Análisis

En 2019, las prisiones de Costa Rica se enfrentaron a un brote de paperas que puso de relieve algunos fallos del sistema penitenciario en materia de prevención de enfermedades contagiosas. La administración penitenciaria adaptó espacios de aislamiento dentro de los centros para poner en cuarentena a los internos contagiados y mitigar la propagación de las paperas. En aquel momento, no se suspendieron ni adaptaron los procedimientos de los traslados, por lo que se observaron brotes en diferentes centros de manera simultánea.
“Esta (experiencia) nos sirvió como antecedente para generar estrategias y afrontar el coronavirus. Nuestro país registró el primer caso en el mes de marzo de 2020, y a raíz de eso, a las dos semanas siguientes, implementamos una serie de medidas en las que habíamos estado trabajando. El Ministerio de Justicia y Paz empezó a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud y ambos elaboraron una guía nacional para el seguimiento de la COVID-19 que se implementó en todas las prisiones. Esta guía ha ido evolucionando en función de la propagación de la pandemia“.
Bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz, un equipo de emergencia empezó a trabajar estrechamente con el Ministerio de Salud. Más tarde, pasó a establecerse como Comando de Atención a la Emergencia. Conjuntamente establecieron una guía para la gestión de la COVID-19 en los centros penitenciarios, dentro del marco de la alerta nacional de salud por el coronavirus.
Se establecieron tres protocolos sanitarios para todos los centros penitenciarios: uno para los cuidados preventivos, otro para las medidas en caso de un contagio masivo y, el último, para el traslado de los pacientes. Todos los documentos fueron aprobados por el Ministerio de salud. La viceministra de Justicia y Paz declaró en julio de 2020 que más allá de las directrices generales, “cada centro tenía una obligación preceptiva de desarrollar y llevar a cabo su propio protocolo específico”.

“El Comando de Atención a la Emergencia responde a la crisis sanitaria en coordinación con el Ministerio de Salud, el Fondo de la Seguridad Social de Costa Rica, el Instituto Mixto de Asistencia Social y el Ministerio de Seguridad Pública. Se trata de un esfuerzo interinstitucional en el que cada organismo interviene desde su campo de responsabilidad dentro del sistema penitenciario“.

Prison Insider y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de Chile han planteado un análisis sobre el primer año de la pandemia en las prisiones de once países: Costa Rica es uno de ellos.

El acceso a las llamadas telefónicas ya era insuficiente antes de la pandemia.

Monografías de otros países

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Chile: incertidumbre en las prisiones

Análisis
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