“Quien haya pasado un tiempo en prisión ─ya sea como miembro del personal, interno, sociólogo o visitante─ sabe con certeza que se trata de un entorno en el que prevalece la ley”, afirma Luca Sterchele, sociólogo experto en derecho y prisión de la Universidad de Milán (Italia). La reclusión se basa en una serie de reglas que rigen cada momento, “hasta las acciones más triviales”.

“Primero está la ley, luego el Código Penitenciario, y después las notas de servicio. Y para cada estructura, existe un reglamento interno”, resume Damien Rameau, guardia penitenciario y miembro del sindicato francés SNEPAP-FSU.

Las leyes nacionales, las normas europeas e internacionales y los códigos penitenciarios definen, de manera general, las libertades fundamentales de las personas privadas de libertad: salidas al patio, correspondencia, mantenimiento de los vínculos familiares, acceso a la higiene o a la atención médica, entre otros. Sin embargo, en la práctica, son las normas administrativas de cada establecimiento las que determinan cómo se ejercen estos derechos.

Circulares, instrucciones y notas de servicio regulan todos los aspectos de la vida en prisión: desde los objetos permitidos en las celdas y la ropa que pueden llevarle los familiares, hasta los horarios de las duchas y las condiciones de acceso a las visitas. Asimismo, definen el régimen disciplinario del establecimiento, incluyendo la naturaleza de las faltas y las sanciones posibles.

Para que este sistema funcione, algunas personas ─miembros de la dirección, del personal médico y de vigilancia─ cuentan con una autoridad que les confiere la ley. Son ellas las que deciden sobre la apertura de las puertas, autorizan los desplazamientos y validan los trámites administrativos. Esta autoridad no es un poder personal o informal; se trata más bien un poder institucional delegado por la ley.

En prisión, nada se hace sin la autorización del personal penitenciario; los funcionarios son los que gozan de la autoridad. “Imagine que encierren a una persona en un baño de 15 m2 y que la única manera de que pueda interactuar con alguien o ducharse sea que un guardia le abra la puerta. Sin esta intervención, la persona privada de libertad no puede hacer nada”, relata Damien Rameau.

La dependencia de las personas privadas de libertad no solo es material, sino también financiera. Georges, recluido en Suiza relata: “ De las once a las doce, veo televisión, por lo que tengo que pagar un euro al día. Si nadie viene a verme o no tengo dinero en mi cuenta, no hay tele, pues trabajar es prácticamente imposible: hay muy pocas plazas y muchos reclusos”. Utilizar el teléfono tampoco es algo simple, pues la autorización de una llamada requiere varias etapas administrativas. “Hay que desbloquear el acceso, ingresar los números autorizados y asegurarse de que la persona pueda llamar. Y como las llamadas son pagas, alguien debe ingresar dinero en la cuenta para este servicio también”, explica Damien Rameau.

Por otra parte, la cuestión de la seguridad se ha convertido en una justificación válida para intervenir de manera constante en la vida cotidiana de las personas privadas de libertad. En 2025, en España, el Ministerio del Interior prohibió que las personas privadas de libertad vistieran cierta ropa “negra, azul oscuro o similar”, por razones de seguridad. Este tipo de restricción ilustra hasta qué punto la administración penitenciaria ejerce su poder, incluso en los más mínimos detalles.

“Seamos claros, una persona privada de libertad no es libre de nada, pues para todo depende de la administración penitenciaria”, señala Damien Rameau.

Así pues, resulta bastante sorprendente que la gente siga creyendo que las personas privadas de libertad “imponen sus reglas” en prisión. Según Luca Sterchele, en Italia, esta idea tiene mucho que ver con el imaginario colectivo asociado a las grandes organizaciones criminales: “Muchos piensan que estos grupos controlan las dinámicas internas”, lo que no es en absoluto el caso. Lo mismo ocurre en Francia, donde se cree que los narcotraficantes tienen la capacidad de movilizar redes al exterior de la prisión o de amenazar la seguridad del personal penitenciario: “Esto solo concierne al 1 % o el 2 % de la población carcelaria”, declara Damien Rameau.

Estas representaciones y discursos reflejan no una realidad objetiva, sino una percepción del poder, alimentada por experiencias aisladas, y, a menudo, sobremediatizadas. El Sociólogo Luca Sterchele explica también que, en Italia, esta idea se ha intensificado entre el personal de seguridad tras los casos en los que algunos de sus miembros han sido procesados por actos de tortura. Por esta razón, las y los guardias comenzaron a decir que el poder se ha invertido y que ahora son las personas privadas de libertad las que deciden todo”.

