La movilización ciudadana y las manifestaciones pacíficas se multiplican en un contexto en el que los discursos políticos y mediáticos tienden a endurecerse cada vez más. “Terroristas”, “enemigos de la nación”, “organización criminal” o “ecologistas fanáticos”: son muchas las apelaciones peyorativas con las que se busca desacreditar y estigmatizar a las personas defensoras de los derechos.

Las palabras son el punto de partida de un proceso de penalización que puede incluso conducir a prisión. En Dinamarca, los nombres de algunas personas que militan por el medioambiente figuran en una lista de amenazas terroristas, mientras en Francia, los miembros del Gobierno califican de “ecoterroristas” ciertas acciones pacíficas en defensa del medioambiente. Pero la represión no se limita al activismo ecologista. En Rusia , por ejemplo, a finales de 2023, el Tribunal Supremo calificó el movimiento LGBT internacional de “extremista”, un término que se usa en muchos lugares de manera muy amplia para señalar y, en última instancia, enjuiciar a toda persona percibida como disidente: figuras políticas, periodistas, defensores y defensoras de los derechos, etc.

Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores del medio ambiente desde 2022, ha observado un fenómeno de restricción del espacio cívico, donde el lenguaje ha adquirido una gran importancia. “El primer nivel de represión del activismo es el discurso público, en especial el de responsables políticos que utilizan términos sumamente violentos como “ecoterroristas”, “talibanes verdes” o “khmer verdes” para estigmatizar a quienes recurren a métodos de protesta no convencionales. El simple hecho de que, en Francia, un ministro del Interior —cuyo trabajo consiste en luchar contra el terrorismo — compare a estas personas con terroristas ¹ refleja la gravedad de estas palabras”. Según el Relator Especial, el peligro reside en la banalización de un lenguaje que moldea la opinión pública hasta el punto de normalizar el recurso a métodos poco ortodoxos contra el activismo. Estas personas se presentan como los enemigos de la nación, en una retórica que allana el camino para la adopción de leyes que institucionalizan su penalización.

La activista indígena guatemalteca, Lucía Ixchíu, afirma que la violencia de las palabras que se emplean en la esfera mediática y política —sobre todo a través de la difamación y las falsas acusaciones— tiene como objetivo socavar la organización comunitaria.

Para hacer frente a esta situación, la activista propone reapropiarse del discurso mediante la humanización de las personas activistas.“Trabajamos en la lucha narrativa y en la dignificación de la imagen”. Contar nuestras propias historias permite desmontar la imagen de activistas sanguinarios que nos quieren dar y mostrar que también somos padres, profesores, etc.”

Las personas activistas, a menudo calificadas de alborotadoras o generadoras de disturbios, se convierten en el blanco principal de los dispositivos jurídicos instaurados por el Estado; una estrategia que contribuye a acallar las voces disidentes bajo el pretexto de la seguridad.

“ En los contextos en los que la legislación se ha redactado de manera amplia y vaga en torno a la seguridad del Estado y la lucha contra el terrorismo, la penalización es el arma principal.”, señala Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. “Las personas que defienden los derechos humanos se acusan de apoyar el terrorismo y de representar un riesgo para la seguridad de la nación al denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado”.

En Türkiye, Güçlü Sevimli, abogado y miembro de la Asociación de Abogados Progresistas (Çağdaş Hukukçular Derneği, ÇHD), afirma que “la Ley Antiterrorista se usa en todo el país para silenciar e intimidar a cualquiera que se oponga al Gobierno y al sistema político actual. Esta se aplica en conjunción con varios artículos del Código Penal relativos al crimen organizado (art. 314 y 220). Los abogados vinculados a la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD) son un blanco privilegiado, puesto que su trabajo consiste en defender a los disidentes. Así pues, cada vez que el Estado percibe a un abogado como una amenaza, lo acusa de pertenecer a grupos terroristas”.

En algunos países, la penalización se aplica mediante acusaciones de lesa majestad. En Tailandia, “toda persona que difame, insulte o amenace al rey, a la reina, al heredero o al regente se expone a una pena de entre tres y quince años de prisión, según el artículo 112 del Código Penal”, explica Akanit Tadi, de la organización Freedom Bridge.

