En el 2015, Venezuela se convirtió en el país sin conflicto bélico más violento del mundo. A pesar de que no existen estadísticas oficiales al respecto, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó 27 875 muertes violentas ese año. Las cárceles venezolanas también se ven afectadas por este fenómeno; el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó 109 muertos y 16 417 heridos durante el primer semestre.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario instauró el “Nuevo Régimen Penitenciario”, en el 2013, para retomar el control de las prisiones del país, gobernadas por “autogobiernos” de reclusos. Este régimen impone una disciplina militar a los internos y prohíbe el uso de armas. Aún no ha sido implementado en todas las cárceles del país.

El 2015 también estuvo marcado por la instauración de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), operativo de seguridad ejecutado por fuerzas civiles y militares. Según Human Rights Watch y la asociación Provea, en el marco de esta operación se llevaron a cabo 8000 detenciones arbitrarias y 125 ejecuciones extrajudiciales.

La situación económica y social se ha agravado considerablemente durante los últimos años. El país sufre de escasez de productos alimenticios, medicamentos, agua, electricidad, entre otros. Esta crisis general impacta de manera significativa la calidad de vida de la población carcelaria*.