El parque inmobiliario tiene capacidad para 6742 personas¹ y está compuesto de 22 establecimientos penitenciarios: cinco de condena, dos de máxima seguridad, y el resto mixtos. Dos establecimientos están reservados exclusivamente a mujeres reclusas y siete albergan a hombres y mujeres en detención preventiva.

Los centros penitenciarios son vetustos y la infraestructura se encuentra en muy mal estado. Los últimos establecimientos construidos datan de 2003, 2007 y 2010.

Las autoridades penitenciarias no ejecutaron, en 2013 ni en 2014, la asignación presupuestaria de 300 700 000 quetzales (40 671 USD) destinada a la construcción, el equipamiento y la ampliación de centros de detención. Del mismo modo, tampoco se invirtieron los 20 000 quetzales (2705 USD) asignados al mejoramiento de infraestructuras ya existentes².

La Granja Penal de Pavón, que alojaba a 2275 reclusos en julio de 2016, es un complejo penitenciario similar a un ‘campus de universidad’³. Tiene una avenida principal, conocida como la ‘Sexta Avenida’ con comercios, restaurantes, talleres, un auditorio, una iglesia y canchas deportivas⁴.

Comisarías de policía y cuarteles militares son utilizados como centros de detención:

Para enero de 2015, 1678 personas estaban recluidas en trece comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC); entre ellas, 184 ya habían recibido una condena. Las comisarías de policía poseen 845 plazas, lo que arroja una tasa de sobrepoblación del 200 %⁵.

El Gobierno habilitó, en 2010, varios centros de detención en cuarteles militares para alojar a exfuncionarios del Estado investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIC)⁶.

El cuartel militar Mariscal Zavala alojaba, en junio de 2016, a 195 exfuncionarios recluidos por delitos de corrupción. Debido a la sobrepoblación, 20 internos tenían que dormir en carpas instaladas en la zona 17, y el acceso al agua potable y a otros servicios básicos era complicado.

Para responder a este problema de sobrepoblación, las autoridades rehabilitaron al cuartel militar “Matamoros” para recibir a 32 reclusos. El establecimiento es conocido por haber alojado a altos funcionarios de gobierno como el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

Oficialmente, el sistema penitenciario guatemalteco es administrado por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y depende del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, en la práctica se mantienen dos sistemas de control carcelarios paralelos: el de la DGSP y el que ejerce la Policía Nacional Civil en trece comisarías que alojan por largos periodos de tiempo a personas privadas de libertad. Pero en cuestión de números, la DGSP alberga a un porcentaje mucho mayor que la PNC

Los equipos multidisciplinarios son responsables de acompañar a la persona privada de libertad en cada una de las fases del régimen de liberación progresiva (psicólogos, trabajadores sociales, médicos especialistas). A pesar de que la ley establece que cada centro penitenciario (para preventivos o condenados) debe tener un equipo multidisciplinario a disposición, en la práctica la mayoría debe rotar entre varios centros de reclusión.

La DGSP empleaba a 3469 guardias penitenciarios en agosto de 2016¹. En el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 hay alrededor de 4900 reclusos por 80 guardias, lo que representa un ratio de 61:1. Además, se debe tener en cuenta que los desplazamientos a audiencias, hospitales y otros reducen aún más el personal presente en el establecimiento. Gerardo Villamar, experto de la Procuraduría de Derechos Humanos, declaró: “Prácticamente, adentro de los centros penales el reo tiene que ver cómo convive con todos los demás, porque hay una ausencia del Estado”².

El informe 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala la responsabilidad de funcionarios del Estado en actos de corrupción y violencia, como aceptar sobornos de los reclusos para que se les permita introducir armas de fuego o drogas dentro de los centros penitenciarios.

El 3 de septiembre de 2014, en el marco de un operativo realizado por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se realizaron 15 allanamientos y se capturaron a siete personas involucradas en una red de corrupción dentro de las cárceles guatemaltecas, entre las cuales, el entonces Director del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo³.

A la cabeza de la red criminal estaba el excapitán del ejército Byron Lima, recluido desde el año 2000 por el asesinato del arzobispo Juan Gerardi. Lima actuaba como autoridad principal dentro de la cárcel Pavoncito y operaba un comercio de privilegios, en el que los reclusos pagaban grandes sumas de dinero a cambio de permisos de visita, traslados a otras prisiones, celulares y drogas, entre otros.

El Gobierno presentó, en febrero de 2015, el proyecto de formulación de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria (PNRP) 2014-2024. El texto reconoce la pérdida de control del Estado en los centros de detención, afirmando que “se [han] convertido en escuelas del crimen y en símbolos de corrupción, peligro, hacinamiento, impunidad, delincuencia, motines, fugas y violaciones a los derechos humanos” y advirtió que podrían “llegar a una verdadera crisis humanitaria que amenaza incluso la seguridad pública.”⁴

La finalidad del PNRP 2014-2024 es permitir que el Sistema Penitenciario respete los fines de reinserción de la privación de libertad. El proyecto establece que la PNPR 2014-2024 no contará con un presupuesto hasta el cuarto año de implementación, lo que limita considerablemente el cumplimiento de los objetivos previstos. Además, se prevé hacer una evaluación de resultados al tercer año para decidir si es pertinente asignarle un presupuesto.

El PNPR destaca también la labor del personal penitenciario, que califica como “uno de los más peligrosos de Guatemala, debido a que desde el 2008 se ha registrado varios ataques armados que dejaron como saldo 47 empleados fallecidos”⁵