Análisis

El Ministerio de Salud, responsable del acceso a la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad, dictó sus primeras medidas sobre la COVID-19 el 5 de marzo de 2020, y ordenó a las unidades de salud que se dotaran de EPI para prepararse, fundamentalmente, para la llegada de nuevos reclusos. Asimismo, pidió al personal penitenciario que estuviera atento ante los posibles síntomas de COVID-19. El 15 de marzo, la administración penitenciaria estableció una serie de instrucciones, y dos días después, al tiempo que se declaraba el confinamiento a nivel nacional, anunció la suspensión de las visitas familiares, de las Unidades de Vida Familiar (FLU), de los talleres y de las actividades de formación.
Mientras la vida en las prisiones se encerraba en sí misma, se plantearon muchas cuestiones: el 30 de enero de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acababa de condenar al país por las malas condiciones de reclusión y el hacinamiento sistémico. El sistema penitenciario, que tiene una capacidad para 61 000 personas, contaba al principio de la pandemia con más de 72 000. Las cárceles, que albergan la mayoría de las personas privadas de libertad, tenían una tasa de ocupación del 138%.
En el contexto de la crisis sanitaria, los llamamientos de la sociedad civil y la acción coordinada de parte de la Administración Penitenciaria, del Servicio Penitenciario de Inserción y Libertad Vigilada y las autoridades judiciales llevaron, de manera conjunta, a la puesta en libertad de miles de reclusos que estaban acercándose al final de su pena. De marzo a mayo, la población carcelaria disminuyó en cerca de 13 500 personas, gracias a las medidas de liberación anticipada y a un menor número de encarcelamientos. El 27 de mayo, el Ministerio de Justicia recomendó a los jueces extender el uso de la revisión del cumplimiento de las penas para regular la población carcelaria. Un fiscal comentó que estas orientaciones eran las más laxas comunicadas hasta entonces por el Ministerio de Justicia.
Este descenso, tan esperado durante décadas por las organizaciones de la sociedad civil, el personal penitenciario y los reclusos, se hizo realidad en cuestión de unos pocos meses. Sin embargo, la distribución de las liberaciones no se hizo de manera equitativa entre los centros, por lo que algunos continuaron con el problema del hacinamiento. La tendencia a la baja fue de corta duración, la población carcelaria empezó a aumentar de nuevo rápidamente, y para el 1 de noviembre alcanzaba las 62 260 personas, lo que representa una tasa de ocupación del 115% en las cárceles.

Prison Insider y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de Chile han planteado un análisis sobre el primer año de la pandemia en las prisiones de once países: Francia es uno de ellos.

Monografías de otros países

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Chile: incertidumbre en las prisiones

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