Fernando Bastias. La situación se puede resumir en una línea cronológica, bastante compleja, marcada por tres ciclos.

Previo a la modernización del sistema penitenciario, había graves tensiones debido a la falta de presencia del Estado. Existía una dinámica muy informal e ilegal en torno al acceso a la salud, a la alimentación, así como una corrupción generalizada, en un espacio donde el Estado solo ofrecía las instalaciones, pero no ejercía ningún control.

Entre 2013 y 2014, durante el Gobierno de Rafael Correa, se impulsó un proceso de modernización que incluyó la construcción de mega cárceles, reformas al Código Orgánico Integral Penal y una fuerte intervención policial dentro de los centros penitenciarios. La Policía realizaba tareas de inteligencia y contrainteligencia, que favorecían a ciertos grupos criminales frente a otros. En ese momento, el Estado aún conservaba cierta capacidad de mediación: negociaba con los grupos criminales, pero mantenía la última palabra.

A partir de 2018, tras la supresión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la gestión del sistema penitenciario pasó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Desde entonces, el deterioro se aceleró: la nueva institución enfrentó prácticas de corrupción, se aplicaron recortes presupuestarios y, más tarde, el impacto de la pandemia de 2020 agravó aún más la situación. A ello se sumó el contexto internacional, marcado por la dinámica de demanda y oferta de cocaína en Estados Unidos, que incrementó la presión de los grupos criminales en la región y terminó por empujar al sistema hacia el colapso. La capacidad de actuación del Estado se redujo y los enfrentamientos entre bandas criminales se intensificaron.

Mientras las autoridades sostienen que la crisis comenzó con las masacres, nosotros creemos que siempre existió y que se profundizó con la reducción de la presencia estatal. En lugar de una respuesta integral, se optó por medidas más punitivas, como la militarización, lo que provocó que la institución encargada de la gestión penitenciaria se contaminara por completo.

Fernando Bastias. En 2024, con el Gobierno de Daniel Noboa, se emitió un decreto que entregó el control total de los centros penitenciarios a las Fuerzas Armadas y con ello, las condiciones de reclusión se degradaron completamente. Antes, la corrupción predominaba entre los funcionarios civiles; ahora, son las Fuerzas Armadas las que ingresan drogas, celulares y armas.

María Luisa. Cuando se implementó la militarización, muchas personas privadas de libertad pensaron que sería una solución. Al inicio, las bandas parecían bajo control, pero aquello derivó en torturas, violaciones y malos tratos. No hubo un cambio real; al contrario, los militares terminaron involucrados en las mismas dinámicas de extorsión.

Antes de la pandemia de Covid-19, existían algunos programas de rehabilitación: talleres de panadería, música, teatro, alfarería o carpintería. No era perfecto, pero era algo. Ahora, con la presencia militar, esos espacios desaparecieron por completo. Sin esos cursos, muchas personas no pueden acceder a beneficios penitenciarios, lo que agrava su situación. Si la seguridad se impone violando derechos, se repite el mismo ciclo de violencia.

A pesar de la construcción de nuevas mega cárceles, el hacinamiento sigue siendo uno de los principales problemas. Ni la ampliación de la infraestructura, ni los cambios de gestión han mejorado las condiciones de vida. Este año, en abril, volvimos a ingresar a la Penitenciaría del Litoral y constatamos que los pabellones permanecen saturados y las condiciones continúan siendo críticas.

Ana Morales. Los militares empezaron a aplicar prácticas de castigo. Una de ellas, que aquí le llaman “submarino”, consiste en introducir la cabeza de la persona en una funda y sumergirla en tanques de agua. En muchos casos, los asfixian hasta provocarles la muerte. También les aplican descargas eléctricas en los testículos para obligarlos a revelar a qué banda pertenecen o dónde esconden cosas.

Esas prácticas se repitieron tantas veces que terminaron volviéndose parte del sistema. Lo más grave es que ahora las propias personas privadas de libertad han aprendido esas formas de tortura y las usan entre ellas.

Hay evidencias de que las Fuerzas Armadas han mezclado vidrio molido en la comida. Como consecuencia, muchas personas privadas de libertad presentan inflamaciones en el estómago y las piernas, y muchas otras han sufrido profundos daños en los riñones y el estómago. Algunas personas han tenido que ser hospitalizadas en estado crítico y varias han fallecido. Lo que ocurre dentro de los establecimientos ecuatorianos es un exterminio lento, un genocidio estatal.

María Luisa. Fuera, la crisis tiene un impacto profundo, y son las familias, especialmente las mujeres quienes asumen los costos. Muchas viven con la angustia diaria de no saber si sus familiares están vivos o heridos y, además, enfrentan una presión económica constante. En el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) hemos acompañado casos en los que hay mujeres que deben reunir entre 60 y 80 dólares cada semana¹, porque ese dinero se exige desde dentro de las prisiones como parte de dinámicas de extorsión. Cuando les advierten que, si no depositan, “los van a golpear o les van a hacer otras cosas”, esa exigencia se vuelve una carga insostenible, sobre todo en contextos de extrema precariedad.

Ana Morales. Para muchas familias, el duelo se volvió parte de la vida cotidiana. Antes hacíamos fila para verlos en la cárcel; ahora la hacemos en el cementerio. Al mismo tiempo, esa crisis también nos unió. Pasamos de ser “compañeras de fila” a formar comités, redes de voceras en distintas cárceles y alianzas con organizaciones de otros países. Ese trabajo colectivo nos sostiene, aunque también nos expone a amenazas y estigmas. Algunas madres han sido amenazadas por uniformados que, con señas y palabras, dan a entender que ellos mismos pertenecen a un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).

Hemos presentado las denuncias respectivas, pero no nos hacen caso. Quienes viven la cárcel —dentro y fuera— ya no soportan más los maltratos y los golpes que les infligen los militares: que entren, te torturen, rompan tus cosas, dañen colchones, sábanas, ropa, todo lo que nosotros compramos, eso no es rehabilitación. Somos nosotros quienes sostenemos las cárceles y ellos, los militares, lo destruyen todo.