Fecha del informe
Autor(es)Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT)

Relaciones con el exterior

Las personas privadas de libertad tienen la posibilidad de mantener sus vínculos familiares. Sin embargo, no existe una política uniforme en cuanto al derecho de visitas y muchos establecimientos no poseen espacios destinados a estos efectos. En algunas cárceles, las visitas se realizan dentro de las celdas, estableciendo normas de respeto con los otros reclusos.

Algunos establecimientos penitenciarios tienen habitaciones dedicadas a las visitas conyugales. La calidad de estos espacios puede variar de una prisión a otra; en la cárcel de Ilama (Santa Barbara) las visitas se realizan en el área de la escuela, en camas separadas únicamente por una cortina.

En los centros que no cuentan con estos espacios, los internos improvisan lugares para poder recibir las visitas conyugales.

Las cárceles para mujeres poseen una sala común para visitas, pero el espacio es reducido y poco ventilado.

Debido a que solo existen cinco centros pedagógicos, los menores en conflicto con la ley tienen dificultades para mantener sus lazos familiares, sobre todo cuando sus familias tienen limitaciones económicas importantes que impiden las visitas.

El correo no es privado.

Las instituciones de seguridad del Estado y el Poder Ejecutivo consideran que las personas privadas de libertad organizan delitos desde los centros penitenciarios. Como consecuencia, las comunicaciones desde las cárceles son limitadas y altamente vigiladas.

La Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles y limita la señal telefónica. En respuesta a esta medida, el mismo Estado, a través de una compañía extranjera, instaló teléfonos que permiten al personal escuchar las conversaciones de los internos. Los reclusos deben pagar sus llamadas a un costo superior del precio de mercado.

Esta situación ha sido denunciada en múltiples ocasiones ante el CONADEH. Hasta hoy, no se ha aportado una respuesta a la solicitud de reducir el precio de las llamadas telefónicas.

Honduras ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (OPCAT en inglés) en mayo de 2006. El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) –MNP hondureño– fue creado dos años después, en diciembre de 2008.

El CONAPREV se rige por la “Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos, Crueles, Inhumanos y Degradantes”.
El Comité está compuesto por tres miembros: uno propuesto por el Poder Ejecutivo, otro por el Poder Legislativo y el tercero por la sociedad civil.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) redactó, durante 2016, una lista de regulaciones para asegurarse de que la función del miembro elegido por la sociedad civil sea independiente. La Asociación por la Prevención de la Tortura (APT) recomendó al Estado hondureño establecer criterios similares para los miembros elegidos por el Gobierno.

El Estado ha incrementado gradualmente el presupuesto otorgado al CONAPREV. Sin embargo, a excepción de 2015, este presupuesto siempre ha sido menor al solicitado por la institución o al aprobado oficialmente por el Gobierno. Según la APT, en 2011 se aprobaron tres millones de Lempiras (132 450 $) pero solo se entregaron dos millones. En 2012 se aprobaron cinco millones pero solo se otorgaron tres. Para 2016, se aprobaron nueve millones pero, hasta la fecha de la redacción del informe de la APT, solo se habían asignado dos millones1.

En 2015, el CONAPREV creó varios comités locales de prevención de tortura en diferentes regiones del país. Su objetivo principal es fortalecer la presencia del CONAPREV a lo largo del territorio nacional y realizar actividades de monitoreo que ayuden a implementar las recomendaciones emitidas por el CONAPREV. Sin embargo, solo dos comités están en operación, y gracias a un financiamiento privado. La APT afirmó que, si el gobierno no concedía un financiamiento a los comités en 2017, estos no podrían continuar sus actividades.

Por último, la APT señaló que una gran parte de las recomendaciones emitidas por el CONAPREV no son aplicadas, a pesar de que dichas recomendaciones son discutidas previamente con las autoridades.

Entre las recomendaciones formuladas más a menudo están:

  • Aumentar el rol de monitoreo de los jueces de ejecución de penas;
  • retirar al ejército de las actividades de gestión de centros penitenciarios (que además está prohibido por la ley);
  • aumentar el presupuesto diario de comida por recluso (actualmente establecido a 13.5 Lempiras – 0.5 $)2.

Contactar al CONAPREV

  • Oficinas de Tegucigalpa: Col. Lomas del Mayab, calle Hibueras casa 3402, al este de Noticiero "Hable como Habla"
    Teléfono: 2235-9492 / 2235-6678

  • Oficinas de San Pedro Sula: 23 Calle, 2da. Avenida, mismo edificio donde funcionan las oficinas de la defensa pública.
    Teléfono: 2556-5861 / 2556-6001


  1. Asociación para la Prevención de la Tortura, “APT submissionon Honduras”, julio 2016, p. 4 

  2. Asociación para la Prevención de la Tortura, op. cit., p. 5-6