LAS PRISIONES CONGOLEÑAS son unas de las más sobrepobladas del mundo. En 2020, su tasa de ocupación se elevaba al 313 %; en las cárceles (maisons d’arrêt) de Brazzaville y Pointe Noire, esta superaba el 600 %. El recurso excesivo a la prisión preventiva, el mal estado de las instalaciones y la falta de presupuesto de la administración penitenciaria han acentuado este problema.
Las comisarías de Policía son prisiones de facto, ya que muchas personas pasan allí varios meses en espera de juicio. Estos lugares no están sujetos a la legislación penitenciaria, por lo que las autoridades penitenciarias no pueden llevar a cabo ningún control. Así pues, se desconoce el número exacto de personas recluidas en las comisarías. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado varios casos de detención arbitraria y acoso a ciertas categorías de la población. Los jóvenes pobres suelen ser el objeto de estas detenciones, que se llevan a cabo para mitigar el sentimiento de inseguridad de la población, provocado por la violencia urbana y el fenómeno de los llamados “bebés negros”, un término que designa a los grupos de jóvenes de entre 13 y 30 años acusados de violencia.
Algunos casos de tortura, violencia y malos tratos contra las personas privadas de libertad se han registrado, principalmente, en las comisarías. El país no cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención y los dispositivos que existen no permiten a las personas presentar denuncias contra la administración penitenciaria.
No existe un centro penitenciario específico para las mujeres, quienes se alojan en módulos o celdas de las prisiones masculinas. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que las mujeres son a menudo víctimas de abuso sexual por parte de los reclusos o del personal. El país tampoco cuenta con establecimientos reservados para los menores, y los niños y niñas a veces se mezclan con los adultos. Algunas asociaciones afirman tener dificultades para ayudar a los jóvenes, ya que la administración penitenciaria no les concede los permisos necesarios para entrar en prisión.
La mayoría de las personas privadas de libertad duermen en el suelo, sobre cartones o colchones deteriorados. Las pocas camas disponibles están llenas de parásitos y suelen generar tensiones entre laos reclusos. Solo las personas que pueden pagar, tienen acceso al material básico, como una cama y un mosquitero. Las cárceles de Brazzaville y Pointe Noire cuentan con “celdas V.I.P.”, en las que se aloja a las personas en función de sus recursos financieros y su reputación.
En 2021, en las principales prisiones del país, solo se distribuía una comida diaria debido a una restricción de presupuesto. La mayoría de los reclusos dependen de sus familiares para obtener comida, por lo que los aborígenes, cuyas familias viven lejos de los centros urbanos, suelen alimentarse mal. El acceso al agua es irregular y precario. Las personas recluidas en las comisarías de Policía tienen que hacer sus necesidades en cubos plásticos, en frente de todo el mundo.
El personal de seguridad es insuficiente y carece de formación. La administración penitenciaria recurre a cuerpos militares para intentar suplir esta falta. Algunas responsabilidades se delegan a los reclusos, lo que crea una jerarquía paralela informal, favorece el abuso de poder y mantiene el fenómeno de la corrupción endémica.
La oferta de actividades es muy limitada; el derecho a la educación no se respeta y el índice de analfabetismo es muy elevado. Si bien todas las personas condenadas tienen la obligación de trabajar, la oferta de trabajo o formaciones profesionales es casi inexistente.
Las visitas familiares duran 15 minutos y se llevan a cabo en un lugar colectivo, bajo la supervisión del personal de seguridad. En Brazzaville, las organizaciones de la sociedad civil informan que los allegados de los reclusos deben pagar a los guardias para poder acceder a los locutorios. Este centro penitenciario no cuenta con teléfonos y los reclusos solo pueden llamar a sus familiares en caso de emergencia desde del teléfono del personal administrativo.
Solo los establecimientos de Brazzaville y Pointe Noire cuentan con una unidad de salud. Sin embargo, estas carecen de material y de medicamentos, así como de médicos generalistas o especializados. Los reclusos o sus familiares deben por lo general costear los tratamientos médicos. A pesar de la gran cantidad de decesos que se registran en prisión, no se ha adoptado ninguna medida que proteja a la población carcelaria de los mosquitos, principales vectores del paludismo.
En abril de 2022, entró en vigor un nuevo Código Penitenciario, que se basa en los principales textos internacionales relativos a la privación de libertad. La aplicación de sus disposiciones es un gran desafío para los próximos años.
