– Publicado el 9 julio 2018.

El Poder Ejecutivo de Uruguay remitió al parlamento el proyecto de ley de organización del sistema penitenciario nacional, que pretende transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el organismo que rige las cárceles, en un ente descentralizado que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de poner énfasis en la intervención psico-socio-educativa de las personas privadas de libertad. En caso de aprobarse, esta nueva organización entraría en vigor a partir de febrero de 2021.

Dicho proyecto se concreta ─después de varios años en suspenso─ tras un reciente motín de particular gravedad, ocurrido en la cárcel de Santiago Vásquez (exComcar), comparable al que se produjo en 2002 en el Penal de Libertad. Un evento histórico por su violencia. En esa ocasión, los dos líderes del motín destruyeron las instalaciones y mataron a los prisioneros que se opusieron.

Juan Miguel Petit, consignó que en ese lugar se vive “una situación expresamente condenada en las normas internacionales y equiparada a la tortura

El pasado 29 de junio, más de treinta presos de la cárcel de Santiago Vásquez lideraron un motín en el que tomaron como rehenes a tres guardias de la policía. Tras de más de diez horas y luego de arduas negociaciones, los reclusos se rindieron y liberaron a los guardias. Los presos amotinados, que pedían un rescate de $ 150.000 por los rehenes, se quejaban de las ratas, de la mala alimentación y del breve horario de visitas de familiares en el módulo 12 del Comcar ─ uno de los más complicados de esta prisión─.

Estamos pidiendo que los pocos derechitos que tenemos acá se respeten”, dijo un vocero de los reclusos alojados en el módulo 12 de la cárcel. “Que el pan y la leche, si entran a las 10, se repartan a las 10. Y que la visita sea como en otros sectores, durante varias horas. Nosotros ya estamos en un sector de castigo, ya estamos privados de libertad, ¿por qué tenemos que vivir rodeados de ratas?”, continuó el vocero, según versiones de prensa.

El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ordenó una investigación sobre el motín, y afirmó no tener claro cuáles eran las demandas de los presos. Sin embargo, las quejas de los reclusos no son sorprendentes. En su informe 2017, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, consignó que en ese lugar se vive “una situación expresamente condenada en las normas internacionales y equiparada a la tortura”.

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Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema penitenciario también habló sobre el tema.

Este nuevo motín ha impulsado el proyecto de ley de transición del sistema penitenciario hacia el Ministerio de Educación y Cultura. En caso de que se apruebe la ley, los dispositivos que se pondrían en marcha son: una "estructura de apoyo" al trabajo de rehabilitación para incidir en el bienestar de los presos, además de una participación de los reclusos en diferentes actividades. Así como una organización que recibirá de parte de los presos "propuestas e inquietudes relativas a la convivencia cotidiana" dentro de las cárceles.