Los establecimientos penitenciarios no disponen de servicios sanitarios adaptados, la atención médica que brindan a los reclusos enfermos es limitada y deficiente. Este es el principal motivo de denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo, organismo oficial encargado de controlar el respeto de los derechos humanos en Panamá. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que, entre enero y septiembre de 2015, se interpusieron 146 denuncias.

Las enfermedades más frecuentes son la hipertensión, la diabetes, la dermatitis, el VIH y las enfermedades respiratorias. Las celdas tienen mala ventilación y no todas disponen de agua potable. Las instalaciones no están equipadas para casos graves; el personal médico está compuesto por 73 miembros para un total de 24 establecimientos penitenciarios. Ninguna prisión cuenta con una ambulancia y no se brinda ningún tipo de asistencia médica durante el traslado al hospital.

El Comité Panameño por la Defensa de los Derechos Ciudadanos (Copadedec) denunció, en un comunicado de noviembre de 2016, el alto número de muertes provocadas por la mala atención médica de los establecimientos penitenciarios¹.

Alexis Sinclair, abogado asesor de Copadedec, reveló el caso de Marco Figueroa, recluido desde hace siete años en la prisión de Nueva Esperanza, quien a pesar de sufrir de un cáncer avanzado, no recibe ningún tratamiento. Si bien varios médicos, tanto públicos como privados, recomendaron su traslado inmediato a un hospital, el entonces director de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Chan Mario Durán, se negó a autorizarlo, considerando que, aunque el interno sí estaba enfermo, lo que él padecía no ponía en riesgo su vida.

El 2 de agosto de 2016, los familiares de los reclusos enfermos protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la liberación de sus allegados.

La reforma del sistema penitenciario, iniciada en 2010, y apoyada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha permitido lanzar la campaña “Dona un Libro para la Cárcel”, en la que se recolectaron más de 8000 libros para habilitar las bibliotecas de Las Tablas, La Joyita y La Joya. Además, se han instalado salas de informática en los establecimientos de Las Tablas, Bocas del Toro y La Chorrera.

El artículo 28 de la Constitución indica que el sistema penitenciario se funda en principios de rehabilitación, y prevé “la capacitación de los reclusos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente en la sociedad”.

Las personas que trabajan o estudian durante su reclusión pueden beneficiar de una reducción de pena: por cada dos días de estudio o trabajo se reconoce un día a favor del condenado. Sin embargo, esta medida no se aplica correctamente, en particular, debido a las dificultades que existen para efectuar un seguimiento de los expedientes de los reclusos¹. Recientemente, la administración penitenciaria comenzó a utilizar un sistema informatizado para actualizar los expedientes de los reclusos con información exacta (datos generales, situación legal, participación en programas de rehabilitación, etc.) y facilitar dicho seguimiento.