India: los habitantes de los bosques en la mira

CPA Project. La Wildlife Protection Act (WPA) se adoptó en 1972 con el fin de proteger la fauna salvaje y prevenir la caza y el comercio de los animales y sus productos. Por ejemplo, la caza solo se autoriza con fines educativos o científicos y para defender a una persona o una propiedad. En virtud de esta ley, se han creado zonas protegidas, como parques nacionales y santuarios. Esto significa que, en varios lugares, entrar en una de estas zonas constituye un delito. El problema es que las comunidades indígenas siempre han recurrido a la caza y utilizado todos los medios de subsistencia que se encuentran en los bosques, algo que no se tuvo en cuenta a la hora de adoptar la ley. Como resultado, se terminó penalizando a estas comunidades, cuya existencia depende de la flora y la fauna silvestres.

Por décadas, las comunidades que habitan los bosques lucharon para hacer valer sus derechos tradicionales hasta que, en 2006, se adoptó la Forest Rights Act (FRA), una ley que reconoce los derechos particulares de estas comunidades como guardianes principales del bosque. Pero, además de reconocer sus derechos individuales para usar la tierra, también se les reconoció el derecho de proteger los bosques, la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y la posibilidad de desarrollar actividades en las zonas forestales, incluidas las reservas.

Sin embargo, nuestras investigaciones han demostrado que el Departamento Forestal ─responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes forestales─ sigue penalizando a los habitantes de los bosques. Por ejemplo, estas comunidades se dedican a la agricultura y, para proteger sus cultivos de jabalíes y otros animales, a veces levantan vallas alrededor de sus granjas. Esto se reconoce como el derecho de autodefensa. El problema es que, en ocasiones, los animales quedan atrapados en la valla y mueren. El Departamento Forestal considera estos incidentes como caza y enjuicia a los miembros de la comunidad, quienes se enfrentan a un verdadero dilema. Si no construyen una valla y se destruyen sus cultivos, no se les indemnizará, pero si lo hacen, corren el riesgo de que se les acuse de caza. Existen muchos casos de este tipo. Por ejemplo, un hombre encontró una grulla sarus herida (especie protegida por la WPA) y cuidó de ella durante 15 meses. Más tarde descubrió que se habían presentado cargos en su contra por este motivo.

Así pues, la WPA penaliza los derechos de las comunidades, que otras leyes reconocen. Las autoridades se valen de ella para ejercer un control total sobre la vida de los habitantes de los bosques, desde restringir sus movimientos hasta realizar registros sin autorización.

CPA Project. Los ejemplos que hemos citado entran en el sistema de justicia penal una vez que el Departamento Forestal emite un informe preliminar de infracción. Con frecuencia, estos informes son tan generales que resulta difícil entender en qué consisten los delitos, que, en realidad, podrían haber ocurrido en cualquier lugar y podría haberlos cometido cualquier persona. De manera general, se autoriza la libertad bajo fianza para los delitos tipificados en la WPA. Sin embargo, el Departamento Forestal y la Policía utilizan las disposiciones de otras leyes que no otorgan este beneficio, con el fin de hacer obligatorio el arresto. Y a diferencia de otras leyes, que estipulan que la acusación tiene que demostrar que la persona ha cometido el delito, en la WPA las personas inculpadas deben convencer al juez de su inocencia.

Una vez que se ha arrestado a una persona, continuar el procedimiento judicial acarrea costes muy elevados. Obtener la libertad bajo fianza, por ejemplo, cuesta entre 15 000 y 20 000 rupias. Por lo tanto, los habitantes de los bosques suelen endeudarse para pagar estos importes, sobre todo, porque los casos a menudo permanecen pendientes durante años (de cinco a seis en promedio). La carga financiera de cada comparecencia ante un juez es altísima, ya que incluye los honorarios del abogado, los sobornos que tienen que pagar al personal del tribunal y los desplazamientos desde la aldea. Además, muchas de estas personas son jornaleras, por lo que pierden sus ingresos cada vez que comparecen ante un juez.

El hecho de verse implicado en varios casos hace que se considere a la persona “delincuente habitual”. Esto significa que el Departamento Forestal o la Policía tienen una base de datos penales con información personal, incluso de personas a las que un tribunal ha declarado inocentes o que han fallecido. Encontramos registros que existían desde hace más de 20 años. Este sistema tiene su origen en la Criminal Tribes Act, una legislación británica colonial que consideraba delincuentes de nacimiento a más de 300 tribus. Este texto se reintrodujo tras la independencia de la India y se sustituyó por el concepto de “delincuentes habituales”. Se considera “delincuentes habituales” a todas las personas de castas oprimidas, que terminan en prisión con más frecuencia que otros ciudadanos indios.

Los habitantes de los bosques se mantienen separados de los demás reclusos. En prisión, la repartición del trabajo se basa en la casta, lo que significa que estas personas terminan a menudo lavando retretes y trabajando para otros reclusos. En la India, las familias deben llevar comida y dinero a sus seres queridos privados de libertad. Sin embargo, con frecuencia, las familias de estas comunidades no pueden visitarlos porque no pueden costear el viaje.

CPA Project. Uno de nuestros objetivos es cambiar las percepciones y los discursos dominantes. Por ejemplo, existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que es un acuerdo entre Gobiernos, incluido el de India. Su finalidad es proteger a los animales y regular el comercio internacional de productos forestales. Sin embargo, todos sabemos que los que participan en estos enormes intercambios internacionales no son los habitantes de los bosques, que cazan para sobrevivir. Al fin de cuentas, la forma en que se aplica la ley no hace más que penalizar a estas comunidades y reforzar la idea de que su existencia es una amenaza para la vida silvestre. Cuando, por el contrario, lo que siempre han hecho es salvaguardar el bosque y su fauna. Lo mismo ocurre con otras comunidades indígenas de todo el mundo.

Muchos consideran, incluso varias organizaciones de conservación de la vida silvestre, que las prácticas de las comunidades indígenas, como la caza, son bárbaras y que estas comunidades deberían civilizarse. Es necesario que estas personas conozcan lo que significa la sostenibilidad ecológica, por lo que parte de nuestra labor consiste en liderar la promoción de esta cuestión. Asimismo, estamos presionando al Departamento Forestal para que deje de enjuiciar a las personas que ejercen sus derechos.