función del delito. Este período no podrá exceder de un año si la pena privativa de libertad es igual o inferior a tres años. La duración de la prisión preventiva puede ser de dos años si la pena de privación de libertad es superior a tres años. Estos periodos se pueden prolongar de:

  • seis meses cuando la pena es inferior a tres años.
  • dos años cuando la pena es superior a tres años. Al cumplirse el periodo máximo, el preventivo debe ser puesto en libertad. Sin embargo, si no comparece en las audiencias, el juez puede ordenar de nuevo su encarcelamiento. La prisión preventiva se ordena sistemáticamente en el caso de delitos violentos. En la mayoría de los casos, las personas acusadas de corrupción esperan su juicio en libertad.

El régimen de reclusión de los preventivos difiere poco del de los condenados. Los preventivos no pueden trabajar.

Se permite recopilar información sobre la pertenencia a una minoría o población autóctona

no

Los partidos políticos vascos están prohibidos. El Gobierno español presume que existen vínculos entre estos partidos y ETA. Los miembros de estos partidos son encarcelados, como Arnaldo Otegi, uno de los líderes de la izquierda independentista vasca, que fue puesto en libertad el 1 de marzo de 2016 tras seis años de prisión. 254 presos vascos vinculados a ETA cumplían su condena en España en 2017. Este número se ha reducido desde 2013, tras una condena dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España.
El 95% de los presos políticos vascos son reclusos de primer grado. Por lo tanto, cumplen su pena en régimen cerrado; 27 de ellos están en régimen de aislamiento permanente. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, órgano encargado de la ejecución de penas, desestimó 47 solicitudes de cambio de grado entre julio y octubre de 2018. Etxerat, una asociación que apoya a las familias de los reclusos vascos denunció la ilegalidad de estas decisiones y la consiguiente discriminación. La asociación de familiares de presos vascos Etxerat denunció la aplicación, por parte del Estado español, de una política penitenciaria de dispersión, cuyo objetivo es “disolver la cohesión entre los presos vascos de ETA”. Etxerat explicó, en un informe de 2015, que los presos están repartidos en establecimientos situados entre 190 km (Logroño) y 1100 km (Algeciras) del País Vasco. Puerto I y III, situados en Cádiz, a 1050 km del País Vasco, albergan al mayor grupo de vascos. Hay 28 de ellos. Los familiares tienen que hacer largos viajes para visitar a los reclusos, lo que representa un riesgo debido a las difíciles condiciones (horarios ajustados para trayectos tan largos, sin descansos ni paradas de seguridad). Veinticinco familiares de reclusos resultaron heridos en accidentes de carretera en el transcurso de 2014. Las familias denuncian una “doble condena” impuesta a los presos vascos. Además de ser física y psicológicamente estresantes, estos viajes representan un alto costo financiero para las familias. Etxerat estima que las visitas cuestan entre 1000 y 1200 euros al mes. Los presos tienen que condenar públicamente a ETA para poder ser trasladados a una prisión vasca; una gran mayoría se niega a hacerlo. Amnistía Internacional reprobó la política de dispersión del Gobierno español, y afirmó que es contraria a las normas internacionales.

  • Pablo Hassel, rapero y poeta español, fue condenado a dos años de prisión en 2015 por las letras de sus canciones, ya que la Audiencia Nacional consideró que enaltecían el terrorismo.

Se prohíbe procesar o encarcelar a una persona por su orientación sexual o identidad de género

España es uno de los países más avanzados del mundo en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBT.

Se aloja a las personas LGBTQI+ en celdas o módulos específicos

no

La admisión de las personas transgénero en módulos para hombres o mujeres se lleva a cabo tras una evaluación psicológica. Las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI pueden ser puestas en áreas aisladas para garantizar su seguridad.

Los reclusos LGBTI no cuentan con ninguna protección especial, y deben afrontar los mismos tipos de exclusión que los que se encuentran fuera de prisión.

La asignación de las personas transgénero a un establecimiento depende de

  • su propia identificación
  • sus documentos oficiales
  • su sexo biológico

La asignación de las personas transgénero a un establecimiento no depende sistemáticamente de su sexo biológico o estado civil; en principio, la administración penitenciaria toma las decisiones caso por caso. Las personas LGBTI privadas de libertad pueden indicar el módulo de su preferencia. En 2016, el CPT se reunió con varios presos transgénero de las prisiones de León, Puerto III, Sevilla II y Villabona.
Una reclusa transgénero de la prisión de Villabona, que ya había hecho el cambio de hombre a mujer antes de ingresar en prisión, fue alojada en un módulo masculino durante todo un año, a pesar de haber solicitado expresamente su traslado a un módulo de mujeres. Durante ese periodo, la reclusa recibió insultos recurrentes por parte del personal penitenciario, que insistía en que llevara ropa de hombre.
El CPT reitera que es esencial respetar la identidad de los presos transgénero, y considera que estos deben ser alojados en los módulos correspondientes a su identidad. Además, deben poder participar en actividades con otros internos del género con el que se identifican, usar la ropa que prefieran y ser llamados por el nombre de su elección1.