En Camboya, Sun Ratha, activista del movimiento Mother Nature Cambodgia, declara haber sido condenada en dos ocasiones en virtud de los artículos 437-bis y 453 del Código Penal, por “insulto al rey” y “complot”. “Estas acusaciones, imprecisas y basadas en consideraciones políticas, se utilizan a menudo para silenciar las voces disidentes y penalizar el activismo pacífico”, afirma. Actualmente, Sun Ratha se encuentra exilada en Canadá, ya que podría enfrentarse a una pena de prisión si regresara a Camboya.

En México, la amplia interpretación de las disposiciones legales perjudica principalmente a activistas indígenas y ambientalistas. José Luis Gutiérrez de la organización ASILEGAL subraya que el Estado suele argüir delitos como “disturbios, alteración al orden público, obstrucción de las vías de comunicación o incluso terrorismo, con el objetivo de amainar las luchas”. En Burundi, el actual presidente, al igual que su predecesor, ha adoptado una política que obliga a la mayoría de las personas activistas a vivir en el exilio, algunas de ellas desde hace más de diez años. Como lo señala Anitha Gateretse, coordinadora nacional de la Coalición Burundesa Tournons la Page, El Gobierno se ampara en leyes relativas a “la seguridad nacional y el orden público” para justificar la represión de activistas y periodistas.

El Gobierno argelino recurre a los mismos subterfugios. La revisión del Código Penal de junio de 2021 dio lugar a la introducción de disposiciones que permiten enjuiciar por “terrorismo o sabotaje a toda persona que haya incitado a cambiar el sistema de gobernanza por medios no constitucionales”, como lo explica el Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en Argelia (Collectif des Familles de Disparu.es, CFDA). La Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, promulgada quince años antes, tras la guerra civil y las miles de desapariciones forzadas atribuidas a las fuerzas de seguridad argelinas, otorga inmunidad judicial a los funcionarios del Estado. Uno de sus artículos prevé penas de entre tres y cinco años de prisión para toda persona que instrumentalice las heridas de la llamada “tragedia nacional”.

El CFDA considera que dicho artículo “amenaza no solo a las víctimas directas y a sus familias al disuadirlas de presentar denuncias —incluso en casos de violaciones persistentes de sus derechos—, sino también a los periodistas, que se ven forzados a autocensurarse”. Esta disposición hace casi imposible la lucha contra la impunidad, subraya Nassera Dutour, presidenta del colectivo, obligada a vivir en el exilio en Francia.

La instrumentalización de la legislación también se dirige a las personas implicadas en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQI+. En Rusia, “la ley contra la propaganda LGBT”, adoptada en 2013, prohíbe “la expresión pública o la difusión de información relacionada con la identidad, las relaciones o los derechos LGTB+ en los medios de comunicación, así como en los ámbitos educativo y cultural”, señala Dilya Gafurova, de la organización Sphere Queer. Añade, además, que otra práctica bastante común es utilizar la ley sobre “agentes extranjeros” contra las personas defensoras de los derechos humanos, lo que conlleva obligaciones estrictas que acarrean sanciones penales en caso de incumplimiento.

En otros países, los Gobiernos reprimen sin ningún fundamento jurídico. En Guinea, la dictatura militar instaurada en 2021 se caracteriza, como las demás, por la penalización de la sociedad civil. Ante la falta de pruebas jurídicas sólidas para justificar la represión, el Estado resulta formulando acusaciones infundadas como, por ejemplo, delincuencia organizada. Alseny Farinta Camara de Tournons la Page en Guinea también denuncia el carácter absurdo de los arrestos: “Quienes vienen a llevarse a las personas activistas son maleantes disfrazados de policías o de gendarmes”.

A medida que la crisis climática se agrava, la hostilidad hacia quienes defienden el medioambiente se acentúa. Entre 2016 y 2019, ONU Mujeres registró 1698 ataques contra defensoras de derechos humanos ambientales en México y Centroamérica. En Camboya, Sun Ratha fue detenida en 2021 por realizar una acción de vigilancia medioambiental: “Trabajaba con otras dos personas defensoras del medioambiente para recoger pruebas de vertidos ilegales en aguas residuales en un río. Nos arrestaron solo por haber documentado un daño ambiental, lo que no debería considerarse un delito”, declara.

