Las mujeres son detenidas en differentes establecimientos. El único establecimiento penitenciario destinado exclusivamente para las mujeres es la Institución Correccional para Mujeres de Mandaluyong, que presenta altos índices de hacinamiento: en abril de 2015, acogió a 2273 reclusas en 1500 plazas. En estas instalaciones, las celdas “individuales” tienen cuatro camas y las zonas comunes tales como el vestíbulo y la cafetería terminan transformándose en dormitorios¹.
La Oficina de Administración de Prisiones y Penología (BJMP) acoge a las mujeres en 459 de sus establecimientos penitenciarios.

La ley Juvenile Justice Welfare Act 2006 prevé penas no privativas de libertad:

• Disculpa oral y escrita.
• Restitución de los bienes.
• Reparación de los daños causados.
• Indemnización de los daños causados.
• Medidas de protección, consejo y supervisión.
• Confiscación de los instrumentos del delito.
• Multa.
• Pago del coste de juicio.
• Reprimenda escrita u oral o citación.
• Counselling: Terapia.
• Asistencia a seminarios sobre: anger management, resolución de conflictos, valores de formación; etc.
• Servicios a la Comunidad.
• Escolarización, participación en programas de formación profesional o habilidades sociales.
• Institución de protección o detención. [^alberto]

El Gobierno ha creado programas de intervención para menores de los 12 a los 15 años autores de delitos graves, y ha construido centros, llamados “Bahay Pag-Asa” (casas de esperanza) para recibir a los niños en conflicto con la ley. [^alberto] : Alberto Muyot (Unicef Filipinas) en Observatario Internacional de Justicia juvenil

Igualmente, ha puesto en marcha servicios especializados en justicia para menores. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos señala que el personal asignado para atender a los menores es insuficiente.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas indicó en abril de 2016 que los menores detenidos, que con frecuencia provienen de las calles, suelen ser objeto de malos tratos y sometidos a interrogatorios sin la presencia de un tutor o abogado.

La Oficina de Administración de Prisiones y Penología (BJMP) publicó estadísticas sobre el número de extranjeros detenidos que, en septiembre de 2015, representaban un total de 325; la mayoría eran chinos (117), estadounidenses (29), coreanos (21) y nigerianos (20). Los extranjeros se encontraban encarcelados principalmente en la región de la capital (119, entre ellos, 105 chinos).
La Oficina Correccional y la Policía Nacional de Filipinas no publican las cifras relativas a los establecimientos nacionales y las comisarías, por lo que no hay datos disponibles.

Es casi imposible impugnar una decisión de asignación a prisión preventiva.

Los presos políticos se encuentran, en su mayoría, en prisión preventiva y son encarcelados con los demás reclusos, en las mismas condiciones. Las organizaciones centran sus esfuerzos en la defensa de las personas que han sido encarceladas por motivos políticos pero que enfrentan cargos penales. El Gobierno y las organizaciones de derechos humanos no tienen la misma definición de “preso político”. Las autoridades suelen fabricar pruebas falsas y mantener a los reclusos por un tiempo superior a la duración de su pena.

A finales de 2015, la Oficina de Administración de Prisiones y Penología (BJMP) y la Oficina Correccional contabilizaron 1326 presos políticos, acusados de delitos contra la seguridad nacional. La BJMP cuenta entre ellos a los reclusos de alto riesgo acusados de infracciones asociadas a una opinión política, que son recluidos en un módulo especial de máxima seguridad, y que pertenecen a grupos políticos —a menudo armados— en conflicto con el Gobierno: el Partido Comunista de Filipinas (PCP), el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el Frente Nacional Democrático (NDF), el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), el Grupo Abu Sayyaf (ASG), Jemaah Islamiya (JI) y otros grupos de extrema derecha y de extrema izquierda.

Sin embargo, el presidente Roberto Duterte, que a lo largo de su campaña electoral manifestó su intención de poner fin al tráfico de drogas mediante la ejecución de decenas de miles de personas, busca restablecerla.

Amnistía Internacional publicó el 31 de enero de 2017, un informe acerca de las numerosas ejecuciones sumarias ordenadas por el Gobierno. La policía e incluso los ciudadanos están autorizados a matar a toda persona sospechosa de vender o consumir drogas. Las cifras oficiales contabilizan, desde la llegada al poder de Duterte, 2551 muertes a manos de la policía y cerca de 4000 en circunstancias inexplicables.

Las víctimas suelen estar indefensas y son dadas de baja incluso después de haberse rendido; a veces se trata de niños. Las personas son denunciadas por terceros y ninguna investigación se lleva a cabo antes de su ejecución. La policía fabrica pruebas, saquea a las víctimas, redacta informes de incidentes falsos y contrata a sicarios para encargarse de las ejecuciones.

Amnistía Internacional denuncia un posible crimen contra la humanidad. Esta es una guerra en la cual los pobres son el objetivo. La organización describe una “economía del asesinato.” Los policías son remunerados —en efectivo y en secreto— tras cada enfrentamiento, con un precio por persona implicada. En cambio, no reciben ninguna bonificación por las detenciones.