Si bien la prisión suele presentarse como la respuesta universal al delito, en muchos lugares del mundo, esta solo se implantó con la llegada de la colonización. Antes del encarcelamiento, se aplicaban otros tipos de justicia que resistían a la lógica del encierro y se basaban en la mediación, la reparación o la responsabilidad colectiva. Y aunque estos sistemas no siempre estaban exentos de jerarquía o violencia, son prueba de que existían otras formas de concebir la justicia; otras formas que la colonización marginó, rechazó o destruyó en nombre de la ‘civilización’.

Los sistemas de justicia previos a los periodos coloniales tenían un enfoque más colectivo, y proponían diferentes formas de resolución de conflictos y tipos de penas. En Côte d’Ivoire, por ejemplo, “las multas no se pagaban al Estado, como es el caso hoy en día, sino que se entregaban directamente a la víctima o a su familia para reparar de una u otra manera los delitos cometidos”, explica Paul Kouadio, presidente de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura de Côte d’Ivoire (ACAT-CI).

Antes de la colonización británica, el subcontinente indio se regía por una serie de leyes islámicas (charia), normas tribales consuetudinarias y tradicionales jurídicas hindúes. Justice Project Pakistan (JPP) destaca el papel de las jirgas (consejos tribales) y las panchayats (consejos de aldea) que, en lugar de aplicar medidas punitivas, se enfocaban en la mediación comunitaria y la resolución de conflictos. “Bajo el dominio mogol, el sistema judicial combinaba la ley islámica con los códigos administrativos”, señala Sarah Belal, directora ejecutiva de JPP. “Existían diversos castigos, como la restitución, la humillación pública y, en los casos más graves, los castigos corporales”.

En Kanaky-Nueva Caledonia, Alban Bensa y Christine Salomon señalan que, en los pueblos en los que todas las personas se conocían, el objetivo no era fundamentalmente establecer y reconocer la infracción, sino hacer desaparecer el disturbio del orden social mediante la reparación del daño causado. La agresión, fuera cual fuera, se percibía ante todo como un perjuicio a la colectividad, lo que explica que la sanción pudiera estar desvinculada de la responsabilidad individual. En casos de destrucción de bienes o de violaciones cometidas por adolescentes, los investigadores explican que era posible que todos los jóvenes de la comunidad, incluida la víctima, recibieran azotes en público para recordarles el principio de sumisión hacia sus mayores. La mayoría de las veces, esto se acompañaba de un proceso de reconciliación social, con presentación de disculpas y compensación simbólica.

La persona designada para asumir el rol de juez podía variar en función de la infracción cometida, así como de la identidad de la persona acusada y de la víctima. En Côte d’Ivoire, Paul Kouadio precisa que, la mayoría de las veces, se trataba de miembros de la familia de las personas afectadas.

En Canadá, algunas de las Primeras Naciones disponían que la persona autora del delito se pusiera al servicio de las víctimas. Pierre Rousseau, abogado retirado y exfiscal federal, explica que, a su llegada, los europeos afirmaban que los pueblos indígenas vivían según la ley del “ojo por ojo, diente por diente”. Sin embargo, “sabían muy bien que ese tipo de lógica también existía en las culturas europeas”, añade. “Por ejemplo, en aquella época, los asesinatos se castigaban con ejecuciones públicas, ya que la regla era ‘una vida por una vida’. Por el contrario, en ciertos pueblos indígenas, el autor del delito debía consagrar el resto de su vida a servir a la familia de la persona fallecida”.

La pena más severa solía ser la exclusión de la sociedad. En Côte d’Ivoire, “la persona podía apartarse de la comunidad por un tiempo, pero no de manera permanente, no para siempre”, explica Paul Kouadio. En Pakistán, la JPP indica que el recurso al encarcelamiento era limitado, ya que se daba prioridad a la compensación y a la armonía de la comunidad, en lugar del aislamiento de las personas infractoras.

En el oeste y noroeste de Nigeria, por ejemplo, existían algunos lugares o “casas” de reclusión que acogían a las personas excluidas de la comunidad, sin la intención de estigmatizarlas ni demonizarlas. Según las investigadoras Viviane Saleh-Hanna y Chukwuna Ume, “el objetivo de este tipo de encierro era garantizar la seguridad de la comunidad y no apartar, de manera total o prolongada, a quienes habían cometido un delito”.

La colonización no se limitó a la conquista de los territorios y de los cuerpos, sino que también trajo consigo un nuevo aparato de control social, en el que la prisión desempeñaba un rol central. La institución carcelaria se estableció con el fin de someter a las poblaciones colonizadas, a menudo consideradas “indisciplinadas”, “salvajes” o “reacias” a la autoridad. Detrás del discurso de civilización y modernización del derecho promovido por las potencias colonizadoras, el encarcelamiento respondía a una necesidad estratégica: reprimir la resistencia, acallar las voces disidentes y desmantelar cualquier forma de organización preexistente. A medida que los imperios extendían su poder, la prisión se consolidaba como un eslabón esencial en la arquitectura de la violencia colonial.

