Côte d’Ivoire y sus 28 873 034 habitantes cuentan con una población carcelaria de 21 149 personas privadas de libertad, repartidas en 41 establecimientos. La tasa de ocupación de sus prisiones se eleva al 297,07 %, una de las más altas del mundo. En 2022, nueve de ellas observaban una sobreocupación del 600 %.
En 2018, el país enmendó su Código de Procedimiento Penal con el fin de introducir alternativas a la privación de libertad, tales como el control judicial, los trabajos en beneficio de la comunidad y las multas. No obstante, a las autoridades judiciales aún les cuesta aplicar estas nuevas medidas.
La cantidad de profesionales en abogacía, de miembros de la judicatura y de tribunales es insuficiente con respecto al número de casos. Las personas privadas de libertad a menudo tienen que recurrir a terceros y pagar para que se instruya su expediente o para poder beneficiar de la revisión del cumplimiento de su pena. La población preventiva representa más de un tercio de la población carcelaria total, y muchas personas pasan varios años en espera de juicio.
La administración penitenciaria depende en gran medida de la intervención de las organizaciones de la sociedad civil y de los seres queridos de las personas privadas de libertad para compensar las carencias en materia de alimentación, tratamientos médicos y actividades. A pesar de estas ayudas, las condiciones de vida en las prisiones siguen siendo alarmantes.
Muchas personas privadas de libertad se ven obligadas a dormir en el suelo, en celdas hacinadas y con escasa ventilación. La administración penitenciaria no suministra productos de higiene personal de manera sistemática, ni cumple con las normas relativas a la higiene, la calidad y la cantidad de los alimentos, lo que ocasiona numerosos casos de malnutrición. El acceso a las actividades, al trabajo, a la educación y a la formación es bastante limitado, y, aunque la escolarización de los niños y las niñas es obligatoria, los cursos solo incluyen módulos de alfabetización.
Muchas personas privadas de libertad tienen un contacto limitado con el mundo exterior. La confidencialidad de las visitas, las cartas y las llamadas, cuando estas son accesibles, no siempre se garantiza.
Las prácticas disciplinarias no están estandardizadas, por lo que varían de un establecimiento a otro y dan lugar a situaciones arbitrarias. La legislación limita a 15 días la duración del régimen de aislamiento solitario, aun así, algunas personas pasan varios meses aisladas.
No existe un sistema oficial que permita presentar quejas sobre las condiciones de reclusión. Sin embargo, desde marzo de 2023 se ha comenzado a establecer un Mecanismo Nacional de Prevención.
El funcionamiento de las prisiones se organiza de manera informal, y ciertas tareas se delegan a las personas privadas de libertad. Aquellas que asumen el papel de responsables de celda se encargan de mantener el orden y fijar las reglas internas de su celda, las cuales, en ocasiones, no coinciden con las reglas de la dirección de la prisión.
Las personas “asimiladas” constituyen una categoría de la población carcelaria con un estatus social particular, que les permite acceder a ciertos privilegios y a mejores condiciones de vida. Esta práctica tiene su origen en la época colonial. El término “asimilados” designaba en un principio los módulos reservados para los colonos o para las personas asimiladas a ellos.
Las necesidades específicas de las mujeres, las niñas y los niños y las personas con discapacidades suelen desatenderse.
Las personas LGBTQI+ son con frecuencia víctimas de abuso sexual en prisión. A inicios del mes de agosto de 2024, surgió un movimiento anti-LGBTQI+, denominado “anti-woubi”, que ha estado vinculado a una ola de agresiones homofóbicas y transfóbicas, tanto físicas como psicológicas, fuera de prisión.
La escasez de personal y de recursos materiales limita el acceso a la atención sanitaria. El derecho de las personas privadas de libertad de consultar con profesionales médicos y obtener los tratamientos necesarios para sus enfermedades no se garantiza. La salud física y mental de muchas personas privadas de libertad se deteriora durante su estancia en prisión.