Existe otra dimensión importante del funcionamiento carcelario que no puede pasarse por alto y es que, más allá de las normas oficiales, la vida en prisión también se organiza en torno a negociaciones informales, zonas grises y espacios de interdependencia.

Luca Sterchele lo explica:

“La vida cotidiana en prisión no puede reducirse a las disposiciones legales que la regulan. Al contrario, esta tiende a alejarse constantemente de ellas. Podríamos hablar de “código carcelario”, un sistema normativo oficioso, no escrito y encarnado por todos los actores de la prisión”.

Según Didier Fassin, sociólogo y médico francés, estas normas oficiosas contribuyen a mantener cierta paz social en prisión, en aquellos aspectos en los que las normas oficiales podrían generar tensión. Como lo describe en su obra L’ombre du monde (La sombra del mundo), “el orden de la prisión solo puede mantenerse mientras exista cierta flexibilidad: que los funcionarios estén dispuestos a dialogar, negociar y hacer concesiones […] Los “pequeños acuerdos” son indispensables para preservar la paz en prisión”.

Damien Rameau comparte esta opinión: “La ley prohíbe pasar objetos en prisión. Si una persona privada de libertad no tiene una hoja de tabaco para su cigarrillo, por ejemplo, el guardia debe elegir entre in a buscar una hoja a otra celda para calmar la situación o no hacer nada. Si respeta la ley y no entrega la hoja, esto puede provocar tensiones, pero si lo hace, se arriesga a una sanción en caso de que ocurra algún incidente”.

Las normas oficiosas no rigen solamente las relaciones entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, sino que también estructuran las dinámicas de poder dentro de esos mismos grupos.

Desde el lado del personal penitenciario, Luca Sterchele ha observado que existen “jerarquías informales, en las que los miembros del personal de menor rango no siempre reconocen la autoridad de los responsables que se ciñen demasiado a la ley y los procedimientos. Estos miembros prefieren seguir las sugerencias prácticas de colegas con mayor antigüedad o que se sientan más cómodos con las normas informales”.

Esta lógica aparece claramente en un estudio sociológico llevado a cabo en Francia por Corinne Rostaing: mientras que el 71 % del personal de seguridad en formación prefiere redactar un informe de incidente en caso de conflicto, un año después solo el 38 % lo hará, y el 62 % preferirá solucionar los conflictos de manera informal, “de cara a cara”.

Luca Sterchele recuerda el caso de una mujer a la que asignaron por primera vez a la dirección de una prisión para hombres. “Ella estableció límites estrictos y definió claramente lo que significaba el uso legal de la fuerza. El personal penitenciario del establecimiento adoptó entonces micro estrategias de acción autónoma contra sus órdenes, lo que agravó la situación y dio lugar a su traslado.

Entre las personas privadas de libertad también existen códigos informales y jerarquías de autoridad. Estos se hacen particularmente visibles en los espacios en los que el personal penitenciario se mantiene en un segundo plano, lo que puede deberse a diferentes razones: ciertos lugares como las celdas, constituyen un espacio de intimidad; otras zonas, como la biblioteca o algunos talleres, se han diseñado para que las personas privadas de libertad puedan desenvolverse de manera autónoma. Damien Rameau señala que “estos espacios son cada vez más restringidos”.

Algunas dificultades estructurales ─como la sobrepoblación y la falta de personal, entre otras─ pueden también limitar la capacidad de acción de los funcionarios. En los patios, por ejemplo, la proporción de guardias presentes respecto al número de reclusos es muy baja, lo que puede impedirles intervenir, incluso en caso de conflicto.

En los espacios en los que el personal penitenciario no está presente, las personas privadas de libertad se reparten las funciones de autoridad. “Existen diferentes niveles de autoridad entre los distintos grupos, pero también dentro de ellos mismos”, explica Luca Sterchele. “Las personas privadas de libertad no forman un grupo homogéneo, sino que se dividen según criterios de raza, clase social y desigualdades estructurales. Los procesos de marginación social que existen fuera de prisión, se importan, reproducen y refuerzan al interior de la prisión”.

La socióloga Leïla Delannoy Aissaouï habla, por su parte, de “ethos guerrero” para describir las dinámicas de poder que existen entre las personas privadas de libertad. Este concepto permite comprender cómo en un entorno violento y competitivo, cada persona moviliza sus recursos ─físicos, psicológicos y relacionales─ para asegurarse un lugar dentro de la jerarquía y garantizar su seguridad.

Damien Rameau señala que las personas privadas de libertad desempeñan un papel activo en su propia subsistencia. “No se trata solo de una noción de bien o mal, es más bien una zona gris”.