Las investigaciones de Oscar Berglund, profesor de la Universidad de Bristol (Reino Unido) revelan que, en algunos Estados, como Australia, Canadá o Reino Unido, los índices de arresto durante las manifestaciones por el clima y el medioambiente son particularmente elevados. En países como Francia, Perú, Sudáfrica o Uganda, aunque los arrestos son menos frecuentes, la violencia policial es considerablemente mayor.

Mientras algunas potencias occidentales se comprometen en la escena internacional con la protección del medioambiente y de quienes lo defienden, en su propio territorio adoptan una postura muy distinta: una paradoja “europea” señalada por Michel Forst. Las agencias de desarrollo de muchos países europeos destinan importantes presupuestos a la lucha contra el cambio climático y, en particular, a la salvaguardia de las personas defensoras del medioambiente. Sin embargo, esta política a menudo contrasta con la represión que ejercen sus propias autoridades. En 2023, por ejemplo, en Sainte-Soline, Francia, las fuerzas del orden usaron granadas GM2L contra los manifestantes, un dispositivo clasificado como arma de guerra.

El Reino Unido aspira a posicionarse como líder mundial en la lucha contra la polución y el cambio climático. Con ese objetivo, se ha comprometido, en calidad de copresidente de la Climate and Clean Air Coalition en 2025, a invertir varios miles de millones de libras esterlinas en esta iniciativa. Lo contradictorio en este caso es que desde la entrada en vigor de la Police, Crime, Sentencing & Courts Act 2022 (Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales), la represión de las movilizaciones ecologistas se ha endurecido. Quienes asisten a una manifestación se exponen a penas de hasta diez años de prisión si se les reconoce culpables de haber provocado —de manera deliberada o por negligencia —disturbios calificados de “molestias públicas”. Varios meses después de la entrada en vigor de la ley, cinco activistas del movimiento Just Stop Oil fueron condenados a varios años de prisión por haber participado en una videoconferencia destinada a organizar el bloqueo de una autopista. Desde entonces, decenas de otros activistas han recibido penas de prisión por motivos similares.

Varios son los ejemplos de este tipo, como el caso de “las autoridades italianas, quienes tienden a recurrir con mayor frecuencia a las disposiciones ‘antimafia’, algunas de las cuales estaban prácticamente en desuso, señala Michel Forst. En Suecia, la cantidad de personas defensoras del medioambiente condenadas por participar en manifestaciones pacíficas aumenta de manera constante”, añade. En los tribunales, “actos que hasta hace poco se calificaban de ‘desobediencia’ se consideran cada vez más como ‘sabotaje’. Esta calificación, heredada de la Segunda Guerra Mundial, ha resurgido y refleja cómo los Estados movilizan todos los recursos jurídicos disponibles para reprimir a quienes militan por el medioambiente”.

Las relaciones de dominación heredadas del periodo colonial siguen vigentes en la actualidad. Los movimientos independentistas y las luchas de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios y sus derechos culturales continúan siendo objeto de represión. Bajo el pretexto de preservar el orden social y político, algunos Estados recurren al aparato judicial para contener y desestimar estas reivindicaciones.

Global Witness señala que, entre 2012 y 2023, 766 miembros de las comunidades indígenas fueron asesinados, lo que equivale al 36 % de todos los homicidios de personas defensoras del medioambiente. En 2024, Indigenous Peoples Rights International denunció la intensificación de los ataques contra quienes se oponen a proyectos mineros y energéticos impuestos en sus territorios. La organización recuerda que más de la mitad de los minerales necesarios para la transición energética mundial, así como una parte significativa del potencial energético global, se encuentran en los territorios indígenas de los 35 países a los que representa. Estas riquezas despiertan ambiciones y violencia, y alimentan la criminalización de los activistas que rechazan la explotación de sus tierras sin su consentimiento.

En América Latina, líderes y lideresas indígenas terminan en prisión por oponerse a proyectos de extracción, impuestos en sus territorios sin consulta previa. José Luis Gutiérrez subraya que, en México, los procesos judiciales se basan en acusaciones infundadas y en pruebas fabricadas, una práctica frecuentemente utilizada para silenciar la disidencia.

