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Argentina: la inquietante versión de los presos tras los motines en Santa Fe

Desde los penales, acusan a los penitenciarios y advierten: “Nos están dejando morir acá adentro”.

La imagen estaba a la vista de cualquiera, en la puerta de cualquier penal del país, hasta hace dos semanas: decenas o cientos de familiares y amigos haciendo fila para entrar a visitar a sus seres queridos. Prácticamente todos cargaban bolsones de mercadería. Llevaban alimentos, artículos y productos de limpieza, ropa, cigarrillos y tantas cosas más.

Algunos penales, durante la semana, ofrecían el servicio de “Depósito”: los familiares se acercaban, entregaban los bolsones de mercadería y la dejaban a nombre del interno. La última opción es la de la encomienda: presentarse en un Correo, meter la mercadería en cajas y pagar el envío.

Los problemas en las cárceles comenzaron, entonces, hace dos semanas. El Servicio Penitenciario Federal, y los provinciales, suspendieron las visitas de familiares. Y con la cuarentena a los familiares se les hizo imposible acercarse a depositar comida y artículos de limpieza. De todas formas, algunos penales lo habían prohibido.

“El lunes 16 nos dieron la noticia de que quedaban las visitas suspendidas”, cuenta un interno de la Unidad Penitenciaria 2 Las Flores, de Santa Fe, lugar donde en las últimas horas, una semana después, hubo incidentes que dejaron como saldo cuatro muertos y varios heridos. Y sigue: “Nosotros lo entendimos; creímos que era lo mejor, por precaución. Pero les hicimos un par de pedidos muy puntuales”.

Los pedidos son obvios, a partir de una lógica que se escucha en todas las cárceles del país: sin la mercadería que acercan los familiares, los detenidos pasan hambre. “No les vamos a pedir que las porciones de comida sean más abundantes. Solo que las cocinen un poco mejor, porque ni un mendigo comería lo que sirven siempre. Y vamos a necesitar lavandina, detergentes y todo tipo de materiales de limpieza”, les plantearon los detenidos.

Cuarenta y ocho horas después los internos hicieron un reclamo. No habían recibido nada de lo pactado. El personal penitenciario planteó que el Ministerio de Salud no les había enviado materiales, y que había que esperar. “Lo decían y se nos reían en la cara. A la situación hay que sumarle otro problema que venimos padeciendo y es que nos están negando los beneficios. Hay muchos pibes que podrían estar en sus casas, gozando de la libertad condicional y siguen acá. Llevan hasta un año pasados”, aclara el detenido que acepta hablar con Clarín.

El lunes 23 por la mañana volvieron a exigir por los materiales. La respuesta fue más o menos parecida. Y a la tarde, durante el horario en el que se les permite salir a los patios de los módulos, empezaron los problemas. Un grupo de presos del Módulo 6 primero, y del 10 después (ambos destinados para cristianos), subieron a los techos. Los del 1, 2, 4 y 5 hicieron lo mismo.

“Estando allá arriba colgados pidieron hablar con un juez y con un fiscal para plantearle la situación. Pero no se acercó nadie. Ni del Poder Judicial ni de DDHH”, sigue relatando el testigo.

Es difícil reconstruir lo que pasó entre las seis de la tarde del lunes y las cuatro de la mañana del martes. Hay versiones de todo tipo. Están los que aclaran que no se trató de un intento de fuga (solo de reclamos por lo que les correspondía como detenidos), y los que sí.

En algunos audios se afirma que el Servicio Penitenciario entró con pistolas y ametralladoras, mató a un interno y que en el medio de eso, se cruzaron dos internos con problemas previos y pelearon. Que un grupo de presos se dirigió al módulo de detenidos por abusos y violaciones y mató a otros.

Otras versiones hablan de detenidos que fueron capturados con heridas leves y luego aparecieron muertos. Incluso, en algunas se dicen que hay más muertos. Hasta el martes por la tarde, el dato oficial hablaba de cuatro fallecimientos.

En la Unidad 1 de Coronda, la situación fue similar. Clarín logró contactarse con un interno testigo de los incidentes que dejaron como saldo un muerto y heridos.

“Comer la comida que te dan en la cárcel es vivir intoxicado y con diarrea: nos dan un pollo que se cocina a la mañana y queda todo el día en una cámara de frío que no funciona”, cuenta el detenido. “Nos quedamos sin la comida que nos traían nuestros familiares y sin materiales de limpieza. Pedimos cloro, lavandinas, detergentes y nunca recibimos nada. Ni jabón para bañarnos”.

Esa situación se vivió durante toda la semana anterior. Y hay que sumar la denuncia que los presos hacen sobre la atención médica. “Algunos pibes están con principios de gripe y el personal médico se niega a atenderlos. Dicen que tienen miedo de contagiarse de ellos. La medida que toman es encerrarlos en una celda individual y darles fármacos. El agua está contaminada. Nos están dejando morir acá adentro. Nos tratan como animales”, asegura. Además, envía audios de los disparos de la trágica noche.

A toda la incertidumbre se le debe agregar otro rumor: la vuelta al trabajo de penitenciarios que habrían llegado de vacaciones en Brasil y Paraguay y que no habrían cumplido la cuarentena. La situación estaba por explotar. Era cuestión de tiempo.

La persona que se comunica con Clarín aclara que los incidentes no fueron producto de pelea entre internos. “El muerto era un pibe que al igual que nosotros peleó por nuestros derechos. Para nosotros lo mataron los penitenciarios. Y a los heridos de bala de goma les pegaban estando ya reducidos. Pero esto va a seguir: hace un día y medio que no recibimos comida”.

Gustavo Franceschetti es defensor regional del Servicio Público de Defensa Penal de la provincia. La gran mayoría de los detenidos de las cárceles de Piñero, Pérez y las unidades 3, 5 y 6 son defendidos por abogados de la regional que dirige. Todas son de la provincia de Santa Fe.

“La situación de hacinamiento es muy grande, y viene creciendo año a año”, dice y argumenta con números. En 2017 salió un fallo que decía que a Piñero no podían ingresar más internos. En ese momento había 1.426. Hoy la prisión aloja cerca de 2.030. Lo que no aumentó es el presupuesto ni la estructura para “reinsertar” a los detenidos.

Yendo a la situación de las cinco unidades a partir de la pandemia, dice que la semana anterior hubo una reunión entre miembros del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario. Se decidió la suspensión de visitas y se garantizó el tratamiento de medidas sanitarias.

Pero a los internos no les llegó nada. “El domingo presentamos un hábeas corpus colectivo: se pidió que se mejore la calidad de la comida y que se suministren elementos de limpieza”, aclara. Todo muy parecido a la que cuentan los detenidos de Coronda y Las Flores.

Franceschetti también se refiere a otro de los pedidos repetidos en penales de todo el país. Basándose en un relevamiento de los penitenciarios, que dice que entre las cinco unidades hay 500 personas señaladas como partícipes de “grupos de riesgo”, presentaron 150 pedidos de prisiones domiciliarias. Se trata de enfermos de HIV, diabetes y tuberculosis, entre otras. Hasta el lunes solo habían recibido cuatro respuestas: a uno se le otorgó el beneficio y el resto permanece detenido.

Por estos días, el Servicio Penitenciario de la provincia decide si suspende o no la recepción de paquetes de mercadería para internos. “Como Defensa Pública les estamos proporcionamos a los familiares de detenidos un modelo de declaración jurada que dice que tienen un familiar directo en condición de internos. Con eso van a poder ir hasta las unidades a depositar mercadería. Esperemos que no se suspendan los depósitos”, concluye Franceschetti.

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