Más de 2.300 localidades de todo el mundo participan en Ciudades por la Vida contra la pena de muerte

Con motivo de la celebración de la 18ª edición de la Jornada de Ciudades por la Vida, Amnistía Internacional sigue denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, países como Arabia Saudí, Irán o Estados Unidos continúan matando en nombre de la justicia.

Este año participarán en la Jornada más de 2.300 ciudades de todo el mundo, desde Roma a Johannesburgo, pasando por Amsterdam, París, Berlín o Nairobi, entre otras. En España, son más de 80 las ciudades inscritas a esta iniciativa, y en este 2020, más de 30 como Bilbao, Burgos, Cáceres, San Sebastián, Logroño, Madrid, Málaga, Oviedo, o Vitoria, entre otras, llevan a cabo actos como la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos.

La Jornada de Ciudades por la Vida se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo y viene a conmemorar la primera vez que fue abolida en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa internacional impulsada por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional es fundadora junto con alrededor de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.

Este año, la Comunidad de Sant’Egidio ha convocado en Roma un evento internacional con activistas de derechos humanos, expertos, voces de la política y la sociedad civil de Asia, Europa y América del Norte que ofrecerán su testimonio y que culminará con la iluminación extraordinaria del Coliseo de Roma, con el lema “Stand for Humanity- No death penalty”. Entre los participantes estará el español Joaquín José Martínez, que pasó 3 años en el corredor de la muerte en Florida, o el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, entre otros.

Sólo 20 países fueron responsables de todas las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo durante 2019. Países como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto continúan liderando la terrorífica lista de los ejecutores. China sigue año tras año siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al considerarse secretos los datos relacionados con ella. La cifra oficial de al menos 657 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que presumiblemente tuvieron lugar en el país asiático. Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas se produjeron en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán.

A pesar de los retrocesos en países como Estados Unidos, donde tras una pausa de 17 años, la administración Trump ha reanudado las ejecuciones a nivel federal, o Arabia Saudí, donde a pesar de haberse anunciado la eliminación de la pena de muerte para menores, aún no se ha hecho realidad; el mundo avanza contra la pena de muerte. El pasado 17 de noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aceptó, con el apoyo de 120 estados, el proyecto de resolución sobre una moratoria en el uso de la pena de muerte. Dicha moratoria será aprobada, previsiblemente, en la sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre.

Además, miles de ciudadanos y ciudadanas en Europa y en todo el mundo se han movilizado en defensa de algunos condenados, firmando los llamamientos que se han hecho para parar sus ejecuciones.

La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia. No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito. Lo que sí existen son claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas, minorías y para acallar a la disidencia política.

Con motivo de la jornada de Ciudades por la Vida, Amnistía Internacional quiere destacar la situación de Yahaya Sharif-Aminu, de 22 años, condenado a muerte en el estado de Kano, Nigeria. En febrero de 2020, Yahaya Sharif-Aminu compuso una canción cuya letra supuestamente contiene comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma. A raíz de esto, fue detenido y procesado ante un Tribunal Superior de la Sharia en Kano y condenado por blasfemia, algo que incumple las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Actualmente, Yahaya está detenido en la cárcel de Kano y sus abogados han iniciado un proceso de apelación de la condena a muerte. Amnistía Internacional ha recogido ya más de 106.000 firmas en contra de ésta, instando al Gobernador del Estado de Kano, Abdullahi Umar Ganduje, a que se abstenga de firmar cualquier orden judicial de ejecución y que disponga la liberación de inmediato y sin condiciones de Yahaya Sharif-Aminu.