El sistema penitenciario colombiano ha atravesado una profunda transformación desde el año 2000. En el marco del Plan Colombia, implementado por el Gobierno estadounidense, expertos del Buró Federal de Prisiones asistieron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la construcción de nuevos centros de reclusión de hasta 5000 plazas, con unidades de aislamiento “supermax” y normalización del uso de la fuerza para reprimir a las personas privadas de libertad.

A pesar de que Colombia ha conocido una disminución de los índices de criminalidad desde el año 2001[^insight], la población carcelaria no ha cesado de aumentar: la tasa de encarcelamiento pasó de 128 personas privadas de libertad por 100 000 habitantes, en el año 2000, a 235 en 2016.

Ante las duras condiciones de vida, el índice de sobrepoblación y la falta de acceso a derechos, como la salud y la justicia, la Corte Constitucional declaró, a través de las sentencias T-388 de 2013 y T-762, un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario. La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 —conformada por organizaciones de derechos humanos— analiza a través de informes el cumplimiento de las medidas impuestas por estas sentencias y alerta a las autoridades y al público sobre los disfuncionamientos del sistema penitenciario colombiano.

[^insight]:Insight Crime, “InSight Crime’s 2016 Homicide Round-up”, 16 enero 2017.