En 2020, Nina, de 29 años, no necesitó ver nada para comprender lo que estaba sucediendo: “Todo resonaba en los pasillos”. Al escuchar las descargas del desfibrilador y el cierre de la bolsa mortuoria, desde su celda en la cárcel de Joux-la-Ville (Francia), supo que una de sus compañeras nigeriana, sin familia ni amigos, acababa de morir.

Si bien siempre existen distintos factores que pueden empujar a una persona al suicidio, algunos momentos del encarcelamiento resultan especialmente difíciles. El primer ingreso, por ejemplo, puede tener consecuencias tan traumáticas como la imposición de la sentencia o un traslado a otro establecimiento. Las condiciones de reclusión, por supuesto, también influyen de manera significativa.

En Rumania, la duración media del encarcelamiento es de 25 meses, frente a 11 meses en Francia. Dragos Octavian Stan, de 37 años, pasó nueve meses en la prisión de Mioveni, al noreste de Bucarest, situada a 140 kilómetros de Alexandria, donde viven su esposa e hija. Desde su liberación en junio de 2024, dirige la Liga Detinutilor, una asociación fundada ese mismo año, que acompaña a 260 personas en su proceso de reinserción, 120 de las cuales aún se encuentran en prisión. Con un tatuaje tribal en el cráneo y ojos verdes que combinan con su chaqueta, Dragos Octavian Stan lleva siempre su teléfono móvil a mano: “Hace dos días un recluso me llamó para decirme que quería acabar con todo. Él había cortado los vínculos con su familia y su único contacto era yo”, declara.

Según el estudio “La santé mentale en population carcérale sortant” (la salud mental de la población carcelaria en proceso de liberación), realizado en 2022, las personas que ingresan en prisión presentan, en promedio, una prevalencia de problemas psiquiátricos tres veces superior a la población general.

En 2023, en Francia, ciento cuarenta y ocho personas privadas de libertad (de una población carcelaria de 80 000) se quitaron la vida, es decir, una cada tres días, según contabilizó el Colectivo “Les morts de la prison” (las muertes en prisión) ─ya que ni el Ministerio de Justicia ni la administración penitenciaria se encargan de contabilizar estos decesos─. El sistema es similar en Hungría y en Rumania, aunque ambos países presentan tasas de suicidio más bajas: respectivamente uno y tres suicidios por cada 10 000 personas privadas de libertad, frente a 19 en Francia. En 2025, según declaró la administración penitenciaria a StreetPress, en Rumania se habrían registrado nueve suicidios. En Hungría, las únicas cifras disponibles son las del informe SPACE del Consejo de Europa, que contabilizó siete muertes por suicidio en prisión durante 2022.

“En Francia, las personas alojadas en módulos disciplinarios presentan un riesgo de suicidio veinte veces superior al del resto de la población carcelaria”, señala Alexis Vanhaesebrouck, investigador en salud pública. Quienes han estado allí, los describen como una prisión dentro de la prisión. Las personas sancionadas por mal comportamiento pueden pasar hasta treinta días en estos espacios de 9 m2 de concreto, sin ninguna actividad, completamente solas y sin sus objetos personales. La sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones ─ONG independiente─ considera estos módulos tan inhumanos como contraproducentes y reclama su supresión.

Sacha Chapert, un chico discreto de 18 años que terminó en prisión por haber robado dinero de la caja del supermercado en el que trabajaba, se ahorcó con los cordones de sus zapatos el 27 de abril de 2021, en la cárcel de Saint-Brieuc. Ingresado en el módulo disciplinario tras una pelea, el adolescente escribió varias cartas para suplicar a la dirección del establecimiento que le fraccionara su sanción. “Él ya había intentado ahorcarse dos días antes de su muerte” cuenta a StreetPress su madre, Loriane Aït-Hammou, quien recuerda que Sacha le decía: “Mi mente no logra salir por la ventana”. Su madre interpuso una demanda por “homicidio involuntario” y “negligencia”. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura subraya que la duración máxima del aislamiento “no debe exceder de catorce días”.

Mario, quien pasó seis años en distintas prisiones húngaras, recuerda que, en 2013, en la prisión de Balassagyarmat, al norte del país, uno de sus compañeros pidió ayuda al personal penitenciario después de que otros reclusos lo agredieran: “El que terminó en el módulo de aislamiento fue él, en lugar de sus agresores y, poco tiempo después, se suicidó”, declara.

“Mi hijo tiene pensamientos suicidas y temo que pase al acto”, confiesa Safia. Su hijo, Balazs de 34 años, encarcelado en Csenger, un establecimiento húngaro de máxima seguridad en la frontera con Rumania abierto esta primavera, no tiene a nadie con quien pueda hablar de sus problemas. Solo pudo reunirse dos veces con un psicólogo, a pesar de todas sus solicitudes, y únicamente por videollamada. Según la criminóloga Lili Kramer del Comité Helsinki Húngaro (HHC), esta situación es común: “En una prisión cualquiera hay entre dos y cinco profesionales en psicología para ocuparse de unas 600 personas privadas de libertad”. Entre 1995 y 2017, el HHC dirigió un programa de seguimiento de las condiciones de vida en prisión, antes de que el Gobierno rompiera unilateralmente los acuerdos de cooperación. Sobre este tema, la administración penitenciaria húngara respondió a StreetPress: “Desde su ingreso en prisión, las personas se someten a un examen médico y psicológico exhaustivo. La atención es individualizada y la brindan psicólogos empleados por el establecimiento”.