La prisión cumplía ante todo una función política, pues se usaba para sofocar cualquier forma de resistencia a la colonización. Así, mediante el encierro y la exclusión de sus oponentes, el dominio colonial lograba instalarse y perdurar. En Kenia, las prisiones fueron los primeros edificios que los británicos construyeron al establecer su colonia. Según el medio de comunicación The Elephant, en los 16 años posteriores a su llegada (en 1895), se construyeron un total de 30 prisiones. La situación fue similar en Pakistán; Justice Project Pakistan (JPP) indica que las autoridades británicas transformaron profundamente el sistema judicial, al imponer una visión que promovía el encarcelamiento como principal forma de castigo. Desde finales del siglo XVIII, se instauraron prisiones modernas en el marco de un vasto proyecto de control, vigilancia y regulación social. Grupos enteros ─tribus nómadas, castas profesionales, disidentes políticos─ fueron calificados de “tribus criminales”, lo que dio lugar a una vigilancia masiva y a un encarcelamiento sistémico. Como señala Sarah Belal: “No se trataba solo de penalizar y de mantener el control”.“El orden lo mantenía la prisión y no los dirigentes autóctonos del subcontinente quienes (…) favorecían la reparación en lugar del castigo, una forma de justicia que no satisfacía a los británicos. Las prisiones ─y sobre todo la cuestión de quién se enviaba allí─ se convirtieron entonces en un instrumento clave para mantener el orden y el control colonial”.

Si bien en Côte d’Ivoire, el poder colonial adquirió una forma distinta, los objetivos y las prácticas fueron, en esencia, bastante similares. “La prisión estaba destinada a sancionar, a castigar a las personas que se oponían a la explotación colonial”, explican Paul Kouadio y Lionel Grassy, director de incidencias de la Federación Internacional de Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (FIACAT). “La institución carcelaria en la colonia no se creó con el fin de regular la vida comunitaria. Las primeras personas que terminaron en prisión fueron aquellas que trataron de resistir”.

La llegada de los colonos a Canadá tuvo las mismas consecuencias sobre los pueblos originarios, contra los que la prisión se utilizó como una herramienta para reprimir y suprimir sus prácticas de justicia ancestrales. Pierre Rousseau explica que los Gobiernos enviaban policías a los pueblos y a las reservas con el fin de reafirmar su estatus colonial y sustituir el control social ancestral ejercido por las familias y las personas mayores. Según él, el sistema judicial estatal se convirtió en un componente esencial de la misión asimiladora y “civilizadora” del Estado, que se impuso en todo el territorio canadiense, sin consultar ni pedir el consentimiento de los pueblos autóctonos. La investigadora Vicky Chartrand señala que los sistemas judiciales contribuyeron a establecer la colonia en todo el territorio mediante la adopción de las leyes británicas, así como la implantación de un tribunal nacional de Justicia y de un cuerpo de Policía federal. Como lo afirma la investigadora: “Para gestionar las colonias y garantizar la dominación, de los cinco a los siete años posteriores a la adhesión a la federación, se construyeron penitenciarías, de manera estratégica, en las regiones más pobladas de la provincia”. “Se consideró que esta medida tuvo un efecto dominador y beneficioso sobre la población. De este modo, el sistema penitenciario simbolizó el progreso de la colonia hacia la modernidad, que aspiraba a establecer las leyes del país y erradicar ‘los males’ mediante una disciplina humana”. En virtud del Acta India, la corona británica impuso controles cada vez más estrictos durante los años 1880. Estos controles tenían como objetivo prohibir los modos de vida tradicionales, en particular, las ceremonias espirituales y religiosas, como la Potlatch y la Danza del Sol.

En Kanaky- Nueva Caledonia, la antropóloga Christine Salomon explica que el Código del Indigenato, instaurado en 1887, sometió al pueblo canaco a los impuestos y al trabajo forzado y penalizó una serie de conductas propias de su cultura; por ejemplo, visitar el pueblo europeo sin autorización, pasearse ‘desnudo’ (es decir con vestimenta canaca) en las calles, desbrozar los campos con fuego, hacer fiestas en la noche, etc.”

Asimismo, la prisión cumplía una función financiera, pues las potencias coloniales trataban de que sus colonias fueran autosuficientes para limitar sus pérdidas económicas. “Las prisiones surgieron con la colonización debido a la necesidad de explotar más a las colonias y sancionar a aquellas personas que intentaran impedir la explotación colonial”, afirman Paul Kouadio y Lionel Grassy. De este modo, a partir de 1900, en Côte d’Ivoire, las autoridades francesas impusieron un gravamen a la población colonizada, y las personas que se negaran a pagarlo se enviaban automáticamente a prisión o se obligaban a realizar trabajos de utilidad pública. Para el investigador Zae Fidele, el encarcelamiento “se convirtió en un medio para disipar la reticencia de las poblaciones indígenas frente a la recaudación fiscal”, lo que provocó un encierro masivo de los pueblos colonizados. Aunque también había personas de origen europeo encarceladas en las prisiones de la colonia, el investigador estima que sus condiciones de vida eran mejores.

Las mujeres colonizadas no solo estaban sujetas a la dominación racial y económica, sino que también se encontraban en una intersección de opresiones, en las que se les concebía como cuerpos que debían someterse al control, la disciplina y la moralización. En Brasil, Alice Quintela Lopes Oliveira, miembro del grupo de investigadores sobre la colonización penitenciaria en América Latina y el Caribe (COPALC), explica que, en la época colonial, las mujeres que no satisfacían las expectativas en relación con su rol de madres o amas de casa solían enviarse a prisión. Esta realidad afectaba en particular a las mujeres de raza negra, que, por falta de dinero, no podían quedarse en casa con sus hijos. “Ellas tenían que salir, vender lo que cocinaban o proponer sus servicios como lavanderas”, explica la investigadora. “Pero, estar en la calle, ocupar el espacio público y ejercer este tipo de trabajos precarios se percibía de por sí como una transgresión. A estas mujeres se les consideraba entonces inestables e ‘histéricas’. Es una de las frecuentes facetas de la privación de libertad: vas a prisión sin saber por qué, pasas allí una semana y luego te dejan libre, sin explicación”.