Fecha del informe
Autor(es)Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT)

Integridad física

La pena de muerte fue abolida en 1956, la última ejecución tuvo lugar en 1940.

Los altos índices de violencia han reavivado el debate sobre la pena de muerte en Honduras. En 2015, el secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, propuso debatir sobre la pertinencia de restablecer la pena de muerte como medida para reducir los crímenes violentos 1.


  1. Congreso hondureño analiza discutir la pena de muerte” en La Prensa, 15 abril 2015. 

La cadena perpetua está prevista en la Constitución hondureña, a pesar de estar en contradicción con el Código Penal, que establece en sus artículos 35 y 66, que "las penas acumulables no podrán exceder los treinta años" y que, "en el caso de que el delito esté penado con privación de la libertad por vida, se les aplicará una pena de 20 a 30 años de reclusión"1.

La última reforma fue aprobada por el Parlamento en 2014: el magnicidio del presidente de cualquiera de los tres poderes del Estado, de los operadores de justicia o de los miembros del Consejo Nacional de Defensa (CNDS) puede ser sancionado con la cadena perpetua.

Por el delito de magnicidio, la pena va de 40 años de privación de la libertad al encarcelamiento de por vida. Por el delito de homicidio de los funcionarios previamente mencionados, la pena va de 30 años de privación de la libertad al encarcelamiento de por vida2.

Actualmente, los hermanos Osman Fernando y Edgar Francisco Osorio Arguijo, y Marvin Alonso Gómez cumplen cadena perpetua por el secuestro agravado del periodista Alfredo Villatoro, secuestrado el 9 de mayo de 2012 y encontrado sin vida el 15 de mayo del mismo año.


  1. Rommel Alexander Gómez,“Cadena perpetua, retroceso penal en Honduras” en PrisonInsider 

  2. Honduras aprueba cadena perpetua para el que mate jueces y fiscales” en La Prensa, 23 oct. 2014 

El informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que, entre 2006 y el 2012, un total de 755 personas fallecieron (641 muertes violentas y 114 naturales) dentro de las cárceles de Honduras.

Entre 2013 y octubre de 2014, fallecieron 74 personas (38 muertes fueron violentas y 36 naturales).
La muertes violentas son generalmente consecuencia de homicidios con armas de fuego, ataques entre grupos rivales, con explosivos y armas de guerra, o disparos del personal penitenciario para evitar fugas1.

Se estima que alrededor de 533 personas han perdido la vida a causa de incendios en centros penitenciarios de Honduras desde el 20032.

362 personas fallecieron en el incendio de la Penitenciaría Nacional de Comayagua, el 14 de febrero de 20123. Gran parte de las víctimas murieron, calcinadas o asfixiadas, ya que estaban encerradas dentro de cinco pabellones.

Las investigaciones de los hechos y el juicio tomaron mucho más tiempo de lo normal y, según la CIDH, “el Ministerio Público no estaría actuando con la debida diligencia en la práctica de pruebas, por ejemplo, no se les habría tomado declaración a testigos claves y no se estarían siguiendo todas las posibles líneas de investigación. Indicaron además, que ellos, como representantes de las víctimas, han recibido amenazas anónimas; y que incluso uno de los sobrevivientes del incendio, el señor Rubén Tabora, habría sido asesinado el 3 de junio de 2014, dieciocho días después de haber dado una entrevista a un canal de televisión en la que habría expresado su versión acerca de las causas del incendio y de sus posibles responsables.”4

El juicio de los acusados — el exdirector del penal Wilmer López, el encargado de las llaves José Víctor López y otras dos personas — comenzó en enero de 2017. El Ministerio Público los señala responsables de 360 homicidios culposos y 11 casos de violación de deberes de funcionarios.

En 2015, la CIDH expresó su preocupación por la muerte violenta de al menos 12 personas, en marzo de ese mismo año, en las penitenciarías nacionales de San Pedro Sula, Comayagua y Támara (Tegucigalpa)5:

  • El 11 de marzo, tras un intercambio de disparos ocurrido dentro de la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, se reportaron tres muertos y más de treinta heridos, incluyendo a ocho policías militares.

  • El 28 de marzo, durante un enfrentamiento ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, dos reclusos perdieron la vida como consecuencia de impactos de bala.

  • El 29 de marzo, siete internos vinculados a la pandilla “Barrio 18” fueron asesinados: cuatro en la Penitenciaría Nacional de Támara “Marco Aurelio Soto” (Tegucigalpa) y tres en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula. El portavoz de la policía informó que“cuatro miembros de la pandilla 18 fueron estrangulados por sus propios compañeros, porque irrespetaron las normas establecidas entre ellos durante la visita de esposas, novias y familiares6.

Dos jóvenes fallecieron y cuatro resultaron heridos, en enero de 2015, tras un enfrentamiento entre menores reclusos y militares en el centro para menores Renaciendo. Ese mismo mes, las autoridades hallaron dos cuerpos de menores enterrados en una fosa clandestina7.

En agosto de 2015, tres jóvenes privados de libertad murieron por heridas de machete recibidas durante un enfrentamiento entre miembros de pandillas juveniles en el centro para menores Renaciendo (Tegucigalpa)8.


