Sudáfrica: una mirada atenta al sistema

JICS. Entre los principales problemas que hemos observado, se encuentra el notorio aumento de la violencia, tanto en términos de frecuencia como de intensidad. La falta de servicios básicos en las cárceles es otro de los problemas más recurrentes. Sobre todo, la ausencia de programas de rehabilitación y de oportunidades educativas; la gente quiere aprender y estudiar. En un centro de menores que visitamos hace dos semanas, había una enorme infraestructura de talleres en perfecto estado, que nadie utilizaba. En otra prisión, había módulos de formación en soldadura, pero el presupuesto no incluía las varillas para soldar. El acceso a la educación superior también resulta problemático en este tipo de entornos, pues los funcionarios que no tienen ellos mismos un título se muestran a veces reacios a ayudar a los reclusos a obtener el suyo.

El encarcelamiento de las personas declaradas inimputables o incapaces de comparecer ante un tribunal (los llamados “pacientes del Estado”) es un problema grave, pues el Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) no está en capacidad de tratarlas. Las disposiciones para las personas privadas de libertad con problemas de salud mental son inadecuadas, lo que puede poner en peligro tanto a los demás reclusos como al personal. A menudo, solo se les puede brindar un tratamiento farmacológico, debido a la escasez de profesionales cualificados, como psicólogos.

Por otra parte, la JICS también ha descubierto que, en al menos dos prisiones, Ebongweni y Pretoria C-Max, los reclusos permanecen en aislamiento prolongado y solo se les permite hacer una hora de ejercicio diario, en una jaula. La JICS publicó un informe al respecto hace dos años, y, desde entonces, hemos estado luchando con la administración penitenciaria para que se ocupe de este asunto. Hemos pedido participar en la revisión de los procedimientos operativos estándar y acceder a los criterios de imposición de este régimen. Es un tema que nos preocupa sobremanera.

JICS. El hecho de poder brindar a los reclusos tratamientos contra el VIH y el SIDA es motivo de orgullo en nuestras prisiones. Las enfermedades de transmisión sexual han dejado de ser el estigma que solían ser y ahora es más fácil hablar de ellas. Aunque aún queda mucho por hacer en las prisiones, a la mayoría de los reclusos se les suministran medicamentos antirretrovirales cada mes, que se distribuyen en frascos crípticos para garantizar la privacidad. También se facilitan suplementos proteínicos en función de cada caso y del índice de masa corporal (IMC). Por otra parte, la atención a la tuberculosis ha mejorado de manera considerable y los tratamientos contra ambas enfermedades presentan menos efectos secundarios y son más fáciles de tomar y de obtener.

En los entornos coercitivos, las relaciones homosexuales, tanto consentidas como no consentidas, son comunes entre los hombres. Los estudios empíricos estiman que alrededor del 38 % de los reclusos presentan conductas homosexuales. Con regularidad, la JICS interroga a las prisiones sobre la disponibilidad de los preservativos, ya que las situaciones son muy incoherentes. Por ejemplo, a veces hay preservativos, pero caducados. La política de la administración penitenciaria, de acuerdo con las directrices de la OMS, es que los preservativos deben distribuirse a los reclusos de manera gratuita y ponerse a disposición en lugares de fácil acceso. Esto significa que no deben guardarse en la sala de enfermería o el despacho del director de la institución, por ejemplo.

JICS. Nos afrontamos a obstáculos todo el tiempo. No siempre se trata de problemas graves ─a veces sí─, sino más bien institucionales, como retrasos, complicaciones, letargo, resistencia de las instituciones, etc. En general, podemos ingresar con facilidad a los centros penitenciarios, y casi siempre nos tratan con cortesía y afabilidad. Los funcionarios de prisiones suelen alegrarse de vernos porque saben que reconocemos su trabajo y sus difíciles condiciones laborales. Pero lo que más nos preocupa es la eficacia de nuestros informes e investigaciones. Hemos mantenido negociaciones directas con el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) y la Fiscalía Nacional (NPA) para que se realice el seguimiento de nuestras recomendaciones cuando se trata de medidas disciplinarias o procesamientos por agresiones o muertes. Pero en la práctica, es muy difícil obtenerlo debido a las políticas de la NPA y a las múltiples ocupaciones de la Policía.

