Condenas a muerte¶

Entre 2019 y 2020, el número de condenas a muerte pasó de 103 a 77. Proyecto 39A estima que esta reducción podría deberse, en parte, a la desaceleración de las actividades judiciales durante la pandemia de la COVID-19. Casi el 60 % de las sentencias dictadas en 2020 se pronunció antes de la adopción de las primeras medidas sanitarias.

En 2018, los tribunales de primera instancia condenaron a la pena capital a 162 personas; la cifra más alta en 19 años. La mayoría de las condenas a muerte se pronunciaron en el estado de Madhya Pradesh (22 de 162). La imposición de esta pena en primera instancia disminuyó un 67 % en 2019 en comparación con el año anterior.

Todas las condenas a la pena capital se revisan en cada nivel de los órganos jurisdiccionales, hasta el Tribunal Supremo. La mayoría de estas penas se conmutan por cadena perpetua durante el proceso judicial. En 2018, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en tres de los catorce casos que se le presentaron.

La ley prohíbe la pena capital para los menores de 18 años al momento del delito. En su informe de 2016, Proyecto 39A explicó que 18 personas condenadas a muerte afirmaron haber cometido la infracción antes de alcanzar su mayoría de edad, y señaló que a menudo es difícil defender la minoría debido a la falta de documentos oficiales.

En 2019, gran parte de las penas capitales se impusieron por homicidio acompañado de delitos sexuales (53 %), homicidio (27.5 %) y terrorismo (9 %).

Una enmienda a la Ley POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act) de 2012 añadió, en 2019 y más tarde en 2020, la posibilidad de condenar a muerte a los culpables de violación de un menor. Casi el 65 % de las condenas dictadas por los tribunales de primera instancia en 2020 referían a casos de violencia sexual, la proporción más alta en los últimos cinco años.

Ejecuciones¶

En 2020, se registró la ejecución de cuatro hombres condenados a la pena capital por la violación en grupo y el homicidio de una joven en 2012. Se trata de las primeras ejecuciones desde 2015.

Personas condenadas a muerte en espera de su ejecución¶

Se desconoce la media de tiempo que transcurre entre la sentencia y la ejecución. Según las estimaciones de 2016 de Proyecto 39A, las personas cuyas apelaciones están pendientes de dictaminar por el Tribunal Supremo, señalaron pasar en prisión un periodo medio de más de seis años; aquellos cuya solicitud de indulto presidencial fue rechazada, señalaron un período medio de casi 17 años; el periodo más largo es de 25 años.

En 1983, el Tribunal Supremo estimó ilegal exceder un periodo de dos años entre la imposición de la pena y la ejecución (T.V. Vatheeswaran v. State of Tamil Nadu). Más tarde, en 2014, se impuso un plazo de 14 días entre la notificación del rechazo del indulto presidencial y la ejecución para facilitar la visita de los familiares (Shatrughan Chauhan c. Union of India). Sin embargo, Yakub M. fue ahorcado en 2015, pocas horas después de que el Tribunal Supremo rechazara su último recurso.

Indultos y conmutaciones¶

El presidente de la República y los gobernadores de los estados tienen la potestad para conceder indultos. Si bien las personas condenadas a muerte pueden presentar solicitudes de indulto individuales, el procedimiento puede durar varios años. La demora excesiva o injustificada de las respuestas se reconoce como una forma de tortura y puede constituir motivo de conmutación. Proyecto 39A señaló que, en 2016, el presidente de la República rechazó la solicitud de 28 personas siete años después de su presentación.

Las conmutaciones de pena pronunciadas por el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo disminuyeron entre 2019 y 2020: de 58 a 22, y de 16 a 4 respectivamente. Esta disminución, al igual que la de las condenas, podría deberse en parte a la desaceleración de las actividades judiciales durante la pandemia de la COVID-19.

