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América del Sur: al borde del colapso por la pandemia

La sobrepoblación de reclusos en muchos centros ha propiciado fugas y motines por miedo al contagio

Human Rights Watch pide a los gobiernos que liberen a presos con delitos leves o con problemas de salud

El riesgo de colapso sanitario acecha a América Latina en el lugar que la vista suele soslayar por acto reflejo: las prisiones. Tres de los cinco países con tasas más altas de sobrepoblación carcelaria del mundo se encuentran en la región. Bolivia tiene una tasa de ocupación cercana al 360% por 348,2% de El Salvador. En Brasil hay 1.400 casos de tuberculosis por cada 100.000 detenidos en sus prisiones. El 55,5% de los encarcelados carece de atención médica. En cuanto a los argentinos, el 75,8% asegura que no tiene suficiente alimento. Es en ese universo disciplinario que el coronavirus amenaza con provocar estragos.

“La insalubridad y sobrepoblación en las cárceles y los centros de detención juvenil de la mayoría de los países generan las condiciones perfectas para que se produzcan brotes del covid-19 que podrían afectar gravemente la salud de los reclusos y de la población en general”, advierte Human Rights Watch. “Las autoridades deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible”, dice su director para las Américas, José Miguel Vivanco. Human Rights Watch pidió a los gobiernos considerar alternativas a la privación de libertad en casos de personas con delitos leves o no violentos, y que no representen un riesgo significativo de fuga. También pedía medidas especiales para los que trabajan para la comunidad durante el día, gente de edad avanzada, mujeres y niñas embarazadas, y también aquellos con enfermedades coronarias, diabetes, enfermedades pulmonares y sida.

Fugas y motines por miedo

El miedo a los contagios ya ha provocado una masiva fuga de prisioneros en Brasil y motines en unidades penitenciarias de Argentina, Colombia y Venezuela. En los dos últimos casos murieron 23 y 47 internos, respectivamente. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas” ya han permitido “la rápida propagación del covid-19 en muchas instalaciones”.

Hace unos días, un grupo de jueces argentinos decidió que cientos de presos abandonen su celda y pasen al régimen de arresto domiciliario. La polémica medida provocó un fuerte malestar social, con caceroleadas incluidas contra el peronista Alberto Fernández. La senadora de ultraderecha Felicitas Beccar Varela acusó al Gobierno de querer llevar a cabo “un plan estratégico” que contempla la presencia de presos en las calles para expropiar el capital y nacionalizar empresas.

“En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales”, recordó Fernández y calificó de malintencionada la propagación de noticias falsas en las redes sociales que provocaron estupor colectivo y, en los hechos, no permitieron debatir de cara a la sociedad cómo evitar un potencial desastre sanitario. “Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poca apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”, se quejó el mandatario.

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