En Guatemala, Lucía Ixchíu denuncia el uso de una estrategia generalizada cuyo objetivo es minar las solidaridades locales. La activista explica que esta busca debilitar a quienes se oponen a los proyectos de extracción, mediante rumores, compra de voluntades y empobrecimiento, con el fin de fragmentar la comunidad. Como resultado, ciertas personas terminan colaborando con las empresas extractivistas, no por elección o voluntad propia, sino por desgaste, tras haber sido sometidas a un proceso de violencia, persecución y criminalización. Después de varios años de lucha —a veces cuatro, cinco o diez— que les han costado la vida de seres queridos, algunos líderes o lideresas comunitarios acaban pasándose al lado de las empresas. Es una forma de castigo tan violenta que conduce a la rendición: “Ya matamos a tu esposo, ahora te daremos un empleo”.

La represión suele alimentarse del cruce de intereses entre los poderes públicos y las empresas privadas. Michel Forst denuncia la colusión entre los Estados y las multinacionales responsables de la destrucción de los ecosistemas y de la apropiación ilegal de tierras pertenecientes a los pueblos indígenas. Estas alianzas, sin embargo, son difíciles de documentar y los implicados actúan a menudo en total impunidad.

La organización Front Line Defenders señala que la represión se intensifica cuando las empresas privadas se involucran en los proyectos: “Las multinacionales colaboran a menudo con el Estado para reprimir a las personas activistas, con el objetivo de silenciarlas y obstaculizar su labor de defensa”.

En Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en 2016 que “las denuncias estarían siendo utilizadas como medio de presión por las empresas o sus representantes, quienes ofrecen retirar las denuncias o desistirse del proceso a cambio de que líderes acepten o promuevan la aceptación de determinado proyecto”.

La sobrerrepresentación de líderes indígenas en prisión refleja la persistente discriminación estructural. Para José Luis Gutiérrez, el acceso limitado a la justicia y la frecuente instrumentalización del sistema judicial explican esta realidad. La barrera del idioma y la precariedad obstaculizan el acceso a un juicio justo. En algunos casos, los abogados y abogadas ni siquiera hablan el idioma de la persona que representan, lo que agrava los efectos de los prejuicios y del racismo institucional, tanto en los tribunales como en prisión, por parte de las autoridades penitenciarias y de otras personas privadas de libertad. Lucía Ixchíu subraya la magnitud de estos obstáculos en Guatemala: “El español no es la lengua materna de muchas comunidades o de los líderes o lideresas de comunidades indígenas y, sin embargo, los juicios se llevan a cabo en español. Esta barrera les impide incluso comprender la razón de su detención”. Este tipo de injusticias son las que han motivado su compromiso. “Yo necesitaba ayudar, brindar herramientas suficientes a las familias para que pudieran entender la situación de su ser querido, e intentar explicar a la persona privada de libertad el proceso de penalización del que está siendo objeto.

La represión permite mantener un statu quo favorable al acaparamiento de tierras y a la extinción progresiva de los derechos colectivos. Así, las autoridades sofocan toda forma de protesta atacando directamente a las personas defensoras de los derechos. Se trata de una estrategia que, lejos de ser marginal, también se observa en otros territorios, como lo demuestra la represión sistemática contra quienes militan por la causa palestina, señalada por Mary Lawlor en el contexto de Europa y Estados Unidos.

La represión adquiere aún otro rostro en los territorios ocupados. Como lo explica Jenna Abu Hasna, de la asociación Adameer, “Cualquier persona palestina que desempeñe un papel en política se halla en el punto de mira de la ocupación. Toda forma de resistencia, aunque sea pacífica, puede tacharse de incitación a la violencia y traducirse en una pena de prisión de más de 20 años. Asistir a una protesta, o compartir contenido que exprese solidaridad con la población palestina en las redes sociales, puede dar lugar a arrestos y encarcelamientos. Basta, por ejemplo, con manifestar su apoyo en contra del genocidio actual en Gaza para ir a prisión”.

La represión del activismo constituye una herramienta de control político clave en ciertos países. Al penalizar las voces disidentes, las autoridades no solo desacreditan a la oposición, sino que también refuerzan su control sobre el espacio público, presentándose como garantes del orden y la estabilidad.

