Denisse Rentería. El Cefereso 16 recibe a mujeres provenientes de todo el país. Al tratarse de una prisión de máxima seguridad, el centro está destinado, en teoría, a personas acusadas o condenadas por delitos de alto impacto, como secuestro, delincuencia organizada o porte ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, el perfil de la población no responde únicamente a ese criterio. El centro también alberga a mujeres procesadas por delitos del fuero común¹, enviadas desde prisiones estatales que enfrentan graves niveles de hacinamiento.

Esto ha dado lugar a un espacio donde conviven mujeres con trayectorias penales muy distintas, sin una clasificación penitenciaria clara ni un trato diferenciado acorde a sus situaciones jurídicas. La lógica que prevalece es la de gestionar la sobrepoblación del sistema, más que la de responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad.

En los últimos años, la ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa —una medida que obliga a la detención automática durante el proceso penal— ha incrementado el número de mujeres privadas de libertad en espera de juicio durante largos periodos, lo que ha saturado los centros penitenciarios del país. En este contexto, el Cefereso 16 ha sido utilizado de manera recurrente como destino de traslados desde prisiones estatales sobrepobladas.

DR. Uno de los principales factores son los traslados masivos. Muchas mujeres son enviadas lejos de sus comunidades de origen y de las personas con las que mantienen vínculos cercanos. En la práctica, son las familias las que sostienen la vida en prisión, acompañan emocionalmente, mantienen el contacto con el exterior y cubren necesidades básicas. Cuando esos vínculos se rompen, el impacto psicosocial es profundo. En el Cefereso 16, los traslados aparecen de manera recurrente en denuncias y procesos legales por su relación directa con las muertes en custodia.

Por otro lado, el aislamiento dentro del propio centro también tiene un peso considerable. El Cefereso 16 está organizado en módulos, son espacios de reclusión cerrados que no tienen contacto entre sí. Las mujeres permanecen confinadas en su sección y el contacto con otras personas privadas de libertad es prácticamente inexistente. En este contexto, un cambio de módulo implica también una ruptura adicional. Observamos que incluso estos cambios internos podían provocar un deterioro significativo de la salud mental, con insomnio prolongado, ansiedad e ideas de autolesión.

Las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad configuran un sistema que produce muertes. Estos fallecimientos son comúnmente etiquetados por las autoridades como suicidios.

Sin embargo, desde Algaraza cuestionamos este término y preferimos hablar de “muertes en custodia”, ya que las mujeres se encuentran bajo un régimen de control total del Estado. La institución es responsable de salvaguardar su vida, su integridad y su salud. El uso de este término desplaza la responsabilidad del ámbito individual hacia el Estado y sus obligaciones.

DR. Diversas denuncias y recursos legales se han presentado para exigir al Estado que asuma su responsabilidad en las muertes registradas en el Cefereso 16. Estas acciones han sido impulsadas tanto por instituciones públicas encargadas de la defensa legal de las personas privadas de la libertad como por organizaciones que acompañan a las familias de las mujeres fallecidas.

Hasta ahora, las autoridades penitenciarias no han reconocido públicamente su responsabilidad y, aunque han implementado algunos cambios —como un mayor énfasis en la atención en salud mental—, estos resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema.

Ante estas limitaciones, se han desarrollado acciones de acompañamiento e incidencia. En el caso de Algaraza, a partir del trabajo con mujeres privadas de libertad en el Cefereso 16, se elaboró de manera colectiva una guía de primeros auxilios psicológicos. Basada en talleres realizados dentro del penal, esta herramienta tiene como objetivo brindar apoyos básicos de contención emocional frente a situaciones de crisis derivadas del encierro.

Paralelamente, los procesos de acompañamiento jurídico han permitido impugnar traslados arbitrarios y solicitar, en casos individuales, el retorno de mujeres a centros más cercanos a sus comunidades de origen. Asimismo, se ha llevado esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contribuyendo a visibilizar un sistema penitenciario que, lejos de proteger la vida y favorecer la reintegración, opera principalmente como un espacio de castigo; una lógica que pone en evidencia la ausencia de una política penitenciaria centrada en las personas y los derechos humanos.