Fecha del informe
Autor(es)Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT)

Vida cotidiana

Los directores de los centros penitenciarios, junto con el Consejo Técnico Interdisciplinario, asignan a cada recluso un pabellón, llamados “hogares” o “módulos”. Los reclusos considerados “peligrosos” pueden ser asignados a establecimientos de máxima seguridad.

Las celdas son colectivas. No existe una superficie mínima reglamentaria por recluso, por lo que en una celda pueden estar alojadas desde 40 hasta 80 o 100 personas.
Los reclusos improvisan “camarotes” para dormir, que pueden tener varios niveles o incluso llegar hasta el techo, dependiendo del tamaño de la celda.

Solo los líderes de autogobiernos –llamados “coordinadores”– y los internos con recursos económicos tienen acceso a celdas “VIP”, que equipan con su mobiliario (cama, armario, aire acondicionado y televisión). El costo de dichas celdas puede ir de 100 USD a 250 USD, dependiendo del establecimiento.

Las celdas “VIP” tienen un sanitario privado. Los módulos comunes cuentan con dos o tres sanitarios y uno o dos espacios que hacen oficio de duchas.

Las ventanas son pequeñas y, en muchos casos, los reclusos las tapan con cortinas que impiden que entre la luz de sol.

El sistema de ventilación es deficiente. Los internos pueden comprar ventiladores eléctricos o pedirle a familiares que se los faciliten.

Los reclusos reciben tres comidas diarias pero el menú propuesto no es muy variado.
Gracias a negociaciones entre el CONAPREV y el Gobierno, se acordó aumentar el presupuesto alimenticio diario por recluso de 13.5 a 30 Lempiras (de 0.57 a 1.27 USD). Sin embargo, estos ajustes aún no han sido aplicados a nivel nacional.

Las raciones son pequeñas; en algunos centros se puede llegar a servir un pollo para 25 personas. El CPTRT determinó que cada recluso ingiere, en promedio, 900 calorías al día. El personal de seguridad está sometido a un régimen alimenticio similar.

Los internos que gozan de cierta confianza están encargados de las labores de cocina.

En la mayoría de las prisiones, los presos deben comprar agua embotellada o tener un filtro en sus celdas si desean consumir agua potable.

Los requisitos dietéticos por razones médicas no son tomados en consideración. La responsabilidad de proveer alimentos adecuados recae sobre los allegados del recluso enfermo.

Los familiares pueden llevarle alimentos a los reclusos, a condición de que los guardias verifiquen que no haya ningún objeto prohibido dentro de los recipientes. Las requisas no respetan las medidas de higiene básicas, dado que se realizan con las manos, sin usar guantes o cucharones.

Las condiciones de higiene y salubridad de los centros penitenciarios hondureños son deplorables.

La presencia de plagas –insectos o ratas– es común en la mayoría de las prisiones, puesto que las construcciones datan de varias décadas. Además, el hacinamiento y la escasez de alimentos obligan a los internos a guardar en sus celdas la comida que les aportan sus familiares, lo que atrae la presencia de insectos.

El suministro de agua es irregular. Los reclusos se ven obligados a almacenarla en baldes, que se convierten en criaderos de zancudos.

Algunos establecimientos penitenciarios, como la Penitenciaría Nacional de Danlí, cuentan con un pozo para abastecerse de agua. Sin embargo, cuando la bomba eléctrica con la que se distribuye dentro del penal se daña, los costos de la reparación o de tanques de agua supletorios corren por cuenta de los reclusos.

El CPTRT señala que, en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, el agua suministrada a los internos está contaminada.

La limpieza y el mantenimiento de los sanitarios están a cargo de los reclusos.

En algunos centros penitenciarios, sobre todo aquellos reservados a las mujeres, los sanitarios se encuentran fuera de las celdas. Las reclusas no pueden acceder a ellos durante el mediodía y la noche, ya que están encerradas en sus pabellones.
El suministro de toallas sanitarias corre por cuenta de las reclusas.

El Instituto Penitenciario no suministra productos de higiene personal a las personas privadas de libertad, por lo cual los allegados se ven en la obligación de aportarlos durante las visitas.