  1. Comité Europeo para la Prevención de la Tortura“,Informe de la visita del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016“, 2017, pp. 79-80. 

Las personas transgénero reciben tratamiento médico específico

A los presos transgénero se les permite continuar o iniciar la terapia hormonal bajo la supervisión de un endocrinólogo.

Se autoriza a las personas LGBTQI+ a recibir visitas conyugales

La administración penitenciaria lleva un registro específico de los reclusos de edad avanzada

Número y porcentaje de reclusos de edad avanzada

4,2 % (2.476)

266 reclusos de edad avanzada son en prisión preventiva.

i

En 2016, entre los detenidos mayores de 70 años 1:

  • el 56.3 % de ellos están encarcelados en prisiones ordinarias
  • el 34% en unidades médicas
  • el 2.8% de ellos están alojados en módulos específicos de los centros penitenciarios del SGIP
  • el 1.6% de estas personas están en régimen abierto 2.

El 22.6% de los detenidos mayores de 70 años necesita asistencia física o psicológica 3.

El Programa de atención integral a personas mayores (Directiva 8/211) se aplica en nueve prisiones del SGIP y otras ocho instituciones tienen programas similares.

El centro penitenciario de Alcázar de San Juan aloja el mayor número de reclusos de edad avanzada. Tras una visita realizada a este establecimiento en 2017, el Defensor del Pueblo observó algunas fallas relacionadas con el programa, como la falta de un terapeuta ocupacional o un equipo multidisciplinar. Del mismo modo, advirtió que su implementación no está acompañada de actividades de formación del personal penitenciario 4.


  1. no información disponible sobre el 5,3 % 

  2. Secretaría General de Prisiones,“Informe General 2016”, 2017, p. 117. 

  3. ibid, p. 114. 

  4. Defensor del Pueblo,“Informe Anual 2017 MNP”, pp. 159-160. 

Se puede conceder la libertad condicional a las personas de edad avanzada si:

  • tienen más de 70 años
  • están clasificadas en tercer grado (régimen abierto)
  • tiene un pronóstico favorable de reinserción social

Los establecimientos penitenciarios están adaptados a las necesidades de los reclusos con discapacidad

algunos establecimientos

La SGIP, en colaboración con la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), implementó un programa destinado a los reclusos con discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual. Dicho programa Incluye la detección temprana de la discapacidad, la asignación a instalaciones o módulos adecuados sin limitaciones arquitectónicas y la tramitación de certificados oficiales. Esta intervención también tiene por objeto apoyar a las personas con déficit intelectual con vistas a su autonomía. El programa se aplica en 63 prisiones y el promedio de participación trimestral fue de 788 reclusos en 20161.

Dos intituciones penitenciarias, Segovia y Estremera, cuentan con módulos específicos adaptados a las personas con discapacidad. En estos módulos se brinda capacitación al personal para la atención de los reclusos. Estos centros cuentan con el apoyo de la FEAPS.


  1. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias [“Informe General 2016 SGIP”] (http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Informe_General_2016_acc.pdf)“, p. 40. (en espagnol), p. 40. 

Se ha abolido la pena de muerte

sí, desde 1995

En 1978 había sido abolida excepto en tiempos de guerra, en los casos en que la legislación militar lo estableciera. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 con el fusilamiento de dos militantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

La pena de muerte se menciona en el artículo 15 de la Constitución, pero su abolición no está inscrita en el marco del derecho militar. Amnistía internacional señala que España debería eliminar la mención a la pena de muerte en tiempos de guerra para dar el mismo valor constitucional que la abolición de la pena de muerte para los delitos de derecho común. Aún así, esto no preocupa a las organizaciones de derechos humanos; España ha declarado en múltiples ocasiones su compromiso a favor de la abolición, sobre todo, con su adhesión al Protocolo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé la prohibición de esta pena bajo cualquier circunstancia.
España celebró, en 2013, el 5° Congreso mundial contra la pena de muerte.

No existe ninguna iniciativa que pretenda restablecer la pena de muerte.