ZW. La reacción del Gobierno frente a la COVID-19 en las prisiones fue lenta. Si bien, a finales de marzo, las organizaciones de la sociedad civil ─que habían observado la propagación del virus a nivel mundial─ lo alertaron sobre la situación, no hubo ninguna respuesta. El primer caso en prisión se registró el 6 de abril, si no me equivoco. Se trataba de un funcionario que había asistido a un funeral y resultó positivo unos días después. Desde entonces, las cifras han seguido creciendo, creciendo y creciendo, y al día de hoy [9 de junio] existen 1128 casos positivos y ocho decesos. .
Nadie podía informarnos sobre lo que estaba sucediendo en las prisiones. Ese era el principal problema.
Los tribunales también cerraron y ni las audiencias ni los juicios podían hacerse de manera virtual, ya que pocas prisiones pudieron adquirir los equipos necesarios. Todo esto provocó un enorme atraso en el sistema judicial que terminó alargando los periodos de prisión preventiva.
Las autoridades afirmaron que estaban distribuyendo mascarillas y equipos de protección personal y desinfectando todo dentro de las prisiones. Sin embargo, rápidamente, comenzamos a recibir quejas, por parte de los reclusos y sus familiares, que contradecían estas declaraciones. Ellos estaban angustiados y desesperados. Nosotros interpelamos al Gobierno para presentarle dichas quejas, pero no recibimos ninguna respuesta. Por esta razón, contactamos con los medios y organizamos actividades de promoción para pedir al Gobierno que tomara más y mejores medidas para prevenir esta plaga.
Finalmente, el 8 de mayo, el Gobierno anunció que otorgaría la libertad condicional a 19 000 reclusos, principalmente, de edad avanzada, mujeres, niños y personas con problemas cardiacos. Sin embargo, ya ha pasado un mes y ellos aún siguen en prisión.
Al principio, fuimos más indulgentes porque las autoridades habían previsto realizar los debidos procedimientos de libertad condicional. Pero ahora, después de un mes, los reclusos y sus familiares siguen a la espera, sin que se les informe acerca de la situación.
Las autoridades declararon que las liberaciones formarían parte de una iniciativa legal, pero todavía no han explicado lo que significa.
Les hemos preguntado qué servicios proponen a las personas liberadas, ya que, si su reinserción social suele ser difícil, en estos momentos, lo será aún más, sobre todo para las comunidades pobres en las que muchos han perdido sus empleos debido a la crisis actual. Tampoco respondieron a esta pregunta, así que enviamos una segunda carta al ministro. Hasta hace poco, el Gobierno no había lanzado un plan oficial para la gestión de la COVID-19 en prisión, lo que quiere decir que ninguna responsabilidad podía recaer sobre ellos. Hace un mes, publicaron un plan con los procedimientos operativos estándar, sin hacer referencia a los derechos humanos o a la protección de los reclusos, un aspecto que hasta el día de hoy sigue sin mencionarse.
Los Servicios Correccionales tomaron la iniciativa de publicar estadísticas en línea, que se actualizan todos los días. Esta es una buena decisión, aunque, para ser sincero, no estoy seguro de por qué lo hicieron. Creo que sería interesante tener acceso a datos desglosados y saber en realidad cuántas pruebas se han realizado.
Dado que la administración solo hace pruebas a los que presentan síntomas, hay un riesgo de que muchas otras personas hayan contraído el virus, pero sean asintomáticas. También sería importante saber a quiénes se están realizando las pruebas: ¿a las reclusas mujeres, a los preventivos?, por ejemplo.