La asistencia letrada que se proporciona a las personas condenadas a muerte se considera de tan baja calidad, que la mayoría prefiere recurrir a un abogado privado. Por lo general, las familias, que suelen tener grandes dificultades económicas, piden prestado dinero, venden sus joyas, su ganado o su casa para pagar la defensa de sus seres queridos. Sin embargo, a menudo se ven obligadas a buscar asistencia jurídica al momento de presentarse ante el Tribunal Supremo, pues al llegar a esa instancia ya han agotado sus recursos.
Los abogados de las personas condenadas a muerte, ya sean privados o de oficio, rara vez se reúnen con sus clientes antes del juicio, y, a menudo, desconocen los expedientes. Los reclusos y sus familias se quejan con frecuencia de que sus abogados no les informan sobre la evolución de su caso. Si bien el Código Procesal Penal prevé que las pruebas y los argumentos presentados durante los juicios se traduzcan a un idioma que el acusado comprenda, varias personas condenadas a muerte declararon no haber contado con la asistencia de un intérprete y no haber entendido el curso de su juicio.

Mujeres¶

Las mujeres reclusas están separadas de los hombres. Las mujeres condenadas a la pena capital están recluidas en el módulo femenino de Tihar Jail, en Nueva Delhi. Este centro, considerado el más grande del sur de Asia, tiene una tasa de ocupación superior al 200 %. El Cornell Center denuncia que los módulos de los hombres son generalmente más espaciosos que los de las mujeres, que “son reducidos” y “restrictivos”.Se considera además que la infraestructura de los centros penitenciarios femeninos es deficiente, ya que, en el mejor de los casos, solo disponen de pequeñas enfermerías. Para recibir cualquier tipo de atención sanitaria, las reclusas deben solicitar que se les transporte de forma segura a un hospital.
Las mujeres condenadas a la pena de muerte no tienen acceso a las actividades deportivas ni a las bibliotecas.
La ley prevé que todas las personas reclusas ingieran una cantidad similar de calorías. Sin embargo, en la práctica, a las mujeres se les sirven raciones más pequeñas, y además, se les impide realizar trabajos físicos, mediante los que se puede acceder a alimentos de mayor valor nutricional. Todas las mujeres condenadas a muerte deben usar el sari.
Los niños pueden vivir con sus madres reclusas hasta los siete años.

Las personas condenadas a la pena de muerte se encuentran recluidas en prisiones locales (district jail) o centrales (central jail). La mayoría de los estados las mantienen en prisiones centrales, en las que hay mayor seguridad. En Uttar Pradesh, estas se alojan en 17 prisiones locales y cinco centrales. Solo el estado de Karnataka las reúne en una sola instalación: la prisión central de Hindalga, que alberga al mayor número de condenados a la pena de muerte del país (45). La ley establece que los condenados a la pena de muerte deben separarse del resto de la población carcelaria, una vez que el Tribunal Superior ha confirmado su sentencia. Los estados de Maharashtra, Kerala, Karnataka, Jharkhand y Bihar son los únicos que ponen en práctica esta segregación. En la mayoría de los estados, aquellos que esperan la confirmación de su condena por parte del Tribunal Superior, permanecen en celdas, barracones o pabellones con los demás reclusos. Según la ley, el régimen de reclusión específico para las personas condenadas a la pena capital solo se debe aplicar una vez que el Tribunal Superior ha confirmado la sentencia. En la práctica, la mayoría recibe un trato diferente tras ser declarados culpables en primera instancia. Esta anticipación tiene graves consecuencias para su vida en prisión, ya que no se les permite trabajar ni participar en actividades y se limita su posibilidad de interactuar con el resto de la población carcelaria.

Alojamiento. La asignación de las celdas difiere de un estado a otro; algunos reclusos se alojan en celdas individuales dentro de «barracones» reservados para los condenados a la pena de muerte (death barracks). En función del centro, las personas pueden desplazarse por las instalaciones de tres a doce horas diarias. Varios condenados a muerte han afirmado que la luz de sus celdas permanece encendida todo el tiempo. En algunos estados, las personas condenadas a la pena capital conviven con el resto de la población carcelaria en “barracones ordinarios” (common barracks), y gozan de las mismas condiciones de reclusión que los demás: pueden jugar a las cartas, ver la televisión y participar en determinadas actividades. Se han instalado horcas en 30 de los 67 centros penitenciarios del país. Varios condenados a la pena de muerte han declarado que su presencia les genera una fuerte presión psicológica. Uno de ellos afirmó que el guardia principal suele mostrar la horca a cada recluso condenado a la pena capital que ingresa al centro. Otro señaló que un guardia le mostró la foto de una horca en su teléfono. Varios agentes han pedido a los reclusos que los designen como sus verdugos al manifestar su “última voluntad”, pues dicha tarea les permite obtener una bonificación de 20 000 rupias (aproximadamente 270$).

