Si bien algunas potencias coloniales se retiraron de los territorios, los modelos carcelarios que impusieron continúan circulando. Hasta el día de hoy, muchos países que fueron ─o siguen siendo─ colonizados han adoptado normas penitenciarias de otros países, tanto en lo que respecta a la arquitectura de las prisiones como a las prácticas de gestión, a menudo introducidas a través de la cooperación internacional. La formación del personal, los dispositivos de seguridad y las lógicas disciplinarias siguen siendo influenciadas en gran medida por estándares occidentales, que por lo general no se ajustan a los contextos nacionales. Esta difusión contemporánea ─ya sea mediante ayuda financiera o intervención directa─ ha prolongado, bajo nuevas formas, una relación de dominación heredada del pasado colonial.
Estados Unidos es, de lejos, el país campeón en materia de exportación de su modelo y sus prácticas penitenciarias. La investigadora Julie de Dardel señala que “el primer circuito de exportación del modelo penitenciario estadounidense tiene una relación directa con la política exterior del país y sus intervenciones armadas”. En primer lugar, en nombre de la “guerra contra el terrorismo” (war on terror) y, en segundo lugar, de la guerra contra las drogas (war on drugs), “el motor de la expansión internacional del modelo penitenciario estadounidense es la razón de Estado o, dicho de otro modo, la defensa de los ‘intereses vitales’ de Estados Unidos”.
Julie de Dardel indica que, en países como Afganistán e Irak, la transmisión se ha basado principalmente en los métodos de gestión y seguridad del sistema penitenciario federal. En Pakistán, Justice Project Pakistan, (JPP) declara que, en la provincia del norte, Estados Unidos ha afianzado su presencia a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Represión (State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) desde el inicio de la guerra contra el terrorismo, cuando comenzó a financiar ampliamente la institución penitenciaria pakistaní.
Sarah Belal subraya que las autoridades estadounidenses han contribuido a la construcción de nuevas prisiones que reproducen, de manera inequívoca, el modelo carcelario de su país.
La inversión de las autoridades estadounidenses se ha realizado en el marco de la ‘guerra contra las drogas’ en forma de asistencia técnica de Gobierno a Gobierno, a través del envío de personas expertas señala Julie de Dardel. En Colombia, dicha asistencia la dirigió el National Institute of Corrections (NIC), lo que representó “durante varios años una toma de control de la administración penitenciaria por parte de agentes estadounidenses y una profunda transformación de este sector”. En Colombia, Estados Unidos ha gastado 140 millones de dólares desde los años 2000 para reformar el sistema judicial, destaca la organización Equal Justice Initiative (EJI). Entre los años 2000 y 2003, se construyeron seis nuevas prisiones que reprodujeron el modelo de una prisión federal en Florida. En los doce años siguientes, se crearon otras dieciséis, lo que aumentó la capacidad del sistema penitenciario colombiano en un 70 %.
A través del INL, Estados Unidos formó a decenas de millones de agentes penitenciarios en todo el mundo, en el marco de las políticas de lucha contra el terrorismo y las drogas. En un periodo de diez años, esto representa cerca de 50 000 agentes, que a su vez contribuyeron a la formación de otros 60 000. En 2017, el INL se encontraba en 38 países, con alrededor de un centenar de asesores y asesoras que trabajaban a tiempo completo, según BuzzFeed News.
En América Latina, el personal penitenciario se forma con ayuda de manuales de instrucción estadounidenses traducidos al español, según informa EJI. De acuerdo con BuzzFeed, el personal colombiano capacitado en técnicas estadounidenses suele verse involucrado en casos de violaciones de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil consideran un fracaso la intervención de Estados Unidos, ya que la sobrepoblación carcelaria no deja de aumentar, al igual que el uso generalizado al aislamiento.
La historia es muy similar en Afganistán. BuzzFeed revela que, en 2013, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán declaró tener “pruebas lo suficientemente creíbles y fiables” de actos de tortura y malos tratos infligidos a personas privadas de libertad por gran parte del personal capacitado por Estados Unidos.
El Reino Unido se enfrenta a acusaciones del mismo tipo. En 2018, Reprieve publicó un informe en el que acusó a las autoridades británicas de ser cómplices de violaciones de derechos humanos en Baréin y de carecer de transparencia con respecto al uso de un programa de reforma de la seguridad y la justicia, implementado entre 2012 y 2017, cuya financiación se elevó a cinco millones de libras esterlinas. La organización reveló que las autoridades británicas formaron a centenares de agentes penitenciarios que más tarde fueron acusados de someter a personas privadas de libertad a actos de tortura. El informe señaló, además, que, a pesar del considerable importe invertido en el programa, el número de personas condenadas a muerte se triplicó, la tortura persistió y las ejecuciones se reanudaron, por primera vez desde 2010.
En Pakistán, Sarah Belal explica que el programa de formación más comúnmente impartido es gestionado por el INL, que selecciona a responsables de prisiones de las cuatro provincias y que, una vez capacitados, terminan ocupando cargos de alto nivel. “Los llevan a Colorado”, señala. “Estados Unidos enseña a todo el mundo cómo gestionar las prisiones, y eso se ha convertido en el modelo de referencia. Cuántas veces hemos tenido que decirles a las autoridades judiciales: ‘Dejen de citar a las prisiones estadounidenses; no son un ejemplo, no cumplen con ninguna norma’. Entonces tenemos que llamar la atención de los jueces sobre el hecho de que las prisiones pakistaníes son más humanas que las estadounidenses en varios aspectos. Pero ahí es donde se ve la influencia de este programa”. Según ella, la mayoría de las y los inspectores generales han pasado por dicho programa.
En Haití, la mayoría de las prisiones se han construido con ayuda financiera de la comunidad internacional, como explica Roberson Édouard: “No es una lógica soberana e interna del país la que rige la construcción de los centros penitenciarios. Es más bien la ayuda internacional —en particular, la voluntad de Canadá y Estados Unidos— la que conduce a la construcción de un centro y a la regulación del ámbito penitenciario”. De hecho, los datos estadísticos oficiales del país son publicados por instancias internacionales, y no por organismos gubernamentales.
Roberson Édouard resume la situación de la siguiente manera: “¿Se necesita una estadística? No será el Instituto Haitiano de Estadística e Informática el que se encargará de realizarla, sino el Banco Mundial, o el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). ¿Se necesita una información económica? Ahí estará el Banco Mundial. ¿Se requiere información sobre el sistema judicial? No será el Ministerio de Justicia, sino la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) el que se la proporcionará. Y hasta las autoridades estatales, para ser creíbles, citan los datos internacionales porque —perdón por la expresión— si lo dice el blanco, entonces tendrá que ser cierto”.
Las instancias internacionales, incluida la Unión Europea, financian numerosos programas de apoyo a las reformas penitenciarias, a menudo bajo un mismo modelo y con las mismas exigencias. Esto da lugar a soluciones penales estandarizadas, que responden a las recomendaciones de los financiadores, como subraya Marie-Julie Bernard, investigadora del CERDAP².
Las diferencias de contexto nacional a nivel administrativo e institucional no se tienen en consideración, pese a tratarse de un sector de gran complejidad organizativa, debido a la cantidad de actores implicados (autoridades judiciales, miembros de la sociedad civil, abogado-as, etc.) y a la codificación de los procedimientos.
Marie-Julie Bernard señala que, en Côte d’Ivoire, aunque la cadena penal sea objeto de reflexión ─incluso por parte de los propios financiadores, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)─, a menudo esta se limita a aplicar las normas internacionales sin tener en cuenta la realidad nacional. Los proyectos tienen como objetivo “estudiar el funcionamiento” del sistema judicial, pero tanto el diagnóstico como las soluciones propuestas son idénticos a los que se aplican en otros países, como Madagascar, la República Centroafricana o Chad. En otras palabras, el contexto administrativo e institucional específico de Côte d’Ivoire se desatiende por completo.
Las asociaciones profesionales y las conferencias internacionales desempeñan un papel esencial en la circulación de modelos. “En el sector de las prisiones, estos ‘microespacios globales’, en los que los diferentes actores del ámbito carcelario se encuentran, se comunican y se vinculan, son cruciales para el desarrollo de un mercado global cuyo primer beneficiario es la industria penitenciaria estadounidense”, Subraya Julie de Dardel. La International Corrections and Prisons Association (ICPA) juega un rol central al reunir las administraciones penitenciarias de todo el mundo con empresas especializadas en el ámbito carcelario y en dispositivos de seguridad. En otras palabras, el “ICPA es, en cierto modo, el World Economic Forum del sector penitenciario”.
