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Fuente: Amnistía Internacional (08/02/2021)
Leer la ficha-paísArabia Saudí: la conmutación de la pena de muerte impuesta a tres activistas chiíes detenidos cuando eran adolescentes, un avance positivo
El Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí ha conmutado las condenas a muerte de Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoun por penas de 10 años de prisión descontando el tiempo ya cumplido, por lo que podrían quedar en libertad en 2022.
Ante esta noticia, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado: “La noticia de que estos jóvenes no serán ejecutados tras pasar varios años angustiosos en el corredor de la muerte sin duda es un alivio inmenso para ellos y sus familias.
Los tres fueron declarados culpables tras juicios manifiestamente injustos, basados en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura. Han pasado un periodo crucial de sus vidas sufriendo las terribles consecuencias de un juicio sin las debidas garantías, así como la dolorosa experiencia que ha debido de significar la separación de sus seres queridos durante casi 10 años.
Aplicar la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito es una violación manifiesta del derecho internacional de los derechos humanos.
“La decisión de conmutar las condenas a muerte de los jóvenes por penas de prisión viene precedida de un descenso significativo y positivo del uso de la pena de muerte por las autoridades el año pasado, y debe marcar un claro punto de inflexión para Arabia Saudí.
Las autoridades deben garantizar que este paso significa el fin definitivo de la práctica de condenar a muerte a personas que eran menores de edad en el momento de cometerse el delito, y seguir adelante con las reformas tomando medidas para abolir completamente la pena capital para todos los delitos.”
Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoun fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años, respectivamente. Los tres fueron detenidos por delitos cometidos durante su participación en protestas contra el gobierno en la Provincia Oriental de Arabia Saudí y condenados a muerte por el Tribunal Penal Especializado tras juicios defectuosos en 2014. Desde entonces, Amnistía Internacional hace campaña para pedir a las autoridades que no los ejecuten.
En agosto de 2020, la Fiscalía General saudí ordenó la revisión de sus condenas a muerte, que ahora han sido conmutadas por 10 años de prisión, según la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí.
El mes pasado, Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí anunció que el número de ejecuciones en 2020 había disminuido un 85% respecto a 2019 y lo atribuyó en parte a una suspensión de las ejecuciones por delitos relacionados con drogas, que daba “una segunda oportunidad a los delincuentes menos violentos”. Esta suspensión no se había anunciado oficialmente.
En abril de 2020, Arabia Saudí dictó un Real Decreto en el que anunciaba planes para poner fin al uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en casos discrecionales no relacionados con la legislación antiterrorista. Con anterioridad se había promulgado la Ley de Menores de 2018, que prohíbe imponer la pena de muerte opcional a menores de 15 años. Tales anuncios deben ir seguidos de unas normas de aplicación claras que no excluyan a ningún menor de la reforma.