Ambika Satkunanathan. Las personas condenadas por delitos de drogas no suelen ser grandes traficantes. Por el contrario, a menudo se trata de gente pobre y marginada a la que detienen con cantidades mínimas de estupefacientes. Muchos de ellos terminan en prisión porque no pueden pagar la multa que les impone el juez, desconocen sus derechos o carecen de los medios suficientes para pagar un abogado. Del mismo modo, cuando se abre un proceso en su contra, con frecuencia se les asigna abogados de oficio sin experiencia. El acceso a la representación legal en Sri Lanka es un grave problema.

Los hijos de ricos no van a prisión porque si los sorprenden consumiendo drogas en una fiesta, es muy raro que los arresten. Si lo hacen, lo más probable es que los dejen en libertad, sin ningún cargo. Y en caso tal de que tengan que comparecer ante un juez, los liberarán una vez que hayan pagado la multa.

AS. La ley esrilanquesa no solo penaliza el tráfico de drogas, sino también la posesión. Las penas varían en función de la cantidad de drogas con la que encuentran a la persona.

Si la Policía detiene a una persona con menos de un gramo, el juez la enviará a un centro de desintoxicación, si esta acepta ir a rehabilitación. Si la cantidad es superior a un gramo, la persona permanecerá en prisión preventiva hasta que un analista del Gobierno emita un informe toxicológico en el que se determine la cantidad exacta de drogas puras, como la cocaína o la heroína, en su posesión. Por más de dos gramos, si la persona es condenada, irá al corredor de la muerte, ya que existe una moratoria del uso de la pena capital.

Una ley de 2007 estipula que, si la Policía cree que una persona sufre de adicción a las drogas, es posible arrestarla y obligarla a someterse a un examen médico. Tras recibir los resultados, el juez podrá enviar a la persona a un centro de desintoxicación. Los familiares de alguien con problemas de adicción también pueden pedir al juez que ordene su rehabilitación.

AS. En prisión, no se brinda un tratamiento específico a las personas con problemas de adicción, incluso cuando presentan síntomas severos de abstinencia. La administración penitenciaria afirma haber puesto en marcha programas de rehabilitación en algunas prisiones. Sin embargo, los tratamientos que se dispensan no tienen un fundamento científico ni se basan en ninguna prueba, y se centran sobre todo en la interrupción del consumo. Además, se trata de programas ad hoc, que no forman parte de un plan o una estrategia nacional de tratamiento. En este país, se considera que las personas privadas de libertad con problemas de adicción no merecen recibir atención sanitaria, por lo que a menudo se les niega el tratamiento. Se han registrado casos en los que los médicos se burlan o abusan de estas personas.

En principio, la estancia en los centros de desintoxicación del Gobierno es de un año. Las personas van primero a Kandakadu (provincia del centro norte) y luego se les traslada a Senapura (provincia del centro norte). En estos dos establecimientos, gestionados por el Ejército, no hay personal sanitario, lo que dificulta el acceso a un tratamiento. Allí, el tratamiento consiste sobre todo en suspender el consumo de sustancias, pero cuando las personas presentan síntomas de abstinencia, incluso severos, se les niega la atención sanitaria. Los funcionarios de prisiones creen que las personas vencerán sus adicciones a través de la actividad física, por lo que las obligan a trabajar, aunque estén experimentando síntomas de abstinencia. Esto puede tener graves consecuencias para su salud.

En los centros de desintoxicación reina la violencia. Por ejemplo, en 2022, murieron dos personas en Kandarkadu. Este año, cuando un joven intentó suicidarse, se le envió a un hospital público por un mes. Y a pesar de que la estancia en el centro exacerbó sus problemas de salud mental, se le trajo de nuevo allí.