Fecha del informe
Autor(es)Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT)

Población específica

El Instituto Nacional Penitenciario contabilizó 17 017 personas privadas de libertad en julio de 2016. Esta cifra representa un aumento del 45 % en comparación con 2012, cuando se contabilizaron 11 727 personas privadas de libertad. En cuatro años, la población carcelaria ganó casi 5 300 reclusos. El porcentaje de preventivos aumentó, para el mismo periodo, de 6 %, pasando del 48 % en 2012, a 54 % en julio de 2016.

El crecimiento de la población carcelaria hondureña se mantuvo relativamente estable, por más de una década, hasta 2012. Este aumento coincidió con la deportación de 129 726 reclusos de Estados Unidos a Centroamérica 1. El Gobierno hondureño respondió a la presencia repentina de miembros de bandas armadas con una política de “mano dura” y encarceló a los miembros, o posibles miembros, de la Mara Salvatrucha (MS13) o de Barrio 182. Dentro de las cárceles, estas bandas armadas consolidaron su organización, reclutaron nuevos miembros, y, además, se vieron obligados a intensificar sus actividades criminales para poder costear sus defensas jurídicas y la vida dentro de la prisión3.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) contabilizó, a finales de 2015, un total de 186 personas extranjeras privadas de libertad. Entre los hombres, 102 eran preventivos y 68 condenados; entre las mujeres, 2 eran preventivas y 14 condenadas4.

La tasa de hacinamiento se situaba en un 195 %, en septiembre de 2015.La CIDH indica que el hacinamiento afecta más a los centros penitenciarios situados en las principales zonas urbanas. Además, adentro de los distintos centros penales hay sectores más hacinados que otros, consecuencia del sistema de autogobierno.

Dos centros penitenciarios concentran el 50 % de la población carcelaria del país: la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PN-MAS), y la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula (PN-SPS).
La PN-SPS, con una capacidad oficial para 800 reclusos, albergaba a 2725 personas privadas de libertad, en diciembre de 2015.

En septiembre de 2015, el Estado comenzó a implementar el Proyecto de Reducción del Hacinamiento de las Personas Privadas de Libertad. Este proyecto consiste en identificar a los reclusos que puedan beneficiar de la libertad condicional y de la libertad anticipada por trabajo comunitario, así como a las personas enfermas en fase terminal o en la tercera edad, y aplicarles el ajuste correspondiente a sus penas. En su primera fase, que duró tres meses, se identificaron 1 100 personas elegibles a un ajuste de pena5.

El Decreto No. 56-2013 establece la no procedencia de medidas sustitutivas de la prisión preventiva para 21 delitos. Dicha reforma fue criticada por diferentes instituciones de derechos humanos, entre las cuales la CIDH, dado que basta con que el Ministerio Público califique un acto con uno de estos delitos6 para que se prive de libertad a un individuo, sin necesidad de pruebas que justifiquen la prisión preventiva.


  1. Insight Crime, “The Prison Dilemma: Latin America’s Incubators of Organized Crime”, 2016, pp. 19-20 [en inglés] 

  2. Para saber más sobre el fenómeno de las pandillas armadas en Honduras, ver: InsightCrime, “Gangs in Honduras”, abril 2016 [en inglés] 

  3. Para saber más sobre el fenómeno de las pandillas armadas en las prisiones de Honduras, ver: InsightCrime, “Where Chaos Reigns: Insidethe San Pedro Sula Prison”, 2 febrero 2017 [en inglés] 

  4. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Informe anual 2015, p. 109 

  5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., p. 207 

  6. Estos son: homicidio (cuando no hay causa de justificación), asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de moneda y billetes de banco, robo de vehículos, magnicidio de jefes de Estado, genocidio, asociación ilícita, extorsión, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando (en determinados casos), defraudación fiscal (en determinados casos), delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, lavado de activos, prevaricato, y feminicidio. 

Preventivos

54 %

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01/09/2015
/ World Prison Brief

El Instituto Nacional Penitenciario contabilizó 887 mujeres privadas de libertad para diciembre de 2016, lo que representa el 5.2 % del total de la población carcelaria hondureña.
El 70 % de las mujeres reclusas son preventivas1.

La Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PN-FAS) es el único centro penitenciario exclusivo para mujeres. La tasa de hacinamiento se eleva a más del 200 % : con una capacidad de 200 plazas, albergaba a 411 reclusas para junio de 2016.

Las internas del PN-FAS pueden participar en talleres de panadería, bisutería, costura, pintura o computación. El centro también cuenta con una biblioteca, una guardería y un módulo con 12 camas reservado a mujeres embarazadas o con hijos menores de cuatro años2.

El resto de las mujeres se encuentran recluidas en cárceles “mixtas”, donde se les asigna un pabellón. Según el informe 2015 de la CIDH, la separación efectiva entre hombres y mujeres no es respetada en el PN-SPS y en el Centro Penal del Progreso.

Las mujeres privadas de libertad se quejan a menudo de los estrictos horarios de cierre de celdas, que les impiden satisfacer sus necesidades fisiológicas. En el PN-FAS se les prohíbe hacer uso de los servicios sanitarios durante más de 12 horas —de las 7 pm a las 6 am—.

Mujeres reclusas

5,2 %

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31/12/2016
/ Instituto Nacional Penitenciario

La edad de responsabilidad penal ha sido fijada a los 12 años.

