MRAM. La ejecución de personas marginadas es desproporcionada. Si miras el mapa incluido en el informe, puedes ver que la provincia con más ejecuciones per cápita es la de Jorasán del Sur, la más pobre del país. La cantidad de ejecuciones también es significativa en Beluchistán y las regiones kurdas, en las que la pobreza y la marginación de la población son más importantes, así como la oposición al régimen. En esas provincias, la necesidad de las autoridades de sembrar el temor es mucho más fuerte.
JBF. Por lo general, las personas ejecutadas por homicidio o delitos de drogas pertenecen a las categorías más vulnerables de la población, como las minorías étnicas y los pobres. Lo que el régimen pretende con ello es transmitir el mensaje de que cualquier miembro de la población puede ser ejecutado. Otra de las estrategias del régimen para sembrar el temor en determinadas provincias es trasladar a los reclusos de otras regiones para ejecutarlos allí.
MRAM La situación de los reclusos acusados de delitos contra la seguridad del Estado, como la pertenencia a grupos kurdos, es mucho más compleja que la de los demás, pues suele trasladárseles a zonas centrales, ya sea para alejarlos de los suyos y evitar las protestas o para centralizarlos y someterlos a ciertas técnicas específicas de interrogatorio. Por lo general, se les traslada a Teherán o a prisiones cercanas a esta ciudad, en las que los interroga uno de los muchos cuerpos paralelos del sistema de seguridad iraní.
Cuando las personas se encuentran en el corredor de la muerte en Teherán, sobre todo por motivos políticos, es más fácil disponer de información relativa a sus casos y organizar campañas en su favor. En el centro de Irán o en grandes ciudades como Teherán, las autoridades tratan de guardar las apariencias en cuanto al respeto de los derechos de las personas en materia de juicios y reclusión. Pero, en Beluchistán o en las regiones kurdas, por ejemplo, las condenas a la pena capital no reciben la misma atención. Para los defensores de los derechos humanos en estas regiones la presión es más fuerte, ya que la maquinaria de propaganda del régimen los acusa de separatismo o terrorismo. De este modo, es más difícil crear conciencia sobre temas como la pena de muerte. Donde hay menos control, las autoridades operan sin rendir cuentas, por lo que el sistema jurídico iraní actúa con mayor impunidad en las regiones étnicas.
El régimen sigue usando los ahorcamientos en público para infundir miedo a la población, a pesar del alto coste político que estos conllevan. En los últimos 14 o 15 años, más de 60 ejecuciones al año se llevaban a cabo en público. Aunque las cifras habían bajado, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, ahora van de nuevo en aumento.
JBF. Si bien las ejecuciones públicas se detuvieron durante la pandemia, debido a las restricciones sanitarias, estas se retomaron en 2022 y, desde entonces, han venido aumentando de manera estable. Este fenómeno se explica con el incremento del número global de ejecuciones. Para las personas, el impacto psicológico de presenciar un ahorcamiento es inmensurable, sobre todo para los niños. Otra de las estrategias del régimen para sembrar un clima de terror entre la población es la tortura.
MRAM. Saber que existen las ejecuciones es aterrador, pero presenciarlas es aún peor. Las autoridades iraníes no tendrían ningún problema en realizar más ejecuciones públicas. Sin embargo, el ingente coste político que estas supondrían las obliga a calcular los pros y los contras. Estas son conscientes de que las ejecuciones en público desatarían la ira del pueblo iraní y de la comunidad internacional, sobre todo en el contexto actual. Al fin de cuentas, la presión internacional fue uno de los elementos que logró convencer a las autoridades de dar marcha atrás, por ejemplo, con el uso de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas. El margen de maniobra con respecto al uso de la pena de muerte es muy pequeño, pero ahí está.
