El decreto contempla recompensas para los reclusos que demuestren buena conducta y dedicación en el trabajo.
Las penas alternativas conciernen principalmente a mujeres y menores.
En mayo de 2014, el Parlamento adoptó una ley que penaliza la tortura y por la que se creó una institución con el fin de llevar a cabo el papel de mecanismo nacional de prevención (MNP): el Observatorio nacional de prevención de la tortura y de otras prácticas similares. El MNP aún no está operativo porque se está preparando un decreto que regule su funcionamiento.
