Sin respuestas: investigación sobre las muertes sospechosas en las prisiones europeas
Investigaciones someras, información limitada y procedimientos judiciales lentos
Fuente: StreetPress
< imagen ©Léa Guiraud - Kiblind.
El pasado 7 de junio, Amélie Makiadi, de 26 años, llamó a la prisión de Fleury-Mérogis (Francia) para confirmar la visita a su hermano Aubin, prevista para la tarde. Sin embargo, al cabo de unos treinta minutos, una voz del otro lado del teléfono le dijo: “Ah no, su hermano ha muerto”. En ese instante, comprendió que había perdido para siempre a su compañero inseparable: “Nos decían Chip y Dale”. Si bien la administración penitenciaria concluyó que se trataba de un suicidio, su hermana sospecha que pudo haber actos de violencia: “Varias personas escucharon gritos y golpes la noche de su muerte”, declaró. Al identificar el cuerpo de su hermano en la morgue, Amélie descubrió su rostro hinchado y varias marcas en los hombros. “Lo que me permitió reconocerlo fue el dibujo en forma de estrella que tenía en el cabello; era yo quien hacía sus trenzas”. La familia interpuso una denuncia contra el establecimiento. No obstante, cinco meses después, la investigación aún está en curso y la familia sigue esperando el informe detallado de la autopsia.
A más de mil kilómetros de Francia, la familia Duduianu también espera respuestas. Frente a la prisión de Rahova (Rumania), que aloja a cerca de 1500 personas, se alzan dos villas una junto a la otra. Sobre sus fachadas color crema, se encuentran los retratos de dos hombres que observan a los transeúntes; uno de los cuales comenta: “Aquí todo el mundo los conocía”. Laurentiu, de 36 años, más conocido con el nombre de “Ciprian Pian”, uno de los jefes del clan del mismo nombre, falleció en julio en la prisión de Jilava, al sur de Bucarest, tras haberse quejado de dolores en el pecho, por los cuales no recibió atención médica. Unas semanas más tarde, Nicusor, de 42 años, otro líder del clan Pian, se desplomó al salir del consultorio médico de la prisión de Rahova. En su caso, tampoco se le brindó atención por sus dolores en el corazón. Sus familiares denuncian “condiciones dudosas” y prevén entablar demandas judiciales contra los establecimientos penitenciarios.
Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas las muertes en prisión se consideran sospechosas y deben ser objeto de una investigación judicial independiente. Sin embargo, muchas familias consideran que esto es insuficiente y reclaman mayor transparencia, ya que a menudo se las deja al margen de las investigaciones. Algunas denuncian las fallas que habrían provocado la muerte de su ser querido mientras se encontraba bajo la responsabilidad del Estado, y otras ponen cuestionan la responsabilidad del personal de seguridad. Tras explorar el tema del suicidio en prisión, este segundo artículo se concentra en otra zona opaca: las muertes de personas privadas de libertad en las que las circunstancias son confusas y las respuestas, dudosas.
StreetPress y Prison Insider investigaron sobre las muertes calificadas de “sospechosas” en Francia, Rumania y Hungría, donde la tasa de mortalidad en las prisiones es particularmente elevada. El mutismo al que se confrontó StreetPress revela la ley del silencio que rodea los casos de las muertes en prisión, en los que se cuestiona la responsabilidad de la administración penitenciaria. Las preguntas se eluden y las visitas se rechazan.
Investigación sobre las muertes en las prisiones europeas
Esta investigación consta de dos partes: la primera explora los suicidios en prisión, vinculados a la falta de atención psicológica y las condiciones de reclusión; la segunda se centra en las muertes sospechosas, que ponen de manifiesto la violencia institucional de las prisiones de Francia, Rumania y Hungría.
El presente artículo lo ha producido StreetPress, con la colaboración de Prison Insider, en el marco del proyecto La verdad sin velos, financiado por el European Media and Information Fund.
En 2024, el Comité Helsinki Húngaro recibió 660 denuncias, 21 de ellas por malos tratos.
Frente a la entrada de la prisión de Budapest (Hungría), María, de apenas 20 años, se cubre con su abrigo negro mientras espera su turno, sin quitar los ojos de la puerta de la prisión en la que su esposo lleva dos años encarcelado. Con un dejo de preocupación en su voz, María declara: “La última vez que lo vi, me dijo que un guardia lo había golpeado por haber participado en una protesta con otros reclusos para pedir que aumentaran las raciones de comida”. En 2024, el Comité Helsinki Húngaro ─ONG de derechos humanos─ recibió 660 denuncias contra las prisiones del país, 21 de ellas por malos tratos.
Gabor Gyozo, abogado del Comité ha observado “un ligero aumento de las denuncias por agresiones físicas durante los últimos años”. En la prisión de Tiszalök, al noreste de Hungría, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) contabilizó “numerosas denuncias creíbles de malos tratos en 2024”. Fue en este establecimiento que Balazs, de 34 años, vio a algunos agentes golpear a varios de sus compañeros. “Tenía mucho miedo por él”, confiesa su madre, Safia, aterrorizada por el clima de terror que reina en esa prisión: “Un día, Balazs tenía fiebre y un guardia le prohibió cubrirse”, relata. El Comité exige que “todas las personas privadas de libertad que denuncien haber sido víctimas de malos tratos sean examinadas por un médico independiente y que las medidas de seguridad especiales solo se apliquen de manera excepcional”.