  1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras”, diciembre 2015, p. 216 

  2. El 40% de los reos muertos en incendios están en Honduras” en El Heraldo, 7 abril 2014 

  3. Pasan de 300 los muertos en Honduras por incendio en una cárcel” en CNN, 15 febrero 2012 

  4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., pp. 230-231 

  5. Organización de Estados Americanos, “CIDH deplora muertes violentas en cárceles de Honduras”, 14 abril 2015.  

  6. Pandilleros matan a cuatro compañeros de cárcel en Honduras” en Prensa Libre, 30 marzo 2015 

  7. Honduras: Dos muertos y 4 heridos en Renaciendo” en El Heraldo, 15 enero 2015 

  8. Descuartizan a tres menores del centro Renaciendo” en La Prensa, 24 agosto 2015 

Número de muertes

74

i
10/2013 - 10/2014 - CIDH

El artículo 209-A del Código Penal tipifica el delito de tortura.

Las penas previstas van de diez a quince años si los daños fueren graves y de cinco a diez si no lo fueren. Sin embargo, el Código Penal no establece criterios objetivos para calificar la gravedad del delito. En un informe colectivo enviado al Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos consideran que “el delito de tortura acarrea por sí gravedad y sufrimiento severos, los cuales no admiten jerarquías ni matices, cuando concurren los elementos básicos para determinar la existencia de este delito.”1 En ese mismo informe se señala el hecho de que la tipificación de la tortura dada en el Código Penal sigue sin incluir el fin de intimidar o coaccionar a la víctima.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) recibió, entre junio de 2012 y junio de 2014, 38 denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un estudio realizado por esa misma organización estableció que, entre diciembre de 2013 y octubre de 2014, seis de cada diez personas detenidas en Tegucigalpa y San Pedro Sula habían sido víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, bien sea durante la captura, el traslado a la unidad policial o en la unidad policial. El CPTRT indicó que, de las 253 denuncias de tortura que recibió la Fiscalía de Derechos Humanos, entre 2009 y 2014, solo en un 15 % de los casos presentó acusaciones[cptrt].

El Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario autorizó mediante decreto, en abril de 2014, la creación de centros de detención preventiva en instalaciones militares. Cuatro de ellos están en operación: el Centro Preventivo Los Cobras, el Primer Batallón de Infantería en Comayagüela, el Segundo Batallón de Infantería Especial Táctico en Támara, y el Tercer Batallón de Infantería en Naco, Cortés. El CONAPREV —mecanismo nacional de prevención hondureño— contabilizó 102 personas recluidas en dichos centros en abril de 2015. Se estima que esta cifra ha aumentado significativamente desde entonces.

Una delegación de la CIDH visitó el Escuadrón Cobras de la Policía Nacional a finales de 2014. El centro estaba bajo el mando del Director de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PN-MAS). Días antes de la visita, seis de las catorce personas que estaban recluidas habían sido trasladadas, dado que la capacidad del recinto era de siete personas.

La CIDH constató que “los internos solo tenían derecho a una hora diaria de luz, la cual podían pasar dentro del edificio o afuera en una jaula (literalmente un caja de metal) de 7” 4’x 7” 4’; las bombillas de luz de las celdas permanecían encendidas las 24 horas del día […] los reclusos no tenían derecho a llamadas telefónicas; y que las condiciones sanitarias y de higiene eran deplorables — uno de los detenidos manifestó́ que estuvo con el inodoro desbordado de materia fecal durante diecinueve días y que era frecuente que se inundara el suelo de las celdas2 —. La CIDH concluye, en el informe, que“las condiciones de reclusión presentes en el Centro Preventivo Escuadrón Cobras de la Policía Nacional constituyen de por sí una forma de trato cruel, inhumano y degradante violatoria del artículo 5 de la Convención Americana” y estima que este centro sirve como lugar de castigo o presión contra determinados internos3.

Once internos fueron trasladados, el 9 y 10 de marzo, desde varios centros penales del país al Segundo Batallón de Infantería (San Pedro Sula). Los reclusos denunciaron, ante la CPTRT, haber sido objeto de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, tales como ser rociados con gas pimienta estando dentro de la celda, ser privados de alimentos o forzados por el personal a cantar canciones para niños para poder obtenerlos. Además, relataron que los militares golpeaban los barrotes de las celdas con toletes para impedirles dormir. Estos traslados generaron una crisis penitenciaria que tuvo como consecuencia 13 personas muertas y 56 heridas, además de la militarización de los tres principales centros penitenciarios del país 4.

A pesar de esta creciente militarización de los centros penitenciarios, estos últimos siguen siendo dirigidos por sistemas de “autogobierno” o “gobierno compartido” en los cuales determinados reclusos, llamados “coordinadores”, controlan la vida dentro del penal. Las autoridades no impiden la circulación de armas de grueso calibre, explosivos y otros efectos ilícitos. Muchos de los casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes son infligidos por los mismos reclusos.

L.M., recluido en el centro penal de Danlí, fue víctima de una golpiza el 6 febrero del 2016. Luego de reclamar una llamada telefónica que le estaba autorizada, el custodio Clase I, S.N.V. y ocho reclusos entraron a su celda con bastones y armas de fuego y lo golpearon hasta dejarlo vomitando sangre e inconsciente. Luego de esto, los encargados del centro penal ordenaron que fuese amarrado con aros de presión en los pies y las manos y fue otra vez sometido a una golpiza, en la que le pisaron la cabeza con los pies y le golpearon el abdomen5.


  1. Plataforma EPU Honduras, Informe alternativo de la sociedad hondureña al Comité contra la Tortura de la ONU, julio 2016, p. 9 

  2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras”, diciembre 2015, p. 223 

  3. Ibid. 

  4. Plataforma EPU Honduras, op. cit., p. 23 

  5. Ibid., p. 20