S. La tasa de ocupación de las prisiones del país es superior al 300 %, con una población preventiva mucho más numerosa que la penada. En ocasiones, las personas deben esperar un año o dos para comparecer ante una autoridad judicial, sobre todo aquellas que no tienen los medios para pagar un abogado que solicite al tribunal atender su caso. Ciertas personas están en prisión por deudas de derecho civil calificadas de estafa, o de delito menor, que no deberían conllevar la privación de libertad.
En los establecimientos para hombres, la sobrepoblación es terrible: algunos tienen que dormir al aire libre en el patio de la prisión y cuando llueve no tienen un techo bajo el cual refugiarse. En la prisión en la que estuve, un gran muro separa el módulo femenino del masculino. Los dormitorios de las mujeres cuentan con unas 15 camas de 90 cm de ancho, que compartíamos entre dos; teníamos que acostarnos en sentido contrario ─pies con cabeza─ para intentar ganar algo de espacio. Además de las camas, a veces se colocan hasta diez colchones en el suelo. En resumen, unas cuarenta mujeres pueden alojarse en un dormitorio previsto para quince, lo que dificulta el acceso a los sanitarios y las duchas.
Algunas mujeres deben dormir incluso en los pasillos, sobre colchones duros colocados en el suelo o sobre su ropa apilada. Quienes se ven obligadas a instalarse allí suelen ser pisoteadas y apenas pueden moverse debido a la cantidad de gente. Es en los pasillos donde la sobrepoblación resulta más difícil de soportar.
Los menores pueden ir a prisión a partir de los 15 años. Sin embargo, esto depende de su capacidad para demostrar su edad. El principio que establece la separación de los menores y los adultos no siempre se respeta, ya que hay pocos establecimientos para menores y estos se sitúan únicamente en tres provincias del país: Ruyigi, Ngozi y Rumonge. Algunas familias prefieren que sus hijos sean encarcelados en un establecimiento más cercano a su lugar de residencia, aunque esto implique que convivan con adultos.
Según la ley, los menores deben recibir asistencia legal, al igual que las personas que enfrentan penas superiores a 20 años de prisión. En la práctica, solo un porcentaje mínimo de la población carcelaria recibe dicha asistencia, debido a la falta de recursos. Los abogados y abogadas lidian con una carga de trabajo excesiva y un creciente desaliento frente a la situación actual. Además, los asuntos penales les resultan cada vez menos atractivos, ya que ni siquiera les permiten ganarse la vida. En ocasiones, las autoridades judiciales se niegan a atender los expedientes con el argumento de que la ley les impide juzgar un caso que no cuente con representación legal, y, por tanto, retrasan deliberadamente los procedimientos. Los representantes de las personas en prisión preventiva a menudo deben pagar para que el juicio pueda celebrarse. Como consecuencia, muchos casos quedan en suspenso o se abandonan por falta de asistencia letrada. Esta situación ha dado lugar a una economía informal, en la que algunas personas que han estado en prisión ofrecen a quienes siguen privadas de libertad encargarse de sus expedientes, a cambio de dinero.