En Francia, la Inspección General de los Lugares de Privación de Libertad señaló que, en 2025, las interacciones entre las personas privadas de libertad y el personal de seguridad dieron lugar a 229 denuncias, de las cuales 79 por actos de violencia. “En la cárcel de Tarbes, había una celda, la 130, reservada para propinar golpizas a los reclusos. Pensaba que estas prácticas eran cosa del pasado, que se cometían hace unos cuarenta años”, se indigna la inspectora general, Dominique Simonnot. “En ocasiones, el personal reacciona de manera desproporcionada a las agresiones de las personas privadas de libertad, pero los abusos son muy aleatorios y difíciles de evaluar”, señala Wilfried Fonck, secretario nacional de la UFAP-UNSA Justice ─Sindicato penitenciario francés─.
En Rumania, Iacob, de 36 años, describe una realidad similar en la prisión de Giurgiu, al sur del país, donde estuvo encarcelado de 2009 a 2015: “Había una celda en la que se sometía a mis compañeros a golpizas y vejaciones tanto físicas como psicológicas. En 2013, varios miembros del personal golpearon hasta la muerte a dos hombres privados de libertad por distintos supuestos delitos. Algunos reclusos afirman que este tipo de abusos siguen ocurriendo”. En 2022, el CPT recogió testimonios que daban cuenta de repetidos golpes en la planta de los pies, un método de tortura conocido como “falaka”. El organismo reitera “la importancia de que el personal médico documente todos los casos de lesiones y de que la Fiscalía lleve a cabo un seguimiento riguroso”.
En Rumania, desde los años 1990 comenzaron a aparecer grupos de intervención encapuchados, conocidos como “los mascati”.
“Tenemos la impresión de luchar contra la corriente”
Gaspar solo se atrevió a demandar al guardia que lo agredió hasta después de su liberación en 2021.
¿Cámaras ineficaces?
En 2023, en Hungría, una persona privada de libertad fue sometida a malos tratos en su celda, mientras dos cámaras de seguridad filmaban el corredor. Su abogado, Gabor Gyozo, pensaba que se trataba de un golpe de suerte hasta que vio las imágenes: “Varios segundos de la grabación habían desaparecido. El experto que analizó las grabaciones concluyó que las imágenes habían sido manipuladas”. En Francia, no existe un plazo definido durante el que se deben conservar las grabaciones “y cuando logramos obtenerlas, a menudo recibimos un extracto del video en el que solo se ve el momento en el que hallan el cuerpo, pero no lo que sucedió antes”, afirma el abogado Vincent Scuderoni. Según algunas fuentes, para intentar protegerse, el personal de seguridad podría desactivar las cámaras, borrar ciertas imágenes o ajustar las versiones de los hechos para que estas concuerden.
En Rumania, Andrei, encarcelado entre 2002 y 2024, considera que “gracias a la instalación de cámaras, las golpizas son menos frecuentes”. Por su parte, Ioan Durnescu, criminólogo y profesor de la Universidad de Bucarest, declara que, en 2024, “el 10 % del personal penitenciario en contacto directo con las personas privadas de libertad recibió formación en gestión de incidentes”.
En Sopronkohida, cerca de la frontera austriaca, las grabaciones de las cámaras de seguridad y la asistencia jurídica del HHC permitieron a un recluso húngaro obtener justicia tras la agresión de un guardia. Al ser reconocido como víctima, recibió una indemnización de un millón de forintos (2600 euros) por daños y perjuicios, así como una disculpa oficial. Lili Kramer, socióloga y criminóloga húngara del HHC, subraya: “Sin las imágenes, habría sido difícil establecer los hechos. Sobre todo, porque la cultura del miedo es muy común entre las personas privadas de libertad, a quienes se les presiona para que guarden silencio”.
Gaspar, de 55 años, encarcelado durante seis meses en Vác, al norte de Budapest, solo se atrevió a demandar al guardia que lo agredió hasta después de su liberación, en 2021. “Tenía miedo de las represalias. Vi cómo trataban a las personas que se quejaban: traslados a celdas peligrosas, más controles, supresión de ciertos derechos”. Unos meses después de su liberación, su demanda fue desestimada.
En abril, las hermanas de Alassane Sangaré, cuyo cuerpo fue hallado en la prisión de Fleury-Mérogis (Francia) llevaron estas cuestiones carcelarias ante la ONU y reclamaron más “justicia”. Una manera de hacer escuchar sus voces más allá de las fronteras.
Redacción Audrey Parmentier para StreetPress, en colaboración con Prison Insider. Ilustración Léa Guiraud.
La responsabilidad del contenido apoyado por el European Media and Information Fund recae únicamente en sus autores y autoras y no refleja necesariamente la posición del fondo ni de sus colaboradores: la Fundación Calouste Gulbenkian y el Instituto Universitario Europeo.
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