LISVDHE. En el norte de Kivu, existen tres prisiones principales¹ y varios calabozos, uno en cada estación de Policía, sin contar los de los servicios de inteligencia militar.

Nuestras visitas a los establecimientos penitenciarios tienen varios objetivos; el primero consiste en verificar la legalidad de los arrestos. Nos cercioramos, por ejemplo, de que se haya emitido una orden de arresto o una convocación y se hayan respetado los procedimientos. En el contexto actual de guerra también nos concentramos en las desapariciones forzadas, ya que, en ocasiones, se detiene a las personas y luego no se sabe nada de ellas aun cuando se pensaba que estaban en prisión. A veces, las familias con las que nos reunimos nos dicen que llevan mucho tiempo sin tener noticias de su ser querido. En tal caso, visitamos todas las prisiones para comprobar si la persona se encuentra en una de ellas.

Asimismo, velamos por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad y verificamos que se cumplan las condiciones previas para un juicio justo. Revisamos si las personas tienen acceso a un juez o jueza competente para tratar su caso, si los plazos son razonables, si se les somete a torturas, o si han comparecido ante una autoridad judicial. Algunas personas pasan un año en prisión preventiva sin haber puesto un pie en un tribunal. En esos casos, nuestra asistencia legal revisa quién está a cargo de la instrucción y por qué la persona no ha comparecido. Entonces intentamos obtener su liberación en espera de juicio.

La cantidad de magistrado-as es muy limitada y suele suceder que una persona tenga que ocuparse de 200 o 300 expedientes, lo que, desde luego, afecta la ejecución de las decisiones.

También nos interesamos en la alimentación de las personas privadas de libertad. Si bien la ley prevé tres comidas diarias, en la práctica solo comen una vez, y, aun así, es casi por milagro que encuentran algo que comer; a veces tienen que dormir con hambre. Muchas de ellas cuentan con los alimentos que le llevan sus seres queridos, pero, ¿qué pasa con aquellas alojadas a más de 50 kilómetros de su lugar de residencia habitual y cuyas familias no tienen los medios necesarios para visitarlas? Pues, su situación es mucho más compleja.

Por otra parte, también realizamos labores de incidencia ante las autoridades judiciales, abogados y abogadas, y autoridades del país. Exigimos que las cosas cambien, pues es inadmisible dejar que las personas sufran tanto. Aunque hayan violado la ley, tenemos que ayudarlas. Por ello, realizamos campañas de sensibilización sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Distribuimos folletos, incluso a agentes de la Policía, y colocamos carteles cerca de las entradas de los establecimientos penitenciarios. Hace cinco años, gracias a nuestra labor de incidencia, el fiscal exigió que a cada persona que ingrese en prisión se le entregue un documento en el que se enumeren sus derechos. Es fundamental que las personas conozcan sus derechos para poder reclamarlos, ya que para nosotros no es posible asegurar nuestra presencia de manera permanente. En este sentido, contamos con el apoyo de tres clínicas jurídicas, asociadas a nuestra organización, que nos permiten garantizar una defensa a las personas privadas de libertad que no cuentan con los recursos necesarios para costearla.

LISVDHE. Las prisiones que se encuentran en las zonas ocupadas por el M23 están bajo su dominio, y estos territorios no cuentan con autoridades judiciales. Si se detiene a una persona, es posible que la ejecuten en plena calle. Y si la llevan a prisión, no tendrá acceso a una defensa legal y su familia no podrá visitarla. Algunas fuentes nos han indicado que el M23 tiene la intención de reabrir los tribunales, pero ignoramos cuándo lo harán.

Las intervenciones de las asociaciones en los centros penitenciarios se han suspendido por el momento, por lo que no podemos ingresar en ellos. Además, nuestra lucha por los derechos humanos nos ha convertido en blanco de los rebeldes.

La situación actual afecta gravemente las condiciones de vida en prisión. Muchas personas son objeto de arrestos arbitrarios y torturas, las cuales han aumentado debido al estado de sitio y al control ejercido por la administración militar ¹. Antes de que el M23 tomara el control de la región, las personas víctimas de tortura con las que nos reuníamos, podían identificar a sus agresores, lo que nos permitía presentar denuncias. Ahora, eso ya no es posible. Se están vulnerando todos los derechos de las personas privadas de libertad y nuestra acción es muy limitada.

Los centros penitenciarios están superpoblados. Por ejemplo, la prisión de Kakwangura, en Butembo, diseñada para 150 personas, aloja a más de 2000. Esto afecta en gran medida la vida diaria de las personas privadas de libertad y genera mucho sufrimiento.

¿Cómo pueden dormir o recibir atención sanitaria en este contexto? O ¿Cómo hacen para conseguir comida? Varias personas mueren de hambre todos los días.

La situación en la prisión de Munzenze, en Goma, es similar. Aunque su capacidad es para 300 personas, al momento del incendio, ocurrido a finales de enero, alojaba a más de 4000. En términos generales, la prisión ha cambiado de función desde la instauración del estado de sitio en 2021 y se ha convertido en una especie de negocio. Ahora se envía a prisión a las personas por cualquier motivo, sin comparecer ante un tribunal y sin que se respeten los procedimientos. Para salir, deben pagar una multa que, en teoría, está determinada por la ley, pero que en la práctica es arbitraria, puesto que quien instruye el caso decide el monto a pagar. “Debes pagar 1000 francos”, “debes pagar 500”. En esos casos, la ley no se tiene en cuenta.

LISVDHE. El país reinstauró hace poco la pena de muerte. Las autoridades levantaron la moratoria que estaba en vigor tras la llegada masiva de los supuestos “Kulunas”, como se denomina a los jóvenes en situación de exclusión social. Aunque se les cataloga de criminales, la realidad es que se les arresta al azar en la calle, sin que hayan cometido ningún delito. Aun así, se les encarcela, juzga y condena.

Hoy en día, estamos llevando a cabo una campaña para afirmar que “ser Kuluna no es un delito”, es decir, que estar en la calle no constituye un acto delictivo. El derecho a la vida de unas personas nunca puede convertirse en el derecho a la muerte de otras. La Constitución establece claramente que el derecho a la vida es sagrado, por lo que el restablecimiento de la pena de muerte entra en contradicción con este principio.

Por suerte, numerosas ONG, tanto internacionales como locales, nos apoyan en nuestra movilización contra la reinstauración de la pena de muerte, y hemos logrado bloquear la ejecución de estos jóvenes. Es una pequeña victoria. Sin embargo, estamos trabajando en una campaña para promover una ley para abolir la pena de muerte, porque no podemos permitir que este capítulo se reabra una y otra vez. Habíamos iniciado conversaciones con algunos miembros del Parlamento para proponerles la redacción de esta ley y presentarla ante la Asamblea. Todo iba por buen camino, pero, por desgracia, la llegada de la guerra interrumpió ese trabajo.