La resistencia de las instituciones a cualquier forma de responsabilidad penal de los funcionarios penitenciarios es un problema generalizado. A veces los funcionarios se niegan a cooperar, hasta con los investigadores más experimentados, y a testificar en contra de sus colegas. Nuestros investigadores han llegado incluso a sentirse amenazados físicamente.

La política de enjuiciamiento de los funcionarios de prisiones es insatisfactoria.

La JICS aún forma parte del Departamento de Servicios Penitenciarios, pero seguimos trabajando para conseguir su independencia, obtener una financiación adecuada y ocuparnos de los detalles de la estructura organizativa.

Por el momento, tenemos que rendir cuentas a las mismas personas a las que monitoreamos y de las que depende nuestro presupuesto. El hecho de que nuestras recomendaciones y conclusiones no sean vinculantes es otro problema que estamos intentando resolver mediante un nuevo estatuto. Nuestro objetivo no es obligar a poner en práctica las recomendaciones de la JICS, sino responsabilizar a la administración penitenciaria y exigirle que rinda cuentas cuando no se apliquen.

Por ejemplo, hace un tiempo visitamos una cárcel en el norte de Kwazulu Natal y descubrimos que los reclusos viven en condiciones insalubres, en medio de un terrible hacinamiento, y que casi no se les permite hacer ejercicio. Tras la visita, hicimos algunas sugerencias prácticas para que se organizaran más salidas al aire libre, teniendo en cuenta la escasez de personal. Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta por parte de la institución, lo que demuestra que muchas veces nuestras recomendaciones se pasan por alto.

JICS. Durante los últimos tres años y medio hemos reforzado nuestra presencia en los medios de comunicación, y las personas han comenzado a conocernos. Estamos tratando de ponernos en el foco de atención y suscitar un interés general. No obstante, la opinión pública se muestra reticente debido al alto índice de homicidios que se registran en el país (unos 70 al día). Además, hoy en día solo el 14 % de los homicidios se investiga. Antes de 2011, este porcentaje representaba un 31 %. La imagen de estos delitos violentos es terrible, por lo que es difícil argumentar a favor de penas más cortas. Pero esto es una lástima porque sabemos que las penas cortas no aumentan los índices de delincuencia. En cambio, la sobrepoblación de las prisiones afecta en gran medida el proceso de rehabilitación.

A pesar de todas estas dificultades, hemos mejorado la transparencia y la rendición de cuentas al contratar inspectores independientes. Se trata de personas de la comunidad que visitan la prisión local, gestionan las quejas y nos entregan toda la información colectada. Intentamos encontrar candidatos con conocimientos legales, pero los criterios de selección son flexibles.

La principal condición es que los inspectores formen parte de la comunidad, pues las comunidades necesitan saber lo que sucede dentro de las prisiones. Esto permite a las personas hablar del tema y deshacerse del estigma y la ignorancia que gira en torno a ellas.

Para algunos, este trabajo de tiempo parcial se convierte en su profesión, pues tras un contrato inicial de tres años, siguen postulando una y otra vez. Para nosotros, los inspectores locales son muy valiosos, ya que ellos conocen el sistema. Existe un enorme problema de desempleo en Sudáfrica, así que no tenemos ninguna dificultad para contratar personal. Las dificultades a las que nos enfrentamos tienen que ver más con los recursos, con la capacidad de proporcionales los equipos necesarios como computadores, y con el hecho de trabajar con un sistema electrónico de informes, que a menudo funciona mal.

En 2003, la plantilla era de siete u ocho personas, algunas de las cuales eran funcionarios de la administración penitenciaria. La independencia era entonces dudosa, pero ha mejorado con los años y gracias a los nuevos jueces inspectores. Al inicio, por ejemplo, nuestro CEO era una persona asignada por la administración penitenciaria. El CEO tiene un papel esencial, pues se encarga de la administración y las finanzas del JICS.

Hoy en día, hay 80 personas que trabajan a tiempo completo y 200 inspectores, lo que demuestra el gran progreso que hemos tenido. Además, nos estamos volviendo más audaces. Al principio, el Departamento de Servicios Penitenciarios se resistía a la JICS, pero ha habido un cambio de paradigma. La cooperación de la administración penitenciaria ha mejorado, y aunque sobre el terreno sigue habiendo cierta resistencia individual, hemos dado grandes pasos.