Higiene. Las condiciones de higiene de los condenados a muerte son deplorables. Una persona encarcelada desde hace 12 años informó que antes de 2010 no había baño en la prisión. Los reclusos utilizaban entonces una tina de acero que no se vaciaba a diario y desprendía un olor insoportable y persistente que les impedía comer o beber. Tampoco era posible ocultarse de la vista de los demás y los reclusos tenían que colgar camisetas de los barrotes de sus celdas para indicar que iban a hacer sus necesidades.

Alimentación. Las comidas se componen de pequeñas raciones de alimentos de muy mala calidad. Las personas condenadas a la pena capital, que a menudo tienen prohibido trabajar, no pueden beneficiarse de comidas más nutritivas, reservadas para las personas que realizan actividades físicas.

Actividades y trabajo. En principio, los condenados a la pena de muerte no tienen acceso a las actividades previstas para los demás reclusos. El acceso a la educación y la formación es muy desigual. Sin embargo, algunos afirmaron haber recibido educación por primera vez en su vida. Datta, encarcelado a la edad de 20 años sin haber asistido nunca a la escuela, relató que estudia todos los días desde la mañana hasta la noche, y que ahora puede leer y escribir en hindi. Otro condenado a la pena capital señaló haber obtenido varios títulos de posgrado y cursar actualmente una maestría en sociología. Las personas cuya pena de muerte se ha confirmado no están autorizadas a trabajar. Esta disposición, que se aplica en gran parte, tiene como objetivo limitar el contacto de esta población “de riesgo” con las demás. En la mayoría de los centros, las personas cuyo juicio está en curso trabajan, pero su actividad laboral o formación se interrumpe en cuanto se pronuncia su pena de muerte. No obstante, en algunos centros, todas las personas reclusas pueden trabajar. Un recluso condenado a muerte señaló que trabaja todos los días en la fabricación de jabones o alfombras y también participa en el mantenimiento del huerto. Proyecto 39A ha denunciado que varias instituciones niegan el acceso a la educación y al trabajo a los condenados a la pena de muerte cuyos procesos judiciales, que duran un promedio de ocho años, aún están en curso. ¹.

Disciplina. La ley estipula que los reclusos condenados a la pena de muerte deben registrarse dos veces al día y mantenerse bajo constante supervisión. El Tribunal Supremo dictaminó que el régimen de aislamiento debe imponerse únicamente como medida disciplinaria y limitarse a 14 días, pues considera que los reclusos deben poder mantenerse en contacto y comer con otras personas. En realidad, los reclusos condenados a la pena capital, a menudo, permanecen en régimen de aislamiento durante largos períodos. Proyecto 39A informó sobre varios casos de personas recluidas en dicho régimen de aislamiento por varios años, a veces hasta diez. Algunos testigos han afirmado que ciertas celdas no disponen de una fuente de luz natural; los reclusos están obligados a comer allí y solo pueden salir durante 20 minutos al día. Uno de ellos relató que solo interactuaba con las lagartijas que entraban a su celda y que se había hecho amigo de ellas al compartirles su comida. Una vez que el tribunal emite la orden de ejecución, las personas condenadas a la pena capital se envían a régimen de aislamiento, y se retira de su celda todos los objetos con los que puedan lesionarse (cuerdas, cinturones). Se prohíbe a las personas que van a ser ejecutadas al mismo tiempo comunicar entre sí. Es posible reunirse con un profesional de salud mental y solicitar que un capellán esté presente y haga una oración antes de la ejecución.