Las personas privadas de libertad no visten uniformes en Honduras. Los allegados pueden aportarles ropa durante las visitas. El lavado es realizado por los reclusos; aquellos que cuentan con recursos económicos le pagan a un compañero para que realice la labor.

La limpieza de las celdas y áreas colectivas es responsabilidad de los internos, que generalmente se organizan por equipos para distribuirse las labores.
El Instituto Penitenciario no suministra productos de limpieza como cloro, detergente, escoba o trapeadores. Cada coordinador de hogar solicita a los internos de su sector un aporte económico para la compra de productos de limpieza; en otras ocasiones son los familiares los que proveen.

Todos estos factores contribuyen a brotes recurrentes de dengue, chikungunya, enfermedades respiratorias, dermatitis, escabiosis, hongos en las uñas, entre otros.

El servicio de salud dentro de los centros penitenciarios depende del Instituto Nacional Penitenciario.
Solo en ciertos establecimientos existen convenios de cooperación con el Ministerio de la Salud.

Todos los centros penitenciarios poseen un área reservada a la enfermería.

El personal médico es escaso: algunos establecimientos cuentan con un solo médico y una enfermera —por ejemplo, en la Penitenciaría Nacional de Comayagua es un psiquiatra—; en otros, los cuidados son prestados por los mismos reclusos. También existen penales en los que ningún personal sanitario ha sido asignado, a pesar de que la Ley del Sistema Penitenciario establece la existencia de un Consejo Técnico Interdisciplinario en cada cárcel.

Los hospitales públicos proveen la atención médica especializada. Los traslados se realizan a tiempo únicamente cuando se trata de casos de emergencia. Es muy difícil satisfacer las necesidades de todos los reclusos dado que la mayoría de las cárceles poseen únicamente un vehículo para realizar traslados a las audiencias y al hospital.

La falta de recursos hace que los cuidados médicos sean únicamente paliativos. El personal sanitario no tiene recursos para atender necesidades específicas como exámenes médicos y tratamientos a largo plazo. Las medicinas básicas son gratuitas y generalmente las suministra la Secretaría de Salud. Algunos establecimientos deben solicitar donaciones para poder constituir un suministro básico.

Los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y los tratamientos contra la dependencia a drogas están generalmente organizados por miembros de la sociedad civil.

Los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y los tratamientos contra la dependencia a drogas están generalmente organizados por miembros de la sociedad civil. Por ejemplo, la CPTRT lleva a cabo un programa de prevención en VIH, en el cual forman a ciertas personas privadas de libertad para que transmitan las medidas de prevención a sus compañeros. Estas actividades se realizan en ocho centros penitenciarios, entre los cuales están el de Danlí, Juticalpa, Comayagua, la PN-MAS y el centro de detención Cobras.

Los tratamientos contra la toxicomanía pueden, en ocasiones, estar a cargo de personas privadas de libertad que, por iniciativa del psicólogo o médico del establecimiento, brindan apoyo a compañeros toxicómanos.

El decreto 101-2015 creó la Ley de Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad, que tiene como finalidad organizar el trabajo dentro del sistema penitenciario.

En la práctica, existen muy pocas ofertas de empleo en prisión y generalmente provienen de la iniciativa de los mismos reclusos.

Las mujeres reclusas en la PN-FAS pueden participar en talleres de bisutería, repostería y costura.

En los centros penitenciarios para hombres, las actividades más comunes son la jarcia y la carpintería. Estos talleres pertenecen a reclusos, que contratan a compañeros como mano de obra.

Además, el acceso a las actividades laborales desarrolladas en cada establecimiento depende en gran parte de los “coordinadores”, que pueden influir de forma directa o indirecta en la otorgación de trabajo a un interno.

Las actividades laborales no tienen una remuneración constante y generan pocos beneficios, puesto que dependen de clientes exteriores. Las ventas solo se llevan a cabo durante los días de visita.

El CPTRT afirma que no existe una política uniforme en cuanto a la remuneración de los reclusos, que depende en gran parte de la dirección de cada centro penitenciario. Algunos de los reclusos entrevistados mencionan no ser remunerados; otros que trabajan en la agricultura dicen recibir pequeños pagos.