El pasado 25 de febrero de 2019, la organización publicó un comunicado en el que pone de relieve la falta de medios financieros asignados al centro de salud y las bajas remuneraciones de los funcionarios.
Además, declara que existe una justicia corrupta, donde, para evitar la prisión preventiva, hay que pagar: solo 1000 de los casi 8000 reclusos de la cárcel de Malaka han sido juzgados y condenados.
La fundación ha formulado varias recomendaciones, a corto y a largo plazo, resumidas aquí:
- el ministro de Derechos Humanos debe intervenir para garantizar que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad, así como los del personal penitenciario;
- el presidente de la República, Tshisekedi Tshilombo, debe rehabilitar todas las cárceles del país y cumplir sus promesas electorales;
- el presidente debe implementar las asambleas generales de la judicatura de 2014,
- los ministros de Justicia y Salud deben tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de los reclusos y del personal penitenciario;
- hacer efectiva la separación entre los preventivos y los penados;
- mejorar las condiciones de vida de los reclusos;
- acelerar los procedimientos judiciales;
- determinar un importe fijo para la fianza que se debe pagar para revocar la medida de prisión preventiva.
En términos más generales, la fundación insta a que se apliquen correctamente las leyes y los procedimientos, y concluye: “luchamos para que los responsables de delitos graves, crímenes contra la humanidad, arrestos arbitrarios, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, secuestros, privación de libertad ilegal, torturas físicas y morales comparezcan ante la justicia, nacional e internacional, sin distinción alguna”.
