Fecha del informe
Autor(es)Prison Insider

Introducción

El Estado panameño ha implementado varias reformas de los sistemas judicial y penitenciario en aras de mejorar las condiciones de reclusión en el país.

El sistema penal inquisitivo ha sido remplazado por un sistema acusatorio, que permite garantizar una mejor defensa de las personas imputadas. La reforma del sistema judicial tiene por objeto acelerar la administración de la justicia y reducir el uso de la prisión preventiva. Dentro del marco de esta reforma también se ha implementado un sistema de gestión de datos para registrar y actualizar la información de los reclusos, con el objetivo de reducir la duración excesiva de la prisión preventiva.

Por su parte, la reforma del sistema penitenciario prevé capacitar al personal penitenciario con el fin de disminuir los abusos, en particular, la corrupción, y reforzar el número insuficiente de funcionarios. La Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apoyan esta reforma, cuyas acciones también están encaminadas a garantizar la reinserción de los reclusos en la sociedad. Mediante la campaña realizada junto con la UNODC, "Dona un libro para la cárcel", más de 8000 libros fueron donados, lo que permitió habilitar las bibliotecas de varios establecimientos. Algunos centros penales también cuentan con salas de informática.

Tales reformas no han logrado, hasta ahora, reducir los altos índices de hacinamiento. Las condiciones de reclusión son precarias, el acceso a la atención médica es particularmente deficiente, y tanto el material como el personal médico son insuficientes para intervenir en situaciones graves.

Los líderes de pandillas son recluidos en la cárcel insular de máxima seguridad de Punta Coco, que se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública. Los demás establecimientos están bajo la dirección del Ministerio de Gobierno y Justicia. Las personas recluidas en Punta Coco son objeto de un aislamiento extremo y permanente. Las instalaciones son insalubres y no se garantiza el acceso a la justicia. La Defensoría del Pueblo de Panamá, el Relator Especial sobre la tortura de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen su cierre, pues los tres reconocen las condiciones inhumanas y degradantes a las que son sometidos los reclusos de este establecimiento.


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Población del país

4.040.000

Tipo de Gobierno

Democratia presidencial

Índice de desarrollo humano

0,788

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2016
/ PNUD