Análisis Estudio comparativo

Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a que se respete su vida privada y familiar: llamar a sus hijos, recibir la visita de sus padres, escribir a sus amigos, ver a su abuela en el hospital, etc. Las autoridades penitenciarias tienen la obligación de poner en marcha los dispositivos necesarios para que los reclusos puedan ejercer este derecho. Sin embargo, el mantenimiento de los vínculos se percibe a menudo como un medio y no como un fin, debido a la función de reinserción que se le ha atribuido. ¿Qué consecuencias trae esto a las personas privadas de libertad y a sus seres queridos?

Prison Insider se ha interesado en el tema del mantenimiento de los vínculos familiares. Unidos dentro y fuera recoge los relatos de las experiencias de personas que han pasado por la prisión, así como las que la han vivido con ellas, ya sea a nivel familiar o profesional, en Bélgica, Canadá y Francia.

Unidos dentro y fuera se realizó con el apoyo de los Colegios de Abogados de París y de Lyon y la Ciudad de Lyon.

Las cartas son menos dolorosas, ya que puede pensar lo que escribe y no tiene que dar explicaciones. Para él es más liberador.

Las personas privadas de libertad que no gozan del apoyo de sus familiares tienen más riesgo de acabar en la calle o en un albergue tras su liberación.

Contribuciones

Prison Insider promueve un enfoque colaborativo de la información. Unidos dentro y fuera recoge los relatos de las experiencias de personas que han pasado por la prisión, así como las que la han vivido con ellas, ya sea a nivel familiar o profesional, sin pretender ser exhaustivo1. Las siguientes personas contribuyeron a este trabajo:

Adel* (antiguo recluso, Francia), Paula Akyol (coordinadora de proyecto para Children of Prisoners Europe, Europa), Ariane Amado (investigadora de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica), Daniel Bellemare (director general de la Maison Radisson, Canadá), Henri Bouchet (director de Relais Enfants Parents Incarcérés en Nantes, Francia), Camille (antigua reclusa, Francia), Charlotte Camard (coordinadora de la unidad de apoyo para la asociación Possible, Francia), Lydie Chaudet (referente en materia de prevención de la reincidencia en CAPSO, Francia), Amélie Couvrette (invetigadora en el centre international de criminologie comparée CICC, Canadá), Mathias Dambuyant (sociólogo, Francia), Marie-Sophie Devresse (investigadora en el centre de recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité, Bélgica), Marie-Nathalie d’Hoop (subdirectora general del Service Général Justice et Justiciable de l’Administration générale des Maisons de Justice, Federación Valonia-Bruselas), Samira Figuigui (directora general de la Sociedad John Howard de Quebec, Canadá), Franck (antiguo recluso, Francia), Ruth Gagnon (directora general de la Sociedad Élizabeth Fry de Quebec, Canadá), Anne-Céline Genevois (coordinadora de programas y desarrollo en la Sociedad Élizabeth Fry de Quebec, Canada), Alain Grosjean (presidente de la plataforma Sortants de Prison, miembro de la comisión de vigilancia de la prisión de Lantin, Bélgica), Grégoire* (antiguo recluso, Francia), David Henry (director general de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec, Canadá), Maurice Jansen (director del Relais Enfants-Parents, Bélgica), Laurence Libert (coordinadora en Résilience, Bélgica), Philippe Massay (director de la dirección de asociaciones de l’Administration générale des Maisons de Justices, Federación Valonia-Bruselas), Sophie Maury (directora general de Relais Famille, Canadá), Salima Mokkadem (jefe de servicio del CHRS les Augustins de Amiens, Francia) y su equipo, Anne-Laure Ndiaye (referente en materia de prevención de la reincidencia en CAPSO, Francia), Olivia* (amiga de una persona privada de libertad en Quebec, Canadá), Franck Ollivon (director de estudios del Departamento de Geografía de l’École normale supérieure, Francia), Pierre-Jean Petit (director general de l’Îlot, Francia), Jonathan Peromet (director de la Direction Surveillance électronique de l’Administration générale des Maisons de Justice, Federación Valonia-Bruselas), Manu Pintelon (coordinador belga de RESCALED, Bélgica), Jonathan Péromet (director de la Direction de la surveillance électronique, Federación Valonia-Bruselas), Ryan* (antiguo recluso, Francia), Antoine Schuller (criminólogo y asistente social en La Touline, Bélgica), Audrey Servais (trabajadora de l’Administration générale des Maisons de Justice, Federación Valonia-Bruselas), Maïven Socquet (psicóloga en el servicio de ayuda a los reclusos del Service Marchois d’aide aux Justiciables, Bélgica), Solange* y François* (padres de un antiguo recluso en Quebec, Canadá), Ashling Tobin (coordinadora del proyecto “Children & Families Initiative” en el Irish Penal Reform Trust, Irlanda), Marine Tocco (jefe de servicio en Foyers Matter, Francia), Caroline Touraut (socióloga, Francia), Véronique (esposa de una persona privada de libertad en Quebec, Canadá).


  1. La situación particular de los autores de delitos sexuales y los condenados por violencia intrafamiliar no se aborda en este dossier. 

Unidos dentro y fuera

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