El centro penitenciario de Rahova, situado a unos diez kilómetros de Bucarest (Rumania), cuenta con 1500 plazas y presenta una sobrepoblación del 121 %. Sin embargo, solo dispone de una psiquiatra, “quien además debe encargarse de la parte administrativa”, señala Georgiana Gheorghe, presidente de la asociación por la defensa de los derechos humanos, una de las pocas estructuras que velan por el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

En Fleury-Mérogis (Francia), donde 4808 personas se encuentran privadas de libertad, el servicio médico psicológico regional solo dispone de 18 plazas para hombres y nueve para mujeres. El servicio permanece completo.

Según Pascale Giravali, presidenta de la Asociación de los Servicios de Psiquiatría en el Ámbito Penitenciario en Francia, las dificultades van más allá de una cuestión de capacidad: “El personal médico debe lidiar con condiciones de acceso a la atención cada vez más complejas, debido al aumento de las medidas de seguridad y de coerción que se han implementado en las prisiones”. El abogado húngaro Batki Pal relata que uno de sus clientes pasó ocho días en aislamiento y que su único contacto era un guardia que abría la puerta cada 24 horas para preguntarle: “¿Suicidio?”

“La muerte sigue siendo un tabú en nuestra profesión. Ni siquiera se menciona durante la formación”, declara Wilfried Fonck, secretario nacional de la UFAP-UNSA Justice ─sindicato penitenciario francés─. En Fleury-Mérogis (Francia), los guardias del módulo disciplinario solo reciben dos días de formación en prevención del suicidio. “Con la experiencia, uno reconoce las señales: a veces hablar de suicidio es también una manera de salir de prisión. Hay que distinguir lo falso de lo verdadero”, afirma un funcionario, que evoca el riesgo de “chantaje”, sin que exista prueba alguna de ello.

En Rumania, el personal penitenciario no recibe ninguna formación específica. “El suicidio no es realmente un fenómeno en nuestro caso”, afirma el vicepresidente del principal sindicato penitenciario rumano, Adrian Neagoe. Al consultar el informe de actividades de 2024 publicado por la administración penitenciaria rumana, Streetpress constató que, en sus 78 páginas, el tema del suicidio solo se menciona una vez, y de manera muy breve.

En 2017, las autoridades rumanas pusieron en marcha un plan de acción tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigía mejorar las condiciones de reclusión. “La administración penitenciaria otorga gran importancia a la reinserción y al mantenimiento de los vínculos familiares”, explica Ioan Durnescu, criminólogo rumano y profesor de la Universidad de Bucarest, quien añade: “Gran parte de la población carcelaria en Rumania comparte celdas entre cuatro y doce personas. Esto podría actuar como un factor disuasivo frente al suicidio”.

En Francia, se implementó un programa de prevención del suicidio en 2009, que desde entonces se ha modificado con regularidad, sin que haya logrado reducir el número de casos. La tasa de suicidios incluso aumentó del 12,9 % entre 2022 y 2023, según la Dirección de la Administración Penitenciaria. “Existen mejores soluciones que despertar a una persona en medio de la noche o ponerle ropa de papel [pijama antisuicidio, ndlr] en una celda de protección de urgencia, aunque esto pueda resultar útil”, afirma Wilfried Fonck. Entre las iniciativas implementadas se encuentra el programa de “internos de apoyo” inspirado en el modelo británico. Sin embargo, para Gaëtan Cliquennois, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), se trata de “una manera de hacer recaer la responsabilidad de la vida de una persona sobre sus compañeros y de quitársela a la administración penitenciaria”.

Al este del continente, Hungría adopta un enfoque centrado en la seguridad, como lo explica la criminóloga Agnes Solt. Esta se traduce en la “presencia de cámaras en las celdas de aislamiento, rondas frecuentes del personal y paneles de plexiglás sobre los barrotes, sobre todo para las personas que cumplen penas de larga duración”. La prisión de Csenger, llamada “la prisión inteligente”, sería uno de los laboratorios de dichos dispositivos. Según un antiguo funcionario de la administración penitenciaria, se prevé instalar “sistemas que vigilan los movimientos y las expresiones faciales, así como brazaletes conectados que detectan conductas de riesgo”.

El sistema penitenciario húngaro sigue un modelo casi militar. De hecho, es el Ministerio del Interior ─ y no el Ministerio de Justicia─ el responsable de las prisiones. El personal médico se gestiona dentro de un marco híbrido jerarquizado, que, en ocasiones, limita su independencia frente a la administración penitenciaria. “La prisión contrata directamente a muchos de los profesionales en psicología que trabajan con las personas privadas de libertad, lo que no debería ser así. En algunos establecimientos, el personal sanitario y de salud mental lleva el mismo uniforme que los guardias. Esta situación impide que los reclusos confíen en los psicólogos.”, lamenta Lili Kramer. Un antiguo funcionario de prisiones afirma que “en la práctica, la administración penitenciaria prefiere no rebatir las opiniones médicas por temor a asumir la responsabilidad en un campo que desconoce”.

Para Philippa Tomczak, criminóloga en la Universidad de Nottingham (Reino Unido), las políticas de prevención del suicidio eficaces deben, ante todo, basarse en datos fiables. Esto implica poder medir y cuantificar correctamente la mortalidad en las prisiones europeas: “Tendemos a actuar como si estos casos fueran raros o excepcionales, y, sin embargo, en prisión, forman parte del día a día”. El Consejo de Europa exhorta a los Estados a establecer protocolos claros para los casos de tentativa de suicidio o de autolesión y a formar al personal penitenciario en temas de salud mental. Pascale Giravalli, de la Asociación de los Servicios de Psiquiatría en el Ámbito Penitenciario, estima que estas medidas no serán suficientes, mientras no cuestionemos la prisión como modelo de castigo.