Fecha del informe
Autor(es)Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT)

Sistema penitenciario

Honduras cuenta con 31 establecimientos de privación de libertad para adultos:

  • Ocho Penitenciarías Nacionales,
  • 17 Centros Penales,
  • el Centro de Segregación Administrativa (PN‐MAS),
  • la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PN-FAS).

También cuenta con cuatro centros preventivos de detención, que operan en instalaciones militares:

  • el Primer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras,
  • el Segundo Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras (creado en 2015),
  • el Tercer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras,
  • el Escuadrón Cobras de la Policía Nacional.

La creación de estos centros fue autorizada por el Instituto Nacional Penitenciario en abril de 2014. Sin embargo, el acuerdo que autoriza la creación no menciona el fundamento legal que permite utilizar instalaciones militares como centros de reclusión. El acuerdo prevé que los centros de detención preventiva sean administrados por el personal penitenciario y auxiliados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras. La CIDH, en un informe publicado en 2015, señala que este punto no es respetado, dado que las labores de gestión son confiadas a las Fuerzas Armadas1.

De los 31 centros existentes, dos fueron construidos en 2015:

  • La Penitenciaría Nacional “El Porvenir” tiene una capacidad efectiva de 2000 reclusos y está ubicada a 100 km de Tegucigalpa. El edificio fue construido en siete hectáreas. Además, 96 hectáreas están dedicadas a cultivos, y cuenta con una cantera para sacar piedra de construcción2.

  • La Penitenciaría Nacional “El Pozo”, situada a 55 km de San Pedro Sula, tiene una capacidad efectiva de 2 500 reclusos. La mayoría de las 168 personas recluidas en El Pozo, a enero de 2017, eran cabecillas de bandas armadas y líderes de autogobiernos, a quienes se les acusaba de organizar secuestros y extorsiones desde la cárcel. En El Pozo, los reclusos viven en un régimen de aislamiento absoluto: solo se les permite salir de la celda durante una hora al día. El resto de tiempo están confinados en celdas de 2x2m2, sin ventanas, iluminadas solamente con luces artificiales. Cada celda tiene una cama y un sanitario3.

En su informe 2015, la CIDH dejó establecido que considera necesario remodelar los centros penitenciarios o construir nuevos, dado que las instalaciones existentes son antiguas, precarias e inadecuadas, y afirmó al mismo tiempo que ésta no es una solución sostenible a largo plazo. Además, señaló el carácter deshumanizante de los llamados “proyectos de megacárceles”: “[L]a Comisión considera que, en efecto, hay consenso en que centros penitenciarios más péquenos tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.”4


  1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras”, diciembre 2015, p. 221 

  2. Gobierno de Honduras inaugura centro penal en El Porvenir” en El Heraldo, febrero 2015. 

  3. ‘Esto es el infierno’: Testimonios en El Pozo, la cárcel para peligrosos reos de Honduras”, septiembre 2016 

  4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., p. 213. 

La administración de los centros penitenciarios de Honduras está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ente desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDJGD).

La Relatoría informó que la mayoría de las personas entrevistadas señalaron la participación y beneficio del personal penitenciario en actividades ilícitas y corrupción dentro de las cárceles.

En su informe 2013, la Relatoría calificó de “deplorables” las condiciones laborales del personal penitenciario, basándose en una declaración hecha por el CONAPREV: “[E]l sueldo de los policías es simplemente miserable para la cantidad de horas que prestan servicios, alejados de sus hogares e intentando sustentar a sus familias1. En 2013, el sueldo de un policía penitenciario oscilaba entre 5500 y 9134 Lempiras; el equivalente de 289 y 480 USD al mes.

Además, la Relatoría informó que “durante la visita a la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, [se] observó que una de las torres de vigilancia perimetral está ubicada en un lugar donde se arroja y acumula gran cantidad de basura y aguas estancadas. Los guardias que hacen turno en ese puesto suben con escaleras móviles y permanecen allí de 6 a 8 horas, sin acceso a baños, expuestos a un ambiente caluroso e insalubre y con permanentes olores putrefactos. Adicionalmente, la marcada inferioridad numérica en la que se encuentran los policías penitenciarios frente a la población reclusa constituye en sí mismo un factor de riesgo adicional para aquellos. A este respecto, el segundo oficial a cargo del Centro Penal de San Pedro Sula, explicó a la Relatoría que una de las razones por las que no se pueden hacer requisas efectivas en esa cárcel es precisamente por la abrumadora cantidad de internos (por lo general armados) hacinados en las estrechas celdas. Por lo cual, los agentes penitenciarios tienen que “coordinar” las requisas con los internos, proceder de otra manera pondría necesariamente en riesgo al personal de seguridad.2

Esta realidad, aunada con la falta de recursos y de personal, hace que los funcionarios del sistema penitenciario consideren los sistemas de autogobierno como “un mal necesario”. El 85 % de las cárceles en Honduras están bajo el control de un sistema de “autogobierno” de reclusos. A los cabecillas se les llama “coordinadores”. La vida dentro de los centros penales y el acceso a derechos o privilegios queda a discreción de los autogobiernos.

La visita realizada por una delegación de la CIDH, a finales de 2014, a la penitenciaría San Pedro Sula se hizo bajo la “asistencia” y “supervisión” de la red de “sub-coordinadores”.

Esta realidad de autogobierno contrasta, de manera contradictoria, con el proceso de militarización de los centros penitenciarios que se está llevando a cabo desde hace unos años. Dicho proceso, además, viola flagrantemente la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que prohíbe la presencia de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario: “No puede ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional, quien [...] se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial3.

La militarización se manifiesta en todos los niveles de la jerarquía penitenciaria: miembros del alto mando militar forman parte de la dirección del sistema penitenciario y de centros penitenciarios. Efectivos del ejército son empleados como funcionarios penitenciarios, incluso en centros para menores.

Actualmente, se está debatiendo un proyecto que pretende modificar el 41 % de los 118 artículos que componen la Ley del Sistema Penitenciario. Entre ellos está el primer artículo, que define la naturaleza y los fines del INP; se le quiere asignar el rol de “Institución de seguridad del Estado”. La CPTRT considera que esta modificación tendría como consecuencia que el INP pasara a estar a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, una estructura que “concentra el poder del Estado de forma absoluta”.

Además, la reforma restaría atribuciones constitucionales de control a los jueces de ejecución, dado que los traslados de reclusos ya no tendrían que ser notificados con 24 horas de antelación si la persona trasladada es calificada de “alta peligrosidad”. La CPTRT insiste que esta reforma es un “atentado al Estado de derecho, pues la figura del Juez de Ejecución de Penas surge como una garantía de que el Estado ha previsto vigilar la correcta aplicación de las normas que regulan el régimen penitenciario y velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.


  1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras”,marzo 2013, p.34 

  2. Ibid., p. 35 

  3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras”, diciembre 2015, p. 222