A esta pregunta, Luca Sterchele responde: “ante todo a la administración”. La gobernanza en prisión se basa en la lógica de “la zanahoria y el palo”. En otras palabras, la ley define los criterios de acceso a ciertos derechos, como las actividades, el trabajo o la revisión del cumplimiento de las penas, pero su aplicación depende también de las evaluaciones oficiosas, lo que deja al personal un margen de maniobra considerable.

Una persona privada de libertad a quien se le percibe como “débil”, que respeta los códigos implícitos del establecimiento, obtendrá con mayor facilidad ciertos beneficios o grados de flexibilidad de manera puntual. Entre esos códigos no escritos pueden figurar, por ejemplo, no impugnar una decisión en público o dirigirse al personal de manera respetuosa, educada o cordial.

Las personas que cuentan con recursos financieros, sociales o culturales se desenvuelven con mayor facilidad en este entorno. Dragos, antiguo recluso húngaro y presidente de la Liga Detinutilor, una asociación que acompaña a las personas privadas de libertad, señala: “Tu personalidad realmente te ayuda a sobrellevar el encarcelamiento”.

Esto les puede permitir ganar unos minutos más de ducha o de visita con sus familiares, o incluso conseguir que el personal “haga la vista gorda” ante su consumo de cannabis o se abstenga de redactar un informe sobre algún incidente. La simpatía o, por el contrario, la antipatía de un funcionario hacia una persona privada de libertad puede influir en la aplicación de sanciones o el acceso a ciertos derechos.

Sin embargo, esto no significa que las personas percibidas como “débiles” o “influyentes” escapen al poder institucional. “Qué interés tendrían los reclusos en pretender que están al mando?, se pregunta Damien Rameau, “Sea como sea, si el guardia decide no abrir la puerta de la celda, no la abrirá. Las personas privadas de libertad saldrían perjudicadas por partida doble, es decir, tanto en su vida cotidiana como en el plano penal”.

Para la gran mayoría de la población carcelaria, las reglas tácitas de docilidad, por ejemplo, constituyen un obstáculo para el acceso a sus derechos fundamentales. John McGhee, antiguo recluso escocés, declara:“Debía pelear todos los días para poder obtener las cosas a las que tenía derecho” […] Recuerdo que una vez había enviado una solicitud para una visita. Mi familia viajó dos horas y media hasta Edimburgo para que, al final le rechazaran la entrada. Resulta que un guardia había tirado a la basura mi formulario debido a un desacuerdo que habíamos tenido tres semanas antes”. Si el respeto de los derechos depende de la voluntad del personal, estos se convierten en algo que se debe negociar o ganar.

“Este código informal abre o cierra vías de acceso a los derechos en función de la capacidad de una persona privada de libertad a respetarlo”, señala Luca Sterchele. “Y cuando la aplicación de un derecho depende de otras reglas o comportamientos, ya no es un derecho, sino un privilegio”.

Estas normas informales no son neutrales, ya que también reflejan las representaciones y prejuicios del personal penitenciario. Luca Sterchele describe un fenómeno de discriminación racial en las prisiones italianas del que son objeto ciertas personas privadas de libertad, percibidas por el personal como sospechosas por defecto. “Existe una idea generalizada de que las personas reclusas norteafricanas son simuladoras, astutas, y siempre fingen dolor para obtener favores. Esta representación afecta su acceso a la atención sanitaria, ya que cada solicitud se recibe con desconfianza y, a veces, puede ser rechazada por ese motivo”. “Estas prácticas están normalizadas, se consideran “la forma en que funcionan las cosas”, lo que las hace muy difíciles de cuestionar”, añade. Además, cuestionar estas prácticas resulta mucho más difícil, dado que las vías de recurso son poco accesibles para las personas privadas de libertad y rara vez dan resultados.

“Todo el mundo dicta normas en prisión. La verdadera pregunta es quién tiene el poder para aplicarlas y sobre quién. Algunas personas privadas de libertad pueden imponer sus reglas a sus compañeras, pero no al personal ni a la institución”, concluye Luca Sterchele. “La realidad cotidiana de la prisión muestra constantemente que las dinámicas de poder son bastante sólidas y que no representan una verdadera amenaza para la estructura de poder institucional”.

Aunque estas normas oficiosas moldean, junto con las normas oficiales, las dinámicas de poder en prisión, esto no significa en absoluto que el personal penitenciario haya cedido su autoridad a las personas privadas de libertad.

La arquitectura del poder carcelario, lejos de verse desestabilizada, permanece intacta, y las personas privadas de libertad continúan en la base de la jerarquía.