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El levantamiento militar del pasado 30 de abril de 2019 dejó un estimado de 215 casos de detenciones arbitrarias, entre los que se encuentran al menos 15 adolescentes de entre 15 y 17 años.

Una Ventana a la Libertad (UVL) siempre ha alertado sobre las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos humanos de estas personas. Del mismo modo, ha hecho saber que las personas detenidas en protestas son trasladadas a comisarías y calabozos policiales (llamados oficialmente “centros de detención preventiva” - CDP) que no están habilitados para albergar a ciudadanos por más de 48 horas.

Sin embargo, debido al colapso del sistema penitenciario venezolano, los presos comunes y hasta los presos políticos, como es el caso de los manifestantes, pueden permanecer hasta tres años en estos locales, en los que por lo general no hay agua potable, infraestructura carcelaria, iluminación adecuada o espacios para transitar, y donde los reclusos deben hacer turnos de pie para poder gozar de unas horas de sueño en el suelo.

La declaración de Una Ventana a la Libertad se reproduce aquí.

En 2018, se registraron 305 muertes

Algunos funcionarios cobran para permitir el ingreso de alimentos, ropa y teléfonos.