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FuentesRolando Arbusún Rodríguez

Introducción

El Estado uruguayo implementa una política penal altamente punitiva. La tasa de encarcelamiento de este país es la segunda más elevada de la región: 297 presos por cada 100 000 habitantes en 2016. Entre 1999 y 2017, la población carcelaria pasó de 4 117 personas a 11 500. Entre las causas principales de este aumento se encuentran la creación de nuevos tipos delictivos, la aplicación de penas de privativas de libertad cada vez más largas, la restricción de beneficios intrapenitenciarios y el uso excesivo de la detención preventiva (65% de la población carcelaria en 2016).

La política punitiva se ha acentuado en los últimos años y ha hecho que las condiciones de detención se degraden considerablemente. Los homicidios son actualmente la primera causa de muerte en prisión –31 durante el 2016—. El Instituto Nacional de Rehabilitación habilitó recientemente un módulo de aislamiento permanente en la Unidad No. 4 (Montevideo), basado en el modelo de las “supermax” norteamericanas. La primera prisión construida y gestionada a través de la modalidad de asociación público-privada, con capacidad para 1 900 prisioneros, será inaugurada a finales de 2017 y pasará a ser la segunda más grande del país.

A pesar de esto, las cárceles en Uruguay también tienen puntos positivos que resaltar. La Unidad No. 6 de Punta Rieles es conocida, a nivel regional e internacional, por ser una prisión modelo, con un régimen abierto en el que todos los internos participan en actividades laborales y/o educativas, y se les incentiva a crear su propia actividad generadora de ingresos.

El Comisionado Parlamentario Penitenciario presentó un recurso de amparo ante la Justicia luego de recibir la denuncia de que seis prisioneros de la Unidad No. 4 se encontraban en estado de desnutrición. Luego de que el Ministerio del Interior apelara una primera decisión, el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo, el 2 de agosto de 2017, en el que invoca las Reglas Mandela y obliga al Ministerio del Interior a aplicar, en menos de 30 días, un tratamiento individualizado para los seis reclusos en causa. Es la primera vez que se invocan las Reglas Mandela en la jurisprudencia uruguaya, lo que crea una importante expectativa sobre el impacto positivo que esto podría tener en las condiciones de detención del país.