Los centros de reclusión para menores, llamados “Centros pedagógicos”, están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) desde abril de 2015.
El Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), a cargo de la gestión de los centros pedagógicos, fue creado en 20161.

Cinco centros están exclusivamente reservados a menores en conflicto con la ley: JALTEVA (San Pedro Sula), Sagrado Corazón (Tegucigalpa), Renaciendo (Tegucigalpa), Los Cobras (San Pedro Sula) y El Carmen (San Pedro Sula).

La Asociación para una Sociedad más Justa contabilizó 386 menores privados de libertad para diciembre de 2015 —sin contar aquellos del centro Renaciendo—. Entre ellos, 291 se autoidentificaron con un grupo criminal determinado, en su mayoría, las pandillas “MS 13”, “Barrio 18” y “Los Chirizos”.

Los centros para menores también se rigen por un sistema de autogobierno. La ausencia de control de las autoridades ha generado elevados índices de violencia. Enfrentamientos mortales entre miembros de bandas rivales se producen regularmente, además de evasiones masivas y daños a la infraestructura2.

En un informe publicado en diciembre del 2015, la CIDH manifestó su “profunda preocupación por las condiciones observadas en el Centro de Rehabilitación de Niños, Niñas y Adolescentes Renaciendo”. Durante su visita, la delegación constató que el 60 % de las instalaciones (la escuela, la cancha de juegos y un módulo entero, entre otras instalaciones) estaban destruidas, como resultado de un motín ocurrido tres años antes. En el informe, la CIDH afirma considerar “inaceptable que los adolescentes se encontraran encerrados en los módulos sin ninguna actividad educativa ni recreativa y que en general la población reclusa carezca de atención médica, medicamentos, artículos de aseo, colchones, artículos para su recreación, ropa de cama y otros elementos básicos que debería asegurar el Estado3.

El informe señala también el clima de violencia que se vive en dicho centro, principalmente por el vínculo de ciertos internos con la banda “Barrio 18”. La CIDH denunció las amenazas de muerte recurrentes entre los integrantes de esta banda y otros internos pertenecientes a bandas rivales.

Los incidentes violentos se vienen multiplicando desde 2015. En agosto de ese año, tres jóvenes de la pandilla “Barrio 18” fueron asesinados y descuartizados en el centro Renaciendo. En enero de 2016, se descubrió una fosa común con varios cadáveres de menores.
El Gobierno declaró en estado de emergencia a los centros privativos de libertad de menores, en marzo de 20154.


  1. INAMI tomará el control de los centros de internamiento de menores” en Tiempo Digital, 3 octubre 2016 

  2. Pandillas gobiernan en centros de menores de Honduras” en La Prensa, 19 febrero 2016 

  3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras”, diciembre 2015, p. 226 

  4. Asociación para una Sociedad más Justa, “Estudio situacional sobre las condiciones de privación de libertad de la niñez infractora de la ley penal”, enero 2016, p. 5 

Menores bajo custodia del Estado

2,3 %

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31/12/2015
/ Asociación para una Sociedad más Justa

La CIDH alertó, en su informe 2015, sobre la situación de las mujeres lesbianas de la PN-SPS, afirmando que “se encuentran en una situación agravada de vulnerabilidad, debido a resistencia a participar de la dinámica de sumisión y control que ejercen los reclusos varones (específicamente los “coordinadores”) que gobiernan en ese centro penal.1

Los reclusos homosexuales, bisexuales y las mujeres trans de la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula están alojados en celdas separadas del resto de la población masculina. Durante una visita de la delegación de la CIDH, uno de los internos entrevistados afirmó sentirse más seguro desde que se había aplicado esta medida. Sin embargo, a pesar de la separación, aún eran sometidos a violencia sexual y física por parte de los otros reclusos.

Además, la Asociación para la Prevención de la Tortura denunció que los internos LGBTI de la PN-SPS y PNMAS estaban recluidos con personas con discapacidad mental o que presentaban problemas de convivencia con el resto de los reclusos.

En un informe publicado en 2016, la Plataforma EPU Honduras enumeró una lista de amenazas y peligros con los cuales debe vivir la población reclusa LGBTI.


  1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras”, diciembre 2015, p. 218 

Las personas en condición de minusvalía no cuentan con una atención diferenciada. Los establecimientos no están adaptados a personas con discapacidades físicas; muchas veces deben valerse por sí mismas o pedir ayuda a los compañeros de celda.

El INP no cuenta con establecimientos penitenciarios psiquiátricos. La mayoría de las personas reconocidas culpables pero inimputables por razones psiquiátricas son dirigidas a hospitales psiquiátricos dependientes de Ministerio de la Salud.

Solo la PN-MAS cuenta con un módulo destinado a reclusos con enfermedades mentales. Sin embargo, el Hogar 17, también conocido como “La Isla”, no posee la infraestructura adecuada ni una atención médica y psicológica integral1.

Las personas con enfermedades en etapa terminal son sometidas a una evaluación KPS (Escala de Karnofsky para medir la capacidad de los pacientes víctimas de cáncer para realizar tareas cotidianas). Independientemente del resultado, muy pocas veces se aprueba la salida de un recluso para permitirle morir en su hogar junto a su familia.