Las políticas relativas al mantenimiento de los vínculos familiares varían de un centro a otro. El mulaqat es el sistema de organización de visitas que se aplica en la mayoría de los centros penitenciarios para toda la población carcelaria. Las personas reclusas pueden recibir dos visitas al mes, con la autorización de la administración. Las visitas, que duran entre 20 y 30 minutos, se hacen en grupo y tienen lugar en el locutorio, en presencia de los guardias. Los reclusos y sus familias permanecen de pie a cada lado de una valla. Los familiares afirman que la falta de separación entre familias los obliga a hablar lo más alto posible para que se les escuche. Proyecto 39A ha revelado que los allegados a veces pagan sobornos a los guardias para que les permitan quedarse más tiempo o para poder ver a sus seres queridos sin una valla de por medio.

Al menos cuatro estados tienen diferentes sistemas de mulaqat para las personas condenadas a muerte, lo que les permite recibir visitas más largas que los demás reclusos.

La distancia geográfica de los centros penitenciarios y los horarios de visitas reducidos impiden a la mayoría de las familias, con pocos recursos financieros, visitar regularmente a sus seres queridos condenados a la pena capital. Estas dificultades se agravan en el estado de Karnataka, cuya superficie sobrepasa los 190 000 km2. Todas las personas condenadas a la pena de muerte en este estado se encuentran recluidas en la Prisión Central de Hindalga, en el extremo noroeste, por lo que el traslado a estas instalaciones suele disminuir, de manera considerable, la frecuencia de las visitas. Algunas familias se limitan a ver a sus seres queridos una o dos veces al año y, para reducir el coste del viaje, procuran llevar pan (chapattis) y arroz (curd rice) y dormir en santuarios (dargah).
Las familias afirman no visitar a sus seres queridos reclusos por miedo a las represalias. El padre de un condenado a muerte relata, por ejemplo, que la familia de la víctima es poderosa e influyente, y que teme no poder seguir viviendo en su aldea si se descubre que se ha mantenido en contacto con su hijo en prisión.

La ley prevé que se brinde atención sanitaria a las personas privadas de libertad, ya sea dentro de la prisión o, de ser necesario, en hospitales externos. Proyecto 39A denuncia que a los condenados a la pena de muerte se les niega incluso la atención médica más básica, y alerta sobre el diagnóstico extremadamente tardío de enfermedades graves. Muchos condenados a muerte denuncian ser objeto de discriminación por parte del personal penitenciario: “Los funcionarios de la prisión dijeron a Nityanand que no se le brindaría ningún tratamiento médico para sus problemas estomacales, pues, en su calidad de condenado a muerte, no merecía asistencia sanitaria”.

Se presta poca atención a la salud mental de las personas condenadas a muerte. Muchos afirman que se les administra medicación para controlar sus problemas de salud mental sin haber hecho un diagnóstico previo.

• Proyecto 39A, Estadísticas anuales. (en inglés)
• Proyecto 39A, Death penalty India report — Vol I & II, 2016. (en inglés)
• Podcast Proyecto 39A, In Conversation with Justice Kurian Joseph on the Death Penalty - Episode 3, 2019. (en inglés)
• The Cornell Center on Death Penalty Worldwide, Judged for more than her crime 2018. (en inglés)
• Scroll.in, 404 prisoners are on death row in India, with Uttar Pradesh leading the list, 2021. (en inglés)
• Scroll.in, India is increasingly handing out death penalty to rapists and most cases are stuck in court, 2020. (en inglés)
• Times of India, What families of death row criminals go through, 2020. (en inglés)
• DT Next, Nirbhaya case: From ‘Isolated cell’ to ‘Gallows’ - Here’s how death convicts will be treated, 2020. (en inglés)
• IndiaSpend, Death Penalty In POCSO Act Imperils Child Victims Of Sexual Offences, 2019. (en inglés)
• The Oxford Human Rights Hub, RightsUp - A Theatre of Death: Challenging the Death Penalty in India (with Anup Surendranath), 2018. (podcast en inglés)
• Centre for Child Rights, POCSO: Why cases of child sexual abuse mostly end in acquittal, 2017. (en inglés)
• BBC, India: why death penalty is not the answer to sexual violence in India, 2017. (en inglés)