En Argelia, es posible ir a prisión solo por sostener un cartel en una manifestación con la frase “no a la dictadura”, lamenta Nassera Dutour, del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en Argelia. Un mensaje contestatario, aunque sea pacífico, puede dar lugar a una respuesta penal — un ejemplo más dentro de una represión más amplia─. En los últimos años, varias organizaciones de la sociedad civil han sido blanco de represalias o directamente disueltas por las autoridades argelinas. En 2021, el Consejo de Estado de Argelia ordenó la disolución del Rassemblement Action Jeunesse, una asociación activa en la movilización social. Ese mismo año, las fuerzas de seguridad registraron las oficinas de la asociación SOS Culture Bab El-Oued, comprometida con la juventud de los barrios populares, y confiscaron material. Su presidente, Nacer Meghnine, fue condenado a un año de prisión. Oficialmente, las acusaciones se relacionaban con cuestiones de orden público; extraoficialmente, lo que en realidad molestaba era la movilización cultural y ciudadana que promovía.

En Burundi, la represión de la disidencia es sistemática y violenta. La asociación Tournons la Page Burundi reveló que, entre 2015 y 2023, se registraron 13 072 arrestos, 1381 cuerpos hallados y 1225 casos de tortura, entre otros datos alarmantes.

En 2016, el Gobierno de Burundi suspendió las actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la oficina fue cerrada definitivamente en 2019. Este rechazo al monitoreo internacional es la expresión de un régimen que no tolera el contrapoder y reprime con severidad toda forma de oposición.

La represión se dirige contra cualquier persona que represente una amenaza para el orden establecido. Por ello, algunas profesiones se han convertido en un blanco de persecución, como es el caso de la abogacía. En Türkiye, quince abogados y abogadas miembros de la Asociación de Abogados Progresistas (Çağdaş Hukukçular Derneği, ÇHD) se encuentran en prisión, en centros penitenciarios de diferentes partes del país, como lo señala Güçlü Sevimli. “A pesar de la falta de pruebas, la sentencia se basó en declaraciones de testigos anónimos. Ebru Timtik, una de las abogadas de la asociación arrestadas en 2017, falleció el 27 de agosto de 2020 tras una huelga de hambre que emprendió para exigir un juicio justo”.

En Túnez, el 11 de mayo de 2024, la abogada Sonia Dahmani, defensora de los derechos humanos, fue arrestada violentamente en el Colegio de Abogados de Túnez. Desde entonces, se encuentra encarcelada en la prisión femenina de Manouba, por haber denunciado el racismo y los tratos inhumanos que se infligen a las personas migrantes retenidas en el país, en virtud del acuerdo con la Unión Europea.

En los contextos políticos autoritarios, la censura de la prensa es un elemento clave que permite no solo amordazar las alternativas políticas, sino también reforzar la legitimidad del Gobierno en el poder. El acceso a las redes sociales —que a menudo constituyen el último espacio posible de protesta— también está sujeto a un control represivo. La creciente digitalización de las herramientas de vigilancia ha facilitado a las autoridades extender su control al espacio virtual, donde el simple hecho de expresar su opinión puede conllevar sanciones penales. Akanit Tadi, de la organización Freedom Bridge alerta sobre los riesgos que existen en Tailandia: “Basta con compartir un contenido publicado, sin siquiera hacer un comentario. Algunas personas han sido arrestadas por compartir una publicación de la BBC”. En 2015, un hombre fue condenado a 25 años de prisión por publicar mensajes críticos contra la familia real.

En Túnez, la hermana de Sonia Dahmani, Ramla Dahmani señala que el Decreto-Ley 54, en virtud del cual arrestaron a Sonia, “ se promulgó supuestamente para proteger las redes sociales y los medios de comunicación audiovisual y televisiva de la difamación y la incitación al odio, entre otros. Sin embargo, se trata de una resolución liberticida y vaga, que ha servido a las autoridades de pretexto para arrestar a las personas por un estado de Facebook, un like o por compartir contenido. Hoy en día, cualquier cosa que digas contra el presidente o el Gobierno te puede llevar a prisión”. “La prisión es una herramienta de represión y control, que cada vez cobra más fuerza, y cuyo blanco principal son los abogados y abogadas, periodistas y activistas de la sociedad civil. Ahora más y más personas de a pie terminan en prisión. En nuestra sociedad se ha instalado un clima de temor omnipresente y agobiante”.

Más allá de las movilizaciones políticas o asociativas, algunas comunidades son encarceladas por el simple hecho de existir. En muchas ocasiones, pertenecer a la comunidad LGBTQIA+, por ejemplo, basta para justificar un arresto.

Jonathan Osei Owusu, director ejecutivo de la POS Foundation, reportó el arresto de 21 activistas LGBTQIA+ en Ghana, durante su participación en un curso de formación. “Se les acusó de reunión ilícita, lo que no tenía ningún fundamento. La policía declaró que solo estaban aplicando la ley, pero este arresto es ilegal”. Varios relatores de la ONU exigieron su liberación inmediata.

La represión comienza mucho antes de la prisión y se instala poco a poco en un clima en el que la privación de libertad es una amenaza constante. “En Burundi, las personas activistas se exponen a procedimientos judiciales arbitrarios, secuestros o desapariciones”, alerta Anitha Gatarestse, miembro de la asociación Tournons la Page. En Guinea, Alseny Farinta Camara advierte que “las personas que insisten en expresarse libremente se ven obligadas a exilarse, mientras que otras desaparecen”.

En Guatemala, Lucía Ixchíu recuerda lo sucedido en San Rafael Las Flores entre 2007 y 2008, cuando las comunidades campesinas e indígenas organizaron una movilización pacífica contra un proyecto de minería metálica iniciado sin contar con licencia social. “Cuando los miembros de la comunidad comprendieron que se instalaría una mina en su territorio, se pronunciaron contra el proyecto”, explica. “El Estado de Guatemala creó una ‘mesa de diálogo’, que en realidad servía en para identificar a los lideres y lideresas. En 2011, se declaró el estado de sitio: se suspendieron los derechos constitucionales y se ordenó la presencia militar en la zona. Lo que siguió fue literalmente un levantamiento de Estado, que fue algo terrible. La Policía llegaba a las zonas militarizadas y se llevaba a todos los líderes y lideresas.

Son varios los caminos que conducen a las personas defensoras de los derechos a prisión, donde se les reserva un trato violento. Tortura, violencia sexual, amenazas a sus seres queridos: la represión no se detiene frente a las puertas de la prisión. En Guatemala, Lucía Ixchíu revela la brutalidad con la que se trató a los defensores y defensoras de San Rafael Las Flores: “Algunas personas desaparecieron, otras fueron secuestradas, asesinadas o aparecieron muertas con signos de tortura, algún tiempo después. Muchas otras son víctimas de tortura en prisión”.

En Argelia, Walid Nekiche, un estudiante argelino implicado en el Hirak¹ declaró haber sido víctima de tortura y violencia sexual durante su reclusión. Tras su liberación, su testimonio resultó incómodo para las autoridades, por lo que las fuerzas del orden optaron por presionar a su hermana, según la información recogida por Nassera Dutour de la CFDA. Atacar a los seres queridos es una forma de minar la solidaridad.

Las personas encarceladas por motivos políticos también suelen ser sometidas a violencia psicológica. Entre los métodos empleados para quebrarlas mentalmente se encuentran el aislamiento prolongado, la separación del resto de la población carcelaria y el alojamiento en módulos especiales, entre otros.

En Türkiye, Berfin A. fue acusada de haber mostrado videos de propaganda a estudiantes y condenada por “propaganda terrorista”. Pasó un año y nueve meses en prisión, en la que sufrió todo tipo de tortura: “Cada establecimiento cuenta con dos tipos de módulo, uno para las y los prisioneros políticos y otro para los no políticos (comunes). Para ir al módulo “común”, a las personas se les obliga primero que todo a declarar que han abandonado la organización política a la que presuntamente pertenecían y a pedir perdón por sus actos. La dirección del establecimiento y la junta de vigilancia examinan su declaración y determinan si es satisfactoria o no”.

En Tailandia, Akanit Tadi denuncia que las personas encarceladas por motivos políticos pierden su derecho al voto y que su comunicación con el mundo exterior es restringida y supervisada de forma constante. Según los testimonios recogidos, estas condiciones particulares forman parte de una estrategia de desgaste moral, que provoca un profundo sufrimiento mental a las personas privadas de libertad.

En Túnez, Ramla Dahmani se ha convertido en la portavoz de su hermana Sonia, encerrada en un módulo de la prisión reservado a las prisioneras políticas y de conciencia. “Sonia se encuentra en un módulo de máxima seguridad […]. La vigilancia en este lugar es constante. Sonia comparte una celda insalubre de 20 m2 con otras cuatro mujeres […]. En la última audiencia, vi a mi hermana de espaldas, y solo la reconocí cuando me dijeron que era ella. Al privarla de sus necesidades más básicas, como bañarse o comer lo suficiente, la dirección de la prisión está destrozando su imagen y su mente. Con estas condiciones pretenden destruirla, pero por ahora no lo han logrado”. Ramla declara que las prisioneras políticas y de conciencia se alojan en el mismo módulo, pero no pueden dirigirse la palabra. Solo se les permite hablar con las mujeres que comparten su celda. Las compañeras de celda de las prisioneras políticas son reclusas de derecho común, elegidas por la dirección de la prisión. Estas se asignan de manera estratégica para vigilar e informar sobre cualquier cosa que hagan o digan las prisioneras políticas. Si una de ellas aporta una información y las otras no, estas últimas se exponen a sanciones. Tal sistema se ha instaurado para que siempre tengan miedo las unas de las otras. Sonia se encuentra bajo vigilancia constante, incluso por parte de sus compañeras. Tan pronto como empieza a crear una amistad con alguna de ellas, las cambian de celda; todo está hecho para sofocar cualquier señal de solidaridad que pueda manifestarse”.

En Irán, Soheil Arabi pasó varios años encarcelado en una prisión de máxima seguridad debido a su activismo. Durante su reclusión, permaneció en régimen de aislamiento y fue sometido a frecuentes interrogatorios. Soheil recuerda: “ El primer día de interrogatorio me golpearon e insultaron”.

“Estaban molestos conmigo por criticar el islam y por publicar en línea contenido sobre temas sociales. Pero, en particular, me acusaban de criticar al profeta del islam y a los imanes. Me golpearon tan fuerte que perdí el conocimiento, y, cuando desperté, ya estaba en mi celda. Mi primer día consistió en golpes, insultos y amenazas. Unos días después, comenzaron los “verdaderos” interrogatorios. Los oficiales imprimieron algunas de las publicaciones que había subido a las redes sociales y me pidieron que las justificara y explicara por qué había difundido este contenido. En ellos criticaba la situación de Irán con el objetivo de encontrar soluciones. Sin embargo, querían que confesara que había recibido dinero por parte de Israel y Estados Unidos, y, por esta razón, me golpearon, amenazaron y torturaron. Tenía la impresión de que querían hacer creer que yo habría derrocado al Gobierno si no me hubieran arrestado, porque buscaban una mayor recompensa. A pesar de todo resistí. Aunque esto me costará la privación de visitas y de llamadas por tres años.“

Trasladar a las personas defensoras de los derechos de un establecimiento a otro es una práctica bastante común que, para las autoridades, tiene la ventaja de alejar y aislar a quienes se debe impedir actuar.

En Burundi, Anitha Gateretse explica que los traslados de las personas encarceladas por motivos políticos son una forma de demostrar la autoridad e intensificar la presión psicológica que ejercen las autoridades. Es una manera de apartar a las personas privadas de libertad de sus familiares y dificultar las visitas. Como señala José Luis Gutiérrez, se trata de una estrategia de alejamiento deliberada que constituye una violación más de sus derechos.

Las repercusiones de este alejamiento son aún más evidentes cuando la familia juega un papel crucial durante la reclusión de su ser querido. En muchos países, la familia no solo brinda apoyo financiero y moral, sino que también se encarga del lavado de la ropa y de proveer alimentos. Al separar a las personas privadas de libertad de sus seres queridos, se ataca directamente su dignidad, como lo explica Lucía Ixchíu: “Todo esto contribuye a la deshumanización de una persona a la que llevamos a un establecimiento penitenciario, en ocasiones situado al otro extremo del país, donde no conoce a nadie, no tiene vínculos ni contacto alguno. Es poco probable que la familia vaya a visitarla, ya que el viaje puede representar el presupuesto de todo un año”. El aislamiento también es una forma de tortura, añade.

Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos denuncia el creciente uso de la prisión como instrumento de represión y de castigo adicional contra quienes se atreven a hablar. Además, lamenta: “ En vez de usarse como lugares de reinserción potencial, las prisiones se han convertido en una herramienta para castigar a quienes defienden los derechos humanos. El objetivo ya no es solo privar a las personas de su libertad, sino castigarlas, infligirles malos tratos, denegarles atención médica e impedirles ver a sus familiares. Las prisiones se están usando para despojar de su humanidad a las personas defensoras de